Accidentes laborales: la mitad de las demandas se presentan fuera de plazo pero son aceptadas en las provincias

Un informe sobre el sistema de riesgos de trabajo elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa),destacó que aproximadamente la mitad de las demandas por accidentes laborales en el ámbito provincial se presentan fuera de plazo, y aun así los juzgados las aceptan.

Según cifras oficiales difundidas en el reporte, al 23 de noviembre de 2025, la tasa de siniestralidad laboral bajó de 68 a 33 siniestros cada mil trabajadores en los últimos veinte años. Pero la litigiosidad laboral creció de modo exponencial: el promedio ascendió de 1 a 13 juicios por cada mil trabajadores en el mismo período.

El problema radica en que, en una primera instancia, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) confirmó que cerca de ocho de cada diez casos elevados a juicio habían sido considerados no laborales o laborales sin incapacidad en las comisiones médicas. Pero más tarde, en los juzgados provinciales, los peritos oficiales recalificaron estos expedientes y establecieron incapacidades laborales promedio del 13%.

Pero no solo existen diferencias severas entre provincias, sino incluso entre juzgados dentro del mismo territorio. “Estos son indicios sólidos de que los peritos médicos aplican criterios subjetivos para evaluar el daño laboral”, puntualizaron.

El diagnóstico impacta directamente en las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) por la heterogeneidad y arbitrariedad en la actualización de los montos de los juicios, y los incumplimientos de los plazos de caducidad. Las sentencias varían: algunos jueces actualizan indemnizaciones mediante índice salarial, otros aplican tasas de interés y otros combinan ambos con adicionales diversos. Lo que fue advertido por la Superintendencia de Seguros de la Nación que destacó que, este tipo de procedimientos impacta sobre la solvencia del sistema.

El peso económico

Para IDESA, a agosto de 2025, la alícuota promedio de las ART se ubicó en 2,9% del salario, y el flujo de juicios superó las 10.000 demandas mensuales. Con los siguientes costos derivados: el gasto directo por juicios consume 0,6% del salario; los honorarios de abogados y peritos representan 0,1% adicional; y los costos administrativos e impositivos dentro de las ART suman 0,3%. La suma de todos estos factores equivale a un tercio de la alícuota del seguro.

El informe advierte que la cantidad de juicios, a esa fecha, alcanzó 126.000 demandas, lo que supone un incremento frente a las 120.000 iniciadas un año antes y sobrepasa las 80.000 de tres años atrás. Las proyecciones confirmaron que el sistema, lejos de estabilizarse, acompañó una tendencia ascendente y sostenida y que las ART, frente a ese aumento, operan en un escenario de crisis sistémica.

Las distorsiones en la cuantificación del daño por parte de los médicos periciales se suman a la falta de uniformidad en los criterios que utilizan los jueces para actualizar los créditos laborales. Según Idesa, tal dispersión hace “imposible que el seguro funcione”. “El riesgo de trabajo pasa a ser no asegurable y es inviable la subsistencia de las ART. Sin seguro de riesgos del trabajo, el problema pasa de manera directa a los empleadores”, marcaron.

Reforma laboral con las provincias

La solución, apuntan en Idesa, pasa por dotar de objetividad y racionalidad a las pericias médicas provinciales. Para ello, proponen constituir un cuerpo médico forense en las justicias provinciales que no realice nuevas evaluaciones, sino que revise las valoraciones efectuadas por la comisión médica de la SRT. Recomienda también que la actualización de créditos laborales respete el Código Civil y Comercial, sin permitir la capitalización de intereses que hoy algunos juzgados aplican.

Desde el punto de vista de la financiación, el sistema no logra compensar el incremento de litigiosidad mediante el aumento de las alícuotas. El año anterior el porcentaje se encontraba en 2,6% del salario, al mes de agosto de 2025 escaló a 2,9%. Aun con ese ajuste, el sistema continúa perdiendo solidez financiera, ya que los gastos judiciales y extrajudiciales erosionan la solvencia.

Y si bien la Superintendencia de Seguros de la Nación implementó una inhibición general de bienes a Galeno ART, dejan en claro que el problema no se limita a un puñado de compañías, sino que “afecta a todas las ART” por igual. Esta dinámica deriva en un sistema atacado de manera sistémica por la litigiosidad masiva. Existen, a la vez, efectos colaterales: el empleo de criterios subjetivos y dispares disminuye la previsibilidad, eleva los costos administrativos y dificulta la administración del seguro tanto desde el Estado como desde el sector privado.

Y sugieren que para resolver la crisis, la reforma laboral que presente el Gobierno debe contemplar un acuerdo con las provincias para uniformar criterios en las justicias provinciales y, de este modo, recuperar estabilidad financiera y previsibilidad normativa. Señala también la urgencia en regular el rol de los peritos médicos, la necesidad de respetar los plazos de caducidad y la conveniencia de establecer parámetros claros de actualización en los montos de los créditos laborales.

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