
El proceso de depuración del padrón de subsidios energéticos en Argentina avanza con una nueva etapa que impacta directamente en 2.854 usuarios de countries y barrios cerrados de Córdoba, quienes dejarán de recibir beneficios estatales tras ser identificados como residentes en zonas de alto poder adquisitivo.
Esta medida, impulsada por el Gobierno en el marco del Programa Nacional de Focalización de Subsidios Energéticos, busca fortalecer la equidad y la sostenibilidad fiscal, al tiempo que se proyecta un ahorro conjunto de $3.560 millones tras la recategorización de beneficiarios en Córdoba, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y Puerto Madero.
La decisión de recategorizar a estos usuarios surge de un análisis que emplea herramientas de Sistemas de Información Geográfica (GIS), imágenes satelitales y padrones suministrados por los entes reguladores. Gracias a este cruce inteligente de datos georreferenciados y registros administrativos, se detectaron suministros eléctricos clasificados como N2 y N3 —niveles que corresponden a hogares de ingresos bajos y medios— en urbanizaciones que, según los criterios oficiales, exhiben manifiesta capacidad contributiva. El Gobierno considera que esta situación constituye un error de inclusión en el sistema de subsidios.
Como resultado, todos los usuarios residenciales del Registro del Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) que se encuentren dentro de las urbanizaciones identificadas serán recategorizados como Nivel 1 (Mayores Ingresos). Esta clasificación implica la pérdida del subsidio, en línea con los criterios establecidos para asegurar que la ayuda estatal se destine exclusivamente a quienes realmente la necesitan.
La administración nacional ya había implementado una medida similar en el AMBA y en el barrio porteño de Puerto Madero, donde se recategorizaron más de 15.518 usuarios que percibían subsidios de manera indebida.
Los usuarios afectados por la recategorización en Córdoba tendrán la posibilidad de solicitar una revisión a través de la plataforma de Trámite a Distancia (TAD). No obstante, deberán presentar pruebas que demuestren que la exclusión fue incorrecta, asumiendo la carga de la prueba ante las autoridades.
Nuevo sistema
A partir de 2026, el Gobierno argentino implementará un nuevo esquema de subsidios energéticos que transformará la forma en que los hogares acceden a la asistencia estatal para electricidad, gas natural y garrafas.
El plan, impulsado por la administración de Javier Milei, busca reducir el gasto público en subsidios al 0,5% del PBI —equivalente a USD 3.000 millones— y trasladar una mayor proporción del costo real de la energía a los usuarios, según la información oficial. Esta reforma, que elimina la segmentación vigente y unifica los programas existentes, apunta a consolidar la disciplina fiscal y transparentar los precios, mientras se focaliza la ayuda en los sectores más vulnerables.
La transición hacia el nuevo régimen será gradual. En enero de 2026, los beneficiarios recibirán una bonificación extraordinaria del 25% adicional, lo que elevará la cobertura al 75% en electricidad y al 25% en gas durante ese mes. Este plus se reducirá progresivamente hasta desaparecer en diciembre de ese año, con el objetivo de evitar aumentos abruptos en las facturas durante los meses de mayor consumo. Según la Secretaría de Energía, la cobertura prevista permitirá que los hogares paguen, en promedio, el 76% del costo eléctrico y el 79% del costo del gas. El Gobierno proyecta que el 80% de los hogares de menores ingresos abonarán menos de 34.000 pesos mensuales por gas en el mes más frío, y el 87% de ese segmento menos de 38.000 pesos por electricidad en el pico estacional.
El acceso al subsidio quedará restringido a quienes tengan ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), es decir, $3.641.397 mensuales. Este umbral es más estricto que el actual y se mantendrán exclusiones patrimoniales: no podrán acceder quienes posean embarcaciones o propiedades adicionales. La revisión de padrones permitió detectar y corregir 2.590.000 casos de usuarios que recibían subsidios sin cumplir los requisitos, entre ellos 370.000 solicitudes a nombre de personas fallecidas y 15.518 hogares en barrios privados que accedían de forma ilegítima al beneficio. El Ejecutivo remarcó que el nuevo sistema busca eliminar distorsiones y privilegiar la eficiencia distributiva, destinando los recursos a quienes realmente los necesitan.
El esquema unificado reemplazará la segmentación por niveles (N1, N2 y N3) y los programas separados, como el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas, para establecer solo dos categorías: hogares que recibirán asistencia estatal y hogares que afrontarán el costo pleno de la energía.
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