Prorrogaron la emergencia del sector energético por la situación de las redes de distribución de gas

Luego de cambiar el régimen de subsidios energéticos, el Gobierno dispuso la prórroga de la emergencia del Sector Energético Nacional en lo relacionado con el servicio de distribución de gas, debido a que no se han podido resolver las cuestiones que llevaron a su declaración en un primer momento.

La medida se hizo efectiva mediante la publicación del Decreto 49/2026 en el Boletín Oficial y extiende la declaración de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. La fecha límite anterior era julio de este año.

En línea con los argumentos del Gobierno, la decisión responde a la persistencia de los factores que motivaron la declaración original de emergencia, entre ellos la insuficiente capacidad de transporte para satisfacer la demanda interna y las exportaciones de gas natural, especialmente durante el invierno.

El decreto subraya que aún se encuentran en proceso las obras clave para ampliar la infraestructura, cuyo impacto solo será visible a partir del invierno de 2027. Mientras tanto, la importación de Gas Natural Licuado (GNL) se mantiene como un recurso esencial para garantizar la seguridad energética del país. Según el texto oficial, el abastecimiento a Buenos Aires y el litoral depende “indispensablemente” de la inyección de GNL en los meses fríos, ya que sin ese volumen importado no sería posible satisfacer la demanda residencial ni asegurar el funcionamiento de las centrales térmicas.

El documento menciona que la falta de inversión en la red de transporte es consecuencia, principalmente, de políticas tarifarias que no promovieron el desarrollo de infraestructura. A pesar de la intervención estatal a través de Energía Argentina Sociedad Anónima, que actuó como único importador de GNL, las autoridades señalan que esta medida no brindó soluciones eficientes y generó grandes erogaciones sin mejoras tangibles en el sistema.

En este contexto, el Gobierno prevé otorgar mayor protagonismo al sector privado, permitiendo a nuevos importadores acceder a la infraestructura de regasificación, actualmente limitada a la terminal ubicada en Escobar. El decreto sostiene que la comercialización del GNL deberá concentrarse en un único operador privado, bajo control de la Secretaría de Energía, el Ministerio de Economía y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), hasta la entrada en funciones del nuevo ente regulador conjunto de gas y electricidad.

Cómo es el sistema de tarifas y subsidios energéticos que empezó a regir en enero

El Gobierno puso en marcha este mes un nuevo esquema de subsidios energéticos que, según la proyección oficial, dejará a los usuarios de ingresos bajos frente a incrementos superiores al promedio del sistema.

La estrategia oficial abandona la segmentación tarifaria por ingresos que regía desde 2022. El nuevo régimen, denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), introduce un criterio binario: los usuarios serán beneficiarios o no, sin escalas intermedias. Este mecanismo se implementa a través de un único Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (RESEF), que reemplaza el sistema anterior y reduce la cantidad de categorías y requisitos.

Para ser beneficiarios, los hogares deben acreditar ingresos que no superen tres Canastas Básicas Totales (CBT), según los valores que mide el Indec. Quienes excedan ese límite deberán abonar la tarifa plena, sin ningún tipo de bonificación estatal.

El nuevo esquema también extiende los subsidios a las garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), integrando por primera vez a los hogares sin acceso a la red de gas natural. Así, se amplía la cobertura y se unifican los criterios en todo el país.

A partir de 2027, el volumen de gas subsidiado se limitará al período invernal, de mayo a septiembre. En el resto de los meses, todos los usuarios abonarán el consumo sin subsidios, independientemente de su nivel de ingresos.

Durante el invierno, los hogares de ingresos bajos y medios recibirán un subsidio del 50% sobre el precio del gas en el PIST. En 2026, se suma una bonificación extra de hasta el 25%, que se irá reduciendo de manera escalonada como parte del ajuste tarifario.

El efecto de estas modificaciones será inmediato: las tarifas medias de gas natural aumentarán este año alrededor de un 23% respecto a los valores de 2025. Los usuarios de menores ingresos sentirán el impacto con mayor fuerza, ya que deberán asumir una proporción mayor del costo del gas.

El Estado prevé una reducción en el gasto de subsidios al gas natural de aproximadamente el 44% interanual. Al mismo tiempo, la cobertura de las tarifas sobre el costo real del suministro alcanzaría el 83%. Esto significa que las facturas cubrirán más de cuatro quintas partes del gasto total, disminuyendo la intervención estatal en el sector energético.

El nuevo esquema busca simplificar los procedimientos, reducir el gasto público y acercar el precio final de la energía al costo real, en un contexto en el que la cobertura de los subsidios dejará de depender de la segmentación y se concentrará en los hogares que no superen el umbral de ingresos fijado por el Gobierno.