El gobierno de Javier Milei cuestionó el proyecto impulsado por una legisladora kirchnerista para aplicar un impuesto sobre la emisión de gas metano de las vacas. El secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, sostuvo que la iniciativa es “tirarse un tiro en el pie” y advirtió que la industria ganadera y cárnica constituye un motor clave para la generación de empleo y divisas en Argentina.
En declaraciones radiales, Lavigne señaló que la creación de “impuestos, tasas o tasitas” solo agrega incertidumbre para los productores y atenta contra el desarrollo del sector. Además, afirmó que la propuesta tiene un propósito contrario a la alta demanda de carne que existe actualmente en el mundo. El funcionario defendió el perfil ambiental argentino, remarcando que el país es carbono neutral y podría emitir bonos de carbono.
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“Están al revés de lo que se intenta hacer. El mundo hoy tiene un déficit brutal de carne y Argentina se puede posicionar como uno de los grandes productores y exportadores de este tipo de bienes. Sería absurdo. Además, el país es carbono neutral y puede hasta emitir bonos de carbono. Argentina ‘descarboniza’, por decirlo así, en temas agregados. Me parece que es un sinsentido. Va contra la exportación y contra la producción”, sentenció.
La controversia comenzó luego de que la legisladora Lucía Klug presentara un proyecto para establecer la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA), con el objetivo de aplicar un gravamen a las emisiones originadas por la actividad ganadera y canalizar los recursos recaudados hacia la mejora de la gestión de residuos urbanos. El sector respondió de inmediato con críticas, señalando que la medida implicaría mayores costos y carece de sustento técnico.
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La iniciativa fue impulsada por la diputada de Unión por la Patria (UxP) y referente de Juan Grabois. El proyecto se apoya en el principio de Responsabilidad Extendida del Productor y contempla la creación de un fondo fiduciario. A través de este instrumento se buscaría compensar el metano generado por la ganadería mediante la reducción de emisiones lograda a partir de una gestión adecuada de los residuos sólidos urbanos, conforme establece la Ley N° 13.592 sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).
El texto argumenta que la propuesta responde a la “imperiosa necesidad de enfrentar los desafíos del cambio climático y sus efectos, particularmente en lo que respecta a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)”.
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El Inventario de GEI de la Argentina muestra que la provincia de Buenos Aires es una de las mayores emisoras del país, aportando cerca del 25% del total de gases de efecto invernadero a nivel nacional.
En la composición de las emisiones provinciales, el metano (CH4) representa el 27%, con la ganadería como responsable del 19% de esas emisiones y la gestión de residuos sólidos urbanos del 6%.
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En Infobae en Vivo, Klug remarcó que la problemática se debate ampliamente en foros internacionales y cuenta con el respaldo de estudios científicos. Señaló que “el metano es la cuarta emisión antropogénica más relevante y genera una problemática ambiental creciente”.
“El debate es complejo porque no estamos frente a una emisión ‘artificial’, sino ante procesos que, aunque naturales, se ven potenciados por la producción ganadera, que además es la base de alimentación de la mayoría de la población. Ahí aparece una tensión permanente entre el derecho a la alimentación y una producción que también tiene impactos ambientales negativos”, explicó.
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“Lo que buscamos es promover mecanismos de responsabilidad extendida del productor, que ya se aplican en numerosos sectores. La lógica es simple: aquello que producís y ponés en el mercado, si genera un impacto, tiene que ir acompañado de medidas para mitigarlo. Eso puede tomar la forma de una tasa, sí, pero también de otras acciones que reduzcan emisiones. Y existen muchos ejemplos. Uno muy exitoso es el de un feedlot en Coronel Rosales —una de las actividades que más gases genera— que logró reconvertirse en una planta de biogás", indicó Klug.
Según el proyecto, la ganadería contribuye a las emisiones de metano principalmente a través de la fermentación entérica y el manejo de estiércol, mientras que los rellenos sanitarios y los basurales a cielo abierto también representan fuentes significativas de este gas. El texto establece que “son sujetos obligados de la presente ley las entidades legalmente responsables de las empresas del sector ganadero asentadas en la provincia de Buenos Aires”.
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En tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, intervino en el debate desde su cuenta de X con un mensaje dirigido a la oposición: “Lo único que saben hacer es subir impuestos y aún así tienen déficit”.

Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) salieron al cruce de la propuesta kirchnerista. “Ante la intención de crear una Tasa Ambiental sobre el Metano (TAMBA) en la Provincia de Buenos Aires, desde CARBAP manifestamos nuestro absoluto rechazo a un proyecto que lejos de aportar soluciones, vuelve a cargar sobre los productores un costo sin sentido ni sustento técnico”, manifestó la entidad.
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“La ganadería bonaerense ya sostiene una de las presiones impositivas más altas del país. Sumar una tasa al ‘metano de las vacas’ no reduce emisiones, reduce producción, competitividad y empleo. Desde CARBAP defendemos políticas públicas serias, basadas en datos, diálogo y conocimiento. No aceptaremos más cargas que castiguen al sector que produce alimentos, genera trabajo y sostiene las economías de nuestras comunidades rurales”, sumaron.
Por su parte, el presidente de la entidad, Ignacio Kovarsky, advirtió que el proyecto de Klug “no es una ley ambiental, es un impuesto encubierto al trabajo rural. La TAMBA no mejora el ambiente ni reduce emisiones. Solo agrega otro costo a un sector que ya sostiene una carga impositiva record”. El proyecto, agregó Kovarsky en otro posteo, “no corrige nada: penaliza al que produce y premia al que regula sin saber”.
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