“No compren en Pilar”: Caputo redobló las críticas por la suba de una tasa municipal que golpea el bolsillo

El ministro de Economía, Luis Caputo, sumó este lunes nuevas críticas a la reciente suba de la Tasa de Protección Ambiental que implementó el municipio de Pilar la semana pasada. La medida motivó un fuerte rechazo en las cadenas de supermercados y reactivó la controversia sobre el efecto de los tributos locales en el precio de los productos.

“No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente. Muy bien la ASU (Asociación de Supermercados Unidos), es lo que hay que hacer: exponerlos. Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y la industria”, escribió el Ministro de Economía en su cuenta oficial de X.

La crítica pública se sumó a las objeciones que la semana pasada ya había presentado Caputo por el mismo medio, ante la decisión del municipio que conduce Federico Achával. “Mientras en La Libertad Avanza trabajamos para bajar impuestos y hacer más competitiva nuestra industria, los intendentes kirchneristas los suben como si nada. No van a aprender nunca. No les interesa la gente. Y encima te quieren vender que su modelo es de desarrollo”, había expresado Caputo.

Tal como anticipó Infobae, el cambio impositivo genera impacto de manera directa en el precio de cada ticket dentro del partido y abarca tanto a supermercados como hipermercados, centros comerciales, hoteles, industrias, empresas de servicios y universidades privadas. El gravamen, que rige desde el 1° de diciembre, dejó el viejo esquema de monto fijo y se reemplazó por una alícuota del 2% sobre el importe neto de IVA en cada compra.

El nuevo régimen tributario se establece a través de la Ordenanza Fiscal e Impositiva N°112/25, que eliminó el sistema de módulos para todas las transacciones realizadas dentro de la jurisdicción municipal desde diciembre. Las cadenas recibieron la notificación y debieron comenzar a ajustar sus sistemas inmediatamente, según el documento oficial difundido a los comercios. La municipalidad dio tiempo hasta el 15 de diciembre para que los sistemas estén adaptados, lo que generó alerta en el sector por los tiempos técnicos y operativos insuficientes para adecuarse.

La percepción del 2% afecta a todo monto de compra y no distingue importes mínimos, motivo que motivó que la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) dirigiera un reclamo urgente a la Secretaría de Hacienda local. La entidad que agrupa a las grandes cadenas advirtió por escrito sobre “graves perjuicios” para los consumidores y apuntó a los problemas operativos por la falta de especificaciones técnicas y reglamentaciones complementarias.

En su carta a la funcionaria Anahí Moretti, la ASU consideró que la medida encarece cada producto vendido bajo la órbita municipal y señaló que el nuevo modelo “se traslada de inmediato al consumidor”. La asociación remarcó la ausencia de un mínimo no imponible, lo que produce un efecto negativo sobre quienes realizan compras de bajo monto, al pagar el recargo sobre cualquier importe.

Según fuentes del supermercadismo, como ya sucedió cuando Pilar aplicó la tasa con un monto fijo (que inicialmente era de $45), difundirán la actualización a los clientes mediante cartelería y comunicación en sucursales. Estos sistemas permiten visibilizar el impacto del tributo justo en el momento de la compra.

De acuerdo con lo transmitido por el sector, la nueva modalidad produce una situación de competencia desleal. La percepción del 2% solo se aplica a supermercados, hipermercados y actividades específicas señaladas en la norma, mientras que otros rubros, como almacenes, casas de electrodomésticos, locales de deporte, pañaleras, bazares, ferreterías, pinturerías, pet shops, jugueterías y carnicerías no imponen ese recargo a los consumidores. Este criterio, advierten, perjudica especialmente la venta de productos de alto valor.

La ASU ejemplificó con una heladera ofertada a $1.500.000, que con la tasa municipal incrementa su precio en casi $25.000 para el comprador. Desde el sector evalúan que este tipo de asimetrías afecta la competitividad y desalienta el consumo de artículos costosos dentro del distrito gravado.

Desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) también reclamaron por el cambio impositivo. En una comunicación reciente, la entidad manifestó “profunda preocupación y rechazo” y advirtió que la medida “impactará directo en el consumidor”.

Las condiciones técnicas para la aplicación de la tasa también resultan motivo de conflicto. La ASU expuso que el municipio informó el fin del sistema por módulos el 3 de diciembre, aunque la nueva tasa regía desde el primer día del mes, decisión que dejó a las cadenas sin margen real para ejecutar los desarrollos operativos necesarios. El proceso de adaptación, según describieron, requiere análisis, aprobación presupuestaria, desarrollo y prueba de sistemas, procesos difíciles de completar en el plazo otorgado por la municipalidad.

El reclamo también denunció que la percepción contradice los principios del Régimen de Transparencia Fiscal, al aplicarse sin brindar información clara al consumidor antes de la operación. La tasa se agrega en la línea de caja, situación que, según la asociación, provoca confusión y posibles reclamos por parte de los compradores.

En el aspecto operativo, la ASU insistió en la necesidad de un período mínimo de tres meses para adaptar íntegramente los sistemas, tiempo que consideran indispensable para cumplir con las exigencias municipales una vez entregadas todas las especificaciones y reglamentos.

Además del impacto en los precios finales, la percepción del 2% genera efectos colaterales sobre la relación con los proveedores locales. Si el municipio mantiene el esquema sin contemplar excepciones para supermercados que actúan como agentes de percepción, las cadenas validan un incremento en los costos de abastecimiento relacionado con empresas radicadas en Pilar, según explicó la entidad en comunicaciones a la intendencia.

En materia de medios de pago electrónicos, la implementación produjo complicaciones adicionales. La ASU planteó que las plataformas de cobro digital, como Modo, calculan los reintegros sobre el total pagado por el cliente, sin discriminar los conceptos específicos. Esta falta de precisión puede traducirse en un diferencial negativo para los supermercados, que igualmente deben transferir el monto total de la percepción al municipio.

Las campañas comerciales también se ven alteradas. Durante diciembre, cuando proliferan promociones de precios fijos o cerrados (como las cajas navideñas), la aplicación del recargo lleva a un desfasaje en el importe que paga el cliente respecto del precio publicado. La ASU señaló situaciones concretas, como una caja navideña de $10.000, que con la percepción aumenta a $10.165,28. Esta diferencia puede motivar cancelaciones o reclamos en la línea de caja.

La ASU indicó, además, que el artículo 323 de la Ordenanza Fiscal se refiere a los servicios vinculados a la tasa, pero el artículo 331 permite el uso de los fondos recaudados como “recursos de Libre Disponibilidad”. Esta disposición amplía los fines posibles para el dinero obtenido a partir del tributo y fue observada por las entidades del sector como un riesgo para la transparencia en la administración de los fondos municipales.