Tal como había anticipado el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, vía su cuenta de X días antes de que termine el 2025, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el Gobierno implementó una política de ajuste en el sector público que derivó en la eliminación de 60.494 puestos de trabajo.
Ello representa una reducción del 12,1% en la dotación total de personal a noviembre de 2025, según confirmó la cartera mediante un informe dado a conocer este jueves. El Ejecutivo adelantó que la motosierra continuará este año.
El documento difundido precisó que a noviembre de 2025, la reestructuración generó un ahorro estimado de USD 2.444 millones para el Estado, cifra que contempla tanto los recortes en salarios como los costos asociados a infraestructura laboral.
El Ministerio destacó que la reorganización tuvo un impacto particular en la Administración Pública Nacional (APN) y en las empresas estatales.
En el primer caso, la reducción de personal alcanzó el 17,1% (-35.127 puestos), mientras que en las empresas estatales la disminución fue del 19,9% (18.122 puestos). Dentro de la APN centralizada, la baja fue del 24,9%, y en la descentralizada, del 12,8%.
La política de reducción también afectó a los distintos tipos de contratación. La cantidad de empleados de planta permanente y transitoria disminuyó un 11,7%, mientras que el personal contratado según la Ley Marco (Ley 25.164) y los empleados bajo contratos LOYS (monotributistas, Decreto 1109/17) exhibieron caídas del 23,9% y 49,3%, respectivamente.
De acuerdo con los cálculos oficiales, hasta noviembre de 2025, la reducción de personal en el sector público generó un ahorro de USD 1.222 millones en sueldos.
El informe sostiene que el costo total de cada empleado duplica el salario por la incidencia de gastos asociados a la infraestructura laboral, como oficinas, mobiliario, equipos electrónicos y servicios. Esta proyección lleva el ahorro total a los ya mencionados USD 2.444 millones.
En el detalle por modalidad contractual dentro de la Administración Pública Nacional, el ahorro varió según el tipo de relación laboral. El recorte en personal de planta permanente y transitoria generó un ahorro salarial de USD 453 millones y un ahorro total, al sumar infraestructura, de USD 906 millones.
Con los contratos bajo Ley Marco, el ahorro en sueldos fue de USD 240 millones, mientras que el total, considerando los costos adicionales, se ubicó en USD 480 millones. En los contratos LOYS, el ahorro en salarios fue de USD 58 millones y la cifra final, incluyendo infraestructura, ascendió a USD 116 millones.
El ajuste también se extendió a las empresas estatales y al personal militar. Según los datos oficiales, la reducción de puestos en las empresas públicas generó un ahorro salarial de USD 355 millones y un ahorro total de USD 710 millones tras calcular los costos de infraestructura. Para el personal militar, el ahorro en sueldos fue de USD 116 millones, con un total de USD 232 millones al sumar los gastos adicionales.
Al analizar la magnitud de los recortes por organismo —según la forma en que se registran los cargos— se observa que cuatro instituciones redujeron su dotación en un 100%, es decir, dejaron de existir. Se trata del Ente de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y Desarrollo de Capital Humano Ferroviario SAPEM, de acuerdo con un estudio de Nadin Argañaraz.
Le siguieron la Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal con una reducción del 79%, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) con una merma de planta del 51% y la Casa de la Moneda con una del 44 por ciento.
En el otro extremo, las cuatro instituciones que registraron la menor reducción porcentual de cargos fueron el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), con un recorte del 5%; el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicet), con una baja del 7,5%; el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con una reducción del 10,5%; y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que también registró un ajuste del 10,5%.
“La estrategia se profundizará con mayores reducciones de personal y la eliminación de áreas que no cumplan una misión esencial”, anticiparon desde el Ejecutivo.
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