“Rebelión del ticket”: sólo tres provincias aplican el régimen que visibiliza los impuestos y piden sumar a los comercios

A un año y medio de la puesta en marcha del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, la adhesión de las jurisdicciones subnacionales para exhibir impuestos provinciales y municipales en los comprobantes de compra resultó mínima.

Según la información difundida por la ONG Lógica, sólo Chubut, Mendoza y Entre Ríos se incorporaron formalmente al esquema que permite detallar esos tributos en los tickets, aunque en todos los casos la reglamentación todavía quedó pendiente. En ese escenario, la organización lanzó la campaña denominada “Rebelión del ticket”, con un llamado directo a los comercios para que avancen de manera voluntaria en la visibilización de esas cargas fiscales.

El régimen nacional se sancionó en 2024 por impulso de Lógica, una ONG apartidaria dedicada a la generación de conciencia fiscal. La norma estableció la obligación de mostrar en los tickets los tributos nacionales, pero dejó en manos de las provincias la decisión de adherir para sumar los gravámenes de su competencia y los municipales. Transcurrido ese plazo, el balance que presentó la organización mostró una adhesión acotada y una fuerte disparidad territorial.

Además de las tres provincias que se sumaron, Salta, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires figuran en proceso de adhesión, según los datos difundidos por Lógica. El resto de los distritos, un total de dieciocho gobernadores, mantuvo silencio frente a la convocatoria. Para la ONG, esa conducta chocó con el mandato constitucional de brindar “información adecuada y veraz” a los consumidores.

Frente a ese panorama, la institución impulsó una iniciativa que propuso que los comercios comiencen a mostrar de manera voluntaria los impuestos provinciales y municipales en los comprobantes de consumo, sin esperar la adhesión o la reglamentación local. La organización sostuvo que esa práctica resulta viable porque no existen normas provinciales que prohiban expresamente esa exhibición, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado con el IVA, cuya visualización al consumidor final sí contó con vedas y sanciones a nivel nacional.

El presidente de Lógica, Matías Olivero Vila, explicó que la viabilidad de la visibilización voluntaria recibió confirmación desde CABA, Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Mendoza y Misiones, en respuesta a cartas enviadas por la entidad. En esas contestaciones, las jurisdicciones indicaron que no existieron prohibiciones para detallar esos tributos en los tickets. Olivero Vila sostuvo que una eventual prohibición futura generaría un fuerte rechazo social por ir en contra de la Ley del Ticket, de la Constitución y del principio de transparencia hacia el ciudadano.

La campaña tomó como antecedente experiencias concretas dentro del país. En el partido bonaerense de Tres de Febrero, la tasa de seguridad e higiene ya figura de manera voluntaria en los tickets de supermercados, a propuesta del intendente Diego Valenzuela. Allí, el tributo se ubicó en 0,875%, uno de los niveles más bajos según destacó la ONG. Ese ejemplo formó parte del argumento para demostrar que la visibilización resultó posible sin cambios normativos previos.

La experiencia de Brasil

Desde Lógica también señalaron que la exhibición de impuestos provinciales y municipales funciona como una herramienta para frenar aumentos de esas tasas. Olivero Vila citó el caso de Brasil, donde la Ley del Ticket entró en vigencia en 2012. Según su descripción, la publicación de los impuestos en los comprobantes actuó como un límite político para los incrementos, ya que ningún mandatario quiso aparecer asociado a subas impositivas visibles para el consumidor. En ese país, la norma surgió a partir de un reclamo de la sociedad civil y del sector de consumo masivo, y se aplicó pese a la complejidad del sistema tributario.

La organización también recordó un episodio ocurrido en Pilar durante 2024, cuando el municipio creó una tasa ambiental fija de $59 por ticket. En ese contexto, supermercados locales optaron por mostrar el cargo de manera voluntaria en los comprobantes. Funcionarios municipales exigieron que desistieran de esa práctica, pero los comercios mantuvieron la visibilización. Para Lógica, la reacción social que generó ese caso permitió dimensionar el impacto que tendría la exhibición de tasas más elevadas.

En Pilar, según detalló la ONG, a la tasa ambiental se sumaron otros gravámenes: una tasa de seguridad e higiene del 4,5%, un aumento de la tasa ambiental hasta 2%, y ingresos brutos del 5%, lo que configuró una carga total considerable sobre el consumo. Olivero Vila planteó que la exhibición conjunta de esos porcentajes e importes en los tickets generaría un fuerte rechazo ciudadano y volvería políticamente inviable cualquier aumento adicional.

La propuesta de Lógica incluye una implementación gradual en todo el país, con un inicio en las municipalidades con mayor carga impositiva y una extensión progresiva al resto. Según la entidad, la adhesión de un número amplio de comercios diluiría el riesgo de represalias por parte de autoridades locales. La organización destacó que el costo operativo para los vendedores resulta bajo en comparación con el impacto de los aumentos fiscales actuales y futuros.

Olivero Vila afirmó que, a diferencia de otras rebeliones, esta iniciativa no implica desobedecer la ley, sino cumplir con un mandato constitucional y con una norma nacional que, según su visión, algunos gobernadores rechazaron. Desde esa perspectiva, la campaña se presentó como una acción de transparencia fiscal impulsada desde la sociedad civil, en línea con la exhortación del gobierno nacional a reducir la presión impositiva.