Casi 4 de cada 10 hogares considera que la situación económica del país empeorará en 2026

El nuevo relevamiento del Observatorio de la Deuda Social de la UCA revela que, pese a la baja estadística de la pobreza, persiste un fuerte pesimismo sobre el rumbo del país.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El 46% de los hogares reconoce vivir bajo un cuadro de 'estrés económico (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), titulado “Estabilización, nuevo ciclo y deudas sociales persistentes en una Argentina en transición”, revela un escenario de marcada polarización entre la experiencia presente y las expectativas de corto plazo. Según el relevamiento correspondiente a febrero de 2026, el 39% de los hogares proyecta que la situación económica de la Argentina empeorará en 2026.

Este pesimismo respecto a la marcha general de la economía nacional se agudiza en los sectores más vulnerables. Mientras que en el estrato medio alto el porcentaje de quienes esperan un año peor para el país es del 31,5%, esta cifra asciende al 49,1% en los hogares de nivel socioeconómico muy bajo. No obstante, el informe detecta una brecha significativa entre la percepción macroeconómica y la personal: solo el 20,6% de los encuestados anticipa que su situación económica familiar será peor este año.

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infografia

El diagnóstico de la UCA describe una estructura social “profundamente heterogénea” y “reproductora de desigualdades”. En términos de movilidad intergeneracional, el 43,3% de los argentinos considera que su situación económica actual es peor que la que tuvieron sus padres. Esta percepción de movilidad descendente alcanza al 57,8% en el estrato muy bajo, frente a un 30,8% en los sectores medios-altos.

A pesar de la visión crítica sobre el presente, el informe destaca una expectativa positiva de largo plazo: “Alrededor del 82% cree que sus hijos o nietos tendrán más oportunidades que ellos”. Esta confianza en el futuro es incluso más alta en los sectores populares, llegando al 85,9% en el nivel socioeconómico muy bajo.

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Pobreza y mercado laboral

El reporte analiza la dinámica de la pobreza en un contexto de reformas estructurales que el ODSA-UCA define como un “shock de ajuste”. Si bien se registra una caída en los índices de pobreza monetaria —que pasó del 45% en 2023 al 36,2% en 2025—, el Observatorio advierte que esta mejora responde principalmente a la desaceleración inflacionaria y no a un aumento real del poder adquisitivo o del consumo.

“La estructura social muestra una recuperación estadística de la pobreza, pero sobre una base metodológica frágil y sin mejoras equivalentes en consumo, bienestar ni capital humano”, sostiene el documento. La pobreza continúa afectando de forma desproporcionada a la infancia: en 2025, más del 40% de los menores de entre 13 y 17 años permanece en situación de pobreza monetaria.

El informe de la UCA advierte que, a pesar de la baja estadística en la indigencia, la pobreza monetaria sigue afectando al 36,2% de la población (Reuters)
El informe de la UCA advierte que, a pesar de la baja estadística en la indigencia, la pobreza monetaria sigue afectando al 36,2% de la población (Reuters)

En el ámbito laboral, el informe señala que, aunque la actividad económica creció un 3,5% interanual hacia fines de 2025, este crecimiento no se tradujo en la creación de empleo formal. Los sectores que lideraron la expansión, como la agricultura y la intermediación financiera, tienen una baja demanda de mano de obra. Como contrapartida, el empleo no registrado ganó protagonismo, alcanzando el 45% del total de los ocupados en el tercer trimestre de 2025.

Estrés económico y privaciones

Uno de los puntos más críticos del informe de la UCA es la distinción entre la pobreza medida exclusivamente por ingresos y lo que el Observatorio denomina “estrés económico”. Esta categoría busca capturar la experiencia subjetiva y cotidiana de los hogares argentinos, y los resultados son alarmantes: el 46% de la población manifiesta vivir bajo condiciones de estrés económico, lo que significa que, independientemente de si sus ingresos los sitúan técnicamente por encima de la línea de pobreza, perciben una incapacidad real para cubrir sus necesidades básicas.

El documento deja claro que, a pesar de la desaceleración de la inflación y una leve recomposición nominal de algunos salarios, el sentimiento de privación económica no ha cedido en la misma proporción. De hecho, en el estrato socioeconómico muy bajo, esta percepción de asfixia financiera alcanza a 7 de cada 10 hogares.

Esta situación se traduce en privaciones concretas que afectan la calidad de vida de manera estructural. El informe detalla que, si bien la inseguridad alimentaria registró una baja estadística al 17,8% en 2025, la cifra sigue siendo “críticamente alta” en los sectores más vulnerables, donde el 37% de las familias todavía reporta dificultades graves para acceder a una alimentación adecuada. Según el ODSA-UCA, esto evidencia que “la estabilización macroeconómica no ha llegado aún a las mesas de los sectores que dependen de la economía informal y la asistencia social”.

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En cuanto a la salud, el 32,6% de los hogares presenta algún tipo de privación en el acceso a recursos sanitarios. Esto incluye tanto la imposibilidad de pagar medicamentos como el colapso en la atención del sistema público, que debe absorber a quienes pierden la cobertura de medicina prepaga o de obras sociales por la caída del empleo formal.

Otro indicador de deterioro persistente es el estado de la vivienda. El 55,3% de las unidades domésticas relevadas manifestó la imposibilidad total de realizar arreglos o mejoras necesarias en su infraestructura. El informe subraya que “la vivienda se ha convertido en un capital estancado; las familias priorizan la alimentación por sobre el mantenimiento básico, lo que genera un proceso de degradación del hábitat que será difícil de revertir en el corto plazo”.

Finalmente, el estudio advierte sobre la “privación de futuro” que implica el déficit en el capital humano. El 40% de los adolescentes de entre 13 y 17 años vive en hogares con privaciones múltiples que van más allá del dinero: falta de acceso a servicios básicos, hacinamiento y exclusión digital.

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