Cuál es el artículo clave del Presupuesto que en caso de aprobarse liberará al Gobierno para canjear deuda y estirar vencimientos

Como parte del tratamiento parlamentario del Poryecto de Ley de Presupuesto 2026, Congreso debate en estas horas un cambio central en la normativa sobre administración de deuda pública, que podría modificar el margen de acción del Ministerio de Economía ante los abultados compromisos en moneda extranjera del año próximo. El punto más relevante del proyecto de Ley de Presupuesto 2026 es el artículo que redefine las facultades del Ejecutivo para gestionar pasivos, ampliando las herramientas para enfrentar vencimientos por más de USD 4.200 millones previstos para enero.

El equipo económico conducido por Luis Caputo ve este artículo como una de las llaves principales para encarar los pagos de deuda bajo esquemas más flexibles. La media sanción en la Cámara de Diputados dejó allanado el camino para que el Gobierno obtenga mayores atribuciones en materia de administración de pasivos, dejando atrás las condiciones impuestas por la ley de Administración Financiera, conocida como Ley Guzmán.

El texto que analiza el Senado busca reemplazar los límites vigentes sobre reestructuración de deuda y habilitar un rango más amplio de operaciones financieras, incluyendo canjes, compras, ventas y uso de derivados, tanto en el mercado local como en el internacional. Esta modificación, de aprobarse, permitiría negociar con acreedores y operadores de mercado en mejores condiciones, según la visión del oficialismo.

Un nuevo marco para la administración de pasivos

El artículo 56 del proyecto de Presupuesto 2026 marca un quiebre respecto de la normativa anterior. El texto faculta a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía para “realizar operaciones de administración de pasivos, cualquiera sea el instrumento que las exprese”. Las operaciones pueden comprender compra, venta y canje de instrumentos financieros como bonos, acciones, pases de monedas, tasas de interés, títulos, opciones y derivados, entre otras transacciones habituales del mercado.

La propuesta además permite la utilización de entidades creadas “ad hoc” para ejecutar estas operaciones y excluye a las mismas de las disposiciones del Decreto 1023 sobre contrataciones públicas. Los instrumentos que se adquieran podrán mantenerse en cartera y usarse en futuras operaciones, ampliando el margen de acción del Tesoro.

La administración nacional también queda habilitada para ejercer derechos contractuales en caso de que la contraparte enfrente procesos concursales o de quiebra, sin que apliquen varias restricciones previstas en la Ley de Concursos y Quiebras. El artículo especifica que los gastos e intereses relacionados con estas operaciones deberán registrarse en la Jurisdicción 90 – Servicio de la Deuda Pública.

Diferencias entre la normativa vigente y el proyecto en debate

El régimen actual, plasmado en el artículo 65 de la Ley 24.156, establece: “El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados en los términos de los artículos 62 y 64 mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”.

En contraste, el texto en discusión señala: “Facúltase a la SECRETARÍA DE HACIENDA y a la SECRETARÍA DE FINANZAS ambas del MINISTERIO DE ECONOMÍA para realizar operaciones de administración de pasivos, cualquiera sea el instrumento que las exprese. Estas operaciones podrán incluir la compra, venta, canje de instrumentos financieros, tales como bonos o acciones, pases de monedas, tasas de interés o títulos, la compra y venta de opciones sobre instrumentos financieros y cualquier otra transacción financiera habitual en los mercados de productos derivados”.

La diferencia sustancial reside en que la normativa vigente exige que toda reestructuración implique una mejora objetiva para el Estado, mientras que el nuevo artículo amplía el menú de operaciones y elimina la obligación de un mejoramiento en los términos mencionados. El proyecto también exceptúa a estas operaciones de ciertos controles legales y limita las restricciones presupuestarias, lo que otorga mayor flexibilidad a la administración nacional.

Instrumentos y alternativas para enfrentar los vencimientos

El ministro Luis Caputo y su equipo analizaron el impacto potencial de esta reforma en la gestión de los próximos vencimientos de deuda. El 9 de enero de 2026 vence un pago superior a USD 4.200 millones, de los cuales bonistas privados tienen en su poder unos USD 3.700 millones. Dentro de las alternativas, el Gobierno evalúa canjes, refinanciamientos y la utilización de instrumentos financieros complejos para administrar el perfil de vencimientos sin caer en situaciones de estrés financiero.

En declaraciones recientes, el titular de Economía explicó que los bonos emitidos durante la gestión de Martín Guzmán cotizan a precios bajos en el mercado internacional, lo que se traduce en tasas internas de retorno más altas. Según Caputo, reemplazar bonos viejos por nuevos instrumentos convencionales podría reducir el riesgo país. “Si nosotros pudiéramos reemplazar los bonos viejos por bonos convencionales, el riesgo país, que hoy está en 590, podría estar en 490 sin tener que cambiar nada, simplemente porque cambiaste la estructura de los bonos”, afirmó.

El abanico de opciones presentado incluye la posibilidad de refinanciar la deuda en el mismo día del vencimiento, sumando alternativas como la colocación de nuevos instrumentos, utilización de líneas repo con bancos internacionales –por hasta USD 7.000 millones ofrecidos por distintas entidades– y la activación de swaps con Estados Unidos y China. Caputo remarcó: “Hoy por hoy no es problema el vencimiento del 9 de enero”.

Más recientemente, además, Caputo agregó otra capa al asegurar que prefiere “no depender de Wall Street” para estos procesos.

El contexto parlamentario y las expectativas de mercado

El tratamiento parlamentario del proyecto de Ley de Presupuesto 2026 ocurre tras la media sanción de Diputados y en medio de negociaciones lideradas por la senadora Patricia Bullrich, quien encabeza las gestiones ante la Cámara Alta. El oficialismo considera que la aprobación de la ley sería una señal relevante de gobernabilidad, tras dos años de prórrogas presupuestarias.

El avance del proyecto generó reacciones en los mercados financieros. Tras la aprobación parcial y anuncios económicos recientes, el riesgo país perforó el umbral de los 600 puntos básicos y se ubicó en torno a las 568 unidades según el índice elaborado por JP Morgan. Operadores y analistas observaron una mejora en la cotización de los bonos argentinos en dólares y un repunte de otros instrumentos del Tesoro, como los BONCER de corto plazo.

Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital Group, sostuvo que la aprobación del presupuesto habilitaría al Gobierno a emitir deuda en el exterior, un formato que prefieren los inversores internacionales. Botto identificó como variables clave la compra de dólares del Tesoro, la dinámica del tipo de cambio y la evolución de las tasas, elementos que el mercado sigue de cerca junto con la señal política que representa la sanción de la ley.

Desde Wise Capital remarcaron que si se sostiene el escenario actual, el Tesoro podría recuperar el rollover de su deuda en 2026. La posibilidad de avanzar con emisiones bajo legislación extranjera aparece como una herramienta central en la estrategia de financiamiento.