Superávit fiscal: los desafíos que enfrenta el Gobierno y con qué vía puede sumar ingresos extra

El superávit fiscal registrado en enero representó un logro del equipo económico liderado por Luis Caputo, aunque los analistas advierten que enfrenta desafíos significativos para sostener el equilibrio de las cuentas públicas y que deberá explorar nuevas alternativas para incrementar los ingresos del Tesoro, en línea con los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Ministerio de Economía informó que en el primer mes de 2026 se alcanzó un excedente primario de $3.125.737 millones y financiero de 1.105.159 millones de pesos. No obstante, Caputo precisó que estos resultados incluyeron ingresos extraordinarios por $1.039.903 millones provenientes de la licitación privada de las centrales hidroeléctricas del Comahue. Sin estos recursos, el superávit primario habría sido de $2.085.834 millones y el superávit financiero apenas de 65.256 millones de pesos.

El balance positivo se logró en un contexto en el que la recaudación evidenció señales de debilidad y el gasto público experimentó recortes en áreas clave. En el corto plazo, el Gobierno deberá enfrentar obstáculos que condicionan el cumplimiento de los objetivos fiscales para el resto del año.

Según la consultora LCG, el Presupuesto 2026 aprobado en el Congreso exige un esfuerzo fiscal mayor al del año anterior. La administración nacional debe afrontar este desafío en un escenario de menores ingresos, atribuible principalmente a la reducción de retenciones y cambios en la coparticipación impositiva. LCG indicó que la baja de retenciones implica una caída de 0,1% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que las modificaciones en los impuestos coparticipados y la reasignación de fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) representan una reducción adicional de 0,38% del PBI.

“La mejora se dio aun cuando los ingresos fiscales cayeron 1% anual real. Los recursos tributarios cayeron 8% anual real, pero fueron compensados por el ingreso extraordinario derivado de la venta de acciones de centrales hidroeléctricas, que explicó por sí solo un tercio del resultado fiscal”, detalla el reporte. No obstante, los analistas advirtieron que estos ingresos son excepcionales y no constituyen una fuente recurrente para los próximos meses. Si el equipo económico no encuentra nuevas vías de financiamiento, la presión sobre el ajuste del gasto se intensificará.

En cuanto a la recaudación, los datos oficiales reflejaron una caída del 1% real anual en los ingresos fiscales y una baja del 8% real anual en los recursos tributarios. LCG remarcó que la dinámica de la actividad económica, fundamental para la recaudación, se mantiene estancada desde mayo del año pasado y que en los últimos meses presentó una tendencia decreciente. Para 2026, las proyecciones anticipan un crecimiento inferior al 3%, lo que limita la posibilidad de una recuperación significativa en los ingresos del Estado.

La estructura del gasto mostró nuevas tensiones. Aunque el gasto primario logró contraerse 1% real anual gracias a recortes en programas sociales y reducción de gastos operativos, las jubilaciones y asignaciones familiares, que se ajustan automáticamente por movilidad, aumentaron en términos reales y sumaron presión sobre el presupuesto. LCG resaltó que los subsidios energéticos crecieron 191% real anual, mientras que el gasto en obra pública retrocedió 36% en el mismo período.

En paralelo, el Gobierno incrementó las transferencias a las provincias, que crecieron 32% real anual durante las negociaciones de las sesiones extraordinarias. A esto se suma el conflicto por el giro de fondos a la Ciudad de Buenos Aires, que no recibió los montos dispuestos por la cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, generando una acumulación de deudas y distorsionando los resultados fiscales publicados.

Según pudo saber Infobae a través del Registro Único de Audiencias, el 5 de febrero se realizó una reunión entre la subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial, Valeria Sánchez, y el ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo, para tratar el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.

La vía de las privatizaciones

Ante la negativa del Poder Ejecutivo a elevar impuestos, la brecha entre menores ingresos y mayores gastos obliga al Ministerio de Economía a buscar alternativas para financiar el déficit sin modificar la carga tributaria. En este contexto, las privatizaciones de empresas estatales emergen como una vía para obtener ingresos adicionales y cumplir con las metas fiscales.

Entre las compañías en análisis, el Ejecutivo concentra su atención en Intercargo y Transener, con el objetivo de avanzar en su privatización y facilitar el proceso para que Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) también pase a formar parte de los activos susceptibles de transferencia al sector privado. Economía estima que la venta de estas empresas podría aportar recursos frescos y contribuir al cumplimiento de los compromisos asumidos ante organismos multilaterales y el mercado.

El proceso de privatización, dirigido por el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, integra un paquete de medidas para fortalecer las cuentas públicas y cumplir las obligaciones contraídas ante organismos internacionales. La expectativa oficial es que la venta de empresas estatales genere ingresos significativos en el corto plazo y reduzca el peso del gasto público en áreas consideradas no prioritarias.

No obstante, el informe de LCG subraya que el margen para nuevos recortes en el gasto resulta limitado, especialmente en rubros como jubilaciones y subsidios energéticos, que ya exhiben incrementos reales frente al año anterior. La consultora recomendó diversificar las fuentes de financiamiento y, en paralelo, monitorear el impacto de la venta de activos en la sostenibilidad fiscal de mediano plazo.

Compromisos con el FMI

Aunque se registró un nuevo resultado favorable, el Gobierno enfrenta la necesidad de renegociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la meta fiscal prevista para este año, considerada difícil de alcanzar, junto con el objetivo de acumulación de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Una delegación técnica del FMI llegó a Buenos Aires para analizar los datos y proyecciones oficiales. El principal interés de los representantes del organismo estuvo en la meta de acumulación de reservas, que Argentina no logró cumplir a fines de 2025 (-USD 2.600 millones), y en la meta fiscal pactada para 2026.

El equipo encabezado por Caputo mantuvo reuniones con los funcionarios del FMI desde el jueves 5 de febrero hasta el jueves de la semana anterior. Según fuentes oficiales, aunque la misión concluyó, las negociaciones seguirán en curso.

Especialistas en economía advirtieron que el objetivo de equilibrio fiscal para 2026, establecido en 2,2% del Producto Interno Bruto (PIB), representa un desafío, dada la baja en la recaudación por la desaceleración de la economía y el escaso margen para recortar el gasto público. En este escenario, la revisión de los acuerdos se convierte en uno de los temas centrales del diálogo entre el Gobierno y el organismo multilateral.

Durante los dos años de gestión, el Gobierno reportó resultados positivos. El ejercicio 2025 terminó con superávit fiscal tanto en el resultado primario como en el financiero. Datos oficiales indican que el saldo primario fue de $11.769.219 millones (1,4% del PIB), y el superávit financiero alcanzó $1.453.819 millones (0,2% del PIB). El anuncio se realizó el viernes y subrayó que es el segundo año consecutivo con balances positivos.