Reforma laboral: qué cambia tras la decisión del Gobierno de eliminar el artículo de licencias médicas

El debate de la reforma laboral en Argentina sumó un nuevo capítulo tras la determinación del Gobierno de retirar del proyecto original el artículo 44, que modificaba el régimen de licencias por enfermedades inculpables. Esta decisión altera el esquema de costos y responsabilidades que el sector empresario esperaba redefinir, manteniendo la vigencia de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) en uno de sus puntos más debatidos por las cámaras patronales y los representantes gremiales.

La modificación propuesta buscaba alterar la naturaleza de los pagos durante los períodos en que un trabajador se encuentra impedido de prestar servicios por razones de salud ajenas al trabajo. Al caerse esta iniciativa, el sistema de seguridad social y las obligaciones directas del empleador permanecen sin los cambios de fondo que habían sido planteados en las mesas de negociación técnica del Consejo de Mayo.

El esquema que quedó en el camino

Con la eliminación del artículo 44 del proyecto original, se descartó una de las modificaciones más profundas al régimen de licencias por enfermedad. La normativa que se pretendía implementar estipulaba que, cuando un trabajador sufría un accidente o enfermedad no relacionada con su empleo, el derecho a percibir su sueldo se vería segmentado según el origen de la afección.

En los casos donde la imposibilidad de trabajar surgía de una acción voluntaria y consciente que implicaba un riesgo para la salud, el trabajador pasaba a percibir el 50% de su salario habitual. Los plazos de cobertura se fijaban en tres meses para quienes no tuvieran personas a cargo, o seis meses para aquellos con familiares legalmente a cargo. Además, la propuesta establecía una restricción para las enfermedades crónicas: solo se consideraba un nuevo episodio, con derecho a cobro, si habían transcurrido más de dos años desde la última manifestación.

Por otro lado, si el accidente o la enfermedad no eran consecuencia de una conducta voluntaria del trabajador, el pago correspondía al 75% del sueldo, manteniendo los mismos plazos según la situación familiar. El texto también blindaba este derecho ante decisiones patronales, determinando que, si el empleador aplicaba suspensiones por motivos económicos o disciplinarios, esto no afectaba la percepción del porcentaje salarial previsto durante el período de convalecencia. Al retirarse este artículo, todos estos porcentajes y plazos diferenciados quedan sin efecto, rigiendo nuevamente el esquema tradicional de pago del 100% del salario.

En la previa de la eliminación del artículo, desde el Ejecutivo se sugirió que estos pagos sean no remunerativos, de modo que el trabajador reciba el 100% del ingreso sin el descuento de cargas. También se propuso mantener la redacción original y, en paralelo, sancionar otra ley con un solo artículo que establezca que, en caso de enfermedades graves, corresponde el pago del 100 por ciento. Por el momento, se desconoce si el oficialismo optará por esta última opción.

La postura de la industria: el análisis de la UIA

La decisión oficial generó repercusiones inmediatas en las cúpulas empresariales. La Unión Industrial Argentina (UIA) había sido una de las entidades que más activamente participó en la elaboración de propuestas para este capítulo de la reforma. La intención de los industriales era avanzar hacia un modelo donde el costo de la enfermedad no recayera de forma exclusiva y total sobre la espalda del empleador privado.

Durante la charla con el equipo de Infobae al Regreso, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, explicó que el debate sobre las licencias médicas “tuvo un tratamiento profundo”, tanto en el Consejo de Mayo como en reuniones con funcionarios. “Nosotros habíamos planteado en algún momento que se pagara el 100% del salario pero no remunerativo, sin cargas, para que el Estado se hiciera cargo”, detalló. Subrayó además que en otros países de la región, en los casos de enfermedades inculpables, en la primera etapa se hace cargo la empresa, pero posteriormente se hace cargo el Estado.

Para la entidad fabril, la actual legislación argentina presenta una asimetría respecto a los sistemas de seguridad social de países vecinos, donde el riesgo de enfermedad es mutualizado a través de fondos estatales o seguros específicos después de un breve período inicial cubierto por la empresa.

Visiones del sector empresario y el factor del “abuso”

La preocupación central de las cámaras no reside únicamente en el aporte patronal, sino en lo que denominan la “industria del ausentismo” y la falta de previsibilidad ante certificados médicos recurrentes.

La idea del sector empresario era que el trabajador cobrara el neto de bolsillo, que la empresa le pagara la obra social y no abonar las cargas sociales por un tiempo determinado. Aunque ese punto beneficiaba al sector, ya que se advierten abusos relacionados con las enfermedades y los certificados, cuando el Gobierno resolvió eliminarlo, no lo consideraron negativo, ya que evalúan la iniciativa en su conjunto.

Esta mirada sugiere que el empresariado está dispuesto a ceder en este punto específico a cambio de que el resto del paquete de reforma laboral avance sin mayores dilaciones en el Congreso. No obstante, alertan que la problemática de los certificados médicos sigue siendo un foco de conflicto que la reforma, en su versión actual, no termina de resolver.

Impacto en las pymes y la litigiosidad

El régimen que continúa vigente establece que el empleador debe abonar el salario completo con todas sus cargas por períodos de tres a seis meses, dependiendo de la antigüedad del trabajador, y hasta doce meses si este tiene cargas de familia. Para una pequeña y mediana empresa, el sostenimiento de un salario sin contraprestación laboral y con el peso de los impuestos al trabajo suele ser señalado como un factor de vulnerabilidad financiera que puede afectar la estabilidad del emprendimiento.

La intención original de la reforma era aliviar esa presión económica. Al eliminarse el carácter no remunerativo de la licencia, la estructura de costos no sufrirá el alivio esperado originalmente por los equipos técnicos. Según especialistas en derecho laboral, este punto era clave para reducir la litigiosidad, ya que muchas veces el desacuerdo sobre la veracidad de una enfermedad o la extensión de una licencia termina en el fuero laboral, generando costos adicionales por indemnizaciones y multas derivadas de la falta de un control estatal más eficiente.

El futuro de la reforma laboral sin el cambio en licencias

Con este punto fuera de la mesa, el Gobierno busca agilizar el tratamiento de los ejes que considera troncales para la reactivación del empleo. A pesar de la decepción inicial en algunos sectores industriales por la continuidad del esquema de licencias médicas, el consenso general en el ámbito corporativo es de cautela. Se entiende que la prioridad oficial es garantizar la aprobación parlamentaria de los puntos que generan mayor consenso técnico y político, evitando batallas laterales que podrían empantanar el debate general de la ley en las comisiones legislativas.

La decisión de retirar el artículo de licencias médicas marca un límite claro en la estrategia oficial para evitar que se interprete la medida como una desfinanciación directa del sistema de seguridad social. El equilibrio entre la baja de costos que reclama la UIA y la sostenibilidad del sistema previsional terminó inclinando la balanza hacia la permanencia del régimen actual.