Panamá expulsará a trabajadores chinos tras agresión en obras del Cuarto Puente

El presidente José Raúl Mulino anunció la expulsión de Panamá de los ingenieros chinos involucrados en la agresión contra trabajadores panameños en las obras del Cuarto Puente sobre el Canal, un incidente que elevó la tensión laboral dentro de uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país y que vuelve a colocar bajo escrutinio las operaciones del consorcio chino encargado de la megaobra.

“Quiero dejar en claro que nuestro país es abierto e integrador, pero los extranjeros deben cumplir con la ley panameña, tener permiso de trabajo y respetar nuestros valores y tradiciones”, afirmó Mulino durante una conferencia de prensa. El mandatario agregó que el Gobierno decidió cancelar el estatus migratorio y expulsar de Panamá a los ingenieros involucrados en la agresión registrada en el proyecto.

“Eso no es aceptable y no lo permitiré. El año pasado deportamos a dos ciudadanos venezolanos que agredieron a un trabajador panameño en Capira. Y no me tiembla el pulso para deportar o expulsar a extranjeros que no respeten a Panamá y a sus pueblos”, sostuvo el presidente.

El incidente ocurrió el 22 de mayo debajo de una de las estructuras del proyecto, en el área este de la obra. Según reportes divulgados por sindicatos y trabajadores, un colaborador de nacionalidad china agredió físicamente a un ingeniero panameño durante la jornada laboral.

El hecho provocó fuertes momentos de tensión entre trabajadores panameños y miembros del sindicato presentes en el sitio, quienes reaccionaron molestos por la agresión contra el profesional local. Tras el escándalo, el Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) evacuó al agresor y posteriormente anunció su despido inmediato bajo una política de “cero tolerancia” frente a hechos de violencia.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño, reaccionó el mismo día del incidente y ordenó el envío de inspectores para levantar informes y remitirlos a la Secretaría Judicial.

“No vamos a tolerar actos de violencia, maltrato o atropello contra trabajadores panameños. En Panamá se respeta la dignidad, el esfuerzo y los derechos de nuestra gente. Panamá está abierto a las inversiones, pero jamás a costa del respeto y la dignidad de los panameños”, expresó la ministra.

Muñoz aseguró además que el Ministerio de Trabajo mantendrá vigilancia permanente sobre el proyecto para garantizar el cumplimiento de las normas laborales, el respeto a la mano de obra nacional y condiciones dignas para los trabajadores panameños.

La agresión ocurre en medio de un creciente conflicto laboral alrededor del Cuarto Puente sobre el Canal, una obra adjudicada en 2018 al Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP), integrado por las empresas estatales chinas China Communications Construction Company LTD y China Harbour Engineering Company LTD, responsables del desarrollo de uno de los proyectos de infraestructura más grandes actualmente en ejecución en Panamá.

El proyecto registra actualmente un avance aproximado de 35% y contempla un puente atirantado de 965 metros de longitud, torres de hasta 186 metros de altura, dos viaductos de 2.5 kilómetros y grandes intercambiadores viales que conectarán con el Corredor Norte, la avenida Omar Torrijos, la avenida La Amistad y la carretera Panamericana.

La megaobra, cuyo costo supera los $2,387 millones tras varias adendas y rediseños, busca aliviar la presión vehicular sobre el Puente de las Américas y el Puente Centenario. El Gobierno sostiene que la infraestructura permitirá mejorar la conectividad con Panamá Oeste, una de las zonas con mayor crecimiento poblacional del país.

Sin embargo, durante los últimos meses el consorcio ha enfrentado cuestionamientos por presuntas irregularidades laborales y migratorias. Trabajadores y sindicatos mantienen denuncias relacionadas con supuesta contratación excesiva de personal extranjero en detrimento de la mano de obra panameña, pese a que el Código de Trabajo establece que al menos 90% de los trabajadores deben ser nacionales.

El Consorcio Panamá Cuarto Puente ha enfrentado durante los últimos meses cuestionamientos relacionados con contratación de mano de obra extranjera, condiciones laborales y cumplimiento de las normas migratorias panameñas.

En abril de 2026 la ministra Muñoz realizó una inspección sorpresa junto con funcionarios de Migración y unidades policiales dentro del proyecto. Durante esa diligencia fueron detectados 37 trabajadores extranjeros presuntamente laborando de forma irregular, situación que derivó en sanciones contra el consorcio por presunto trato desigual y fallas relacionadas con seguridad laboral.

El conflicto se produce además en un momento diplomáticamente sensible para las relaciones entre Panamá y China. En las últimas semanas ambos países han buscado reducir tensiones derivadas de la crisis alrededor de los puertos de Balboa y Cristóbal, operados por Panama Ports Company, filial de la hongkonesa CK Hutchison.

La controversia escaló luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato de concesión portuaria, una decisión que generó preocupación sobre el futuro de las inversiones vinculadas a capitales chinos en Panamá.

En ese contexto, la decisión del Gobierno panameño de expulsar a ingenieros extranjeros vinculados con la agresión envía una señal política contundente sobre la postura oficial frente al respeto de las leyes laborales y la protección de los trabajadores nacionales, incluso dentro de proyectos estratégicos desarrollados con inversión extranjera.

Mientras avanzan las investigaciones administrativas y judiciales, el incidente volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la relación entre megaproyectos internacionales, contratación de mano de obra extranjera y cumplimiento de las normas laborales panameñas en obras consideradas clave para el desarrollo del país.