Crecen las importaciones de cerdo de Brasil y la mitad es bondiola: el impacto en la producción local

En el sector porcino muestra preocupación por el fuerte aumento de las importaciones de carne de cerdo durante septiembre, que alcanzaron los 125 millones de dólares y 4.600 toneladas. A su vez, manifiestan rechazo por la competencia desleal.

Según advirtió la Federación Porcina Argentina (FPA), el 97,8% de la carne importada provino de Brasil, y la mitad correspondió a bondiola, uno de los cortes más populares en las mesas argentinas.

En términos equivalentes, las 2.000 toneladas de bondiola de origen brasileño representan 2 millones de kilos de carne porcina, o unos 500.000 capones, el mismo volumen que se produce localmente en un mes.

“Este ingreso masivo duplicó la oferta de bondiola en el mercado, afectando los precios y la rentabilidad de toda la cadena, en especial a los despostadores y distribuidores, que además de comercializar enfrentan una competencia creciente de productos importados de menor calidad, que viene congelada y contiene agua, lo que afecta la percepción del consumidor y la imagen del producto porcino en general”, expresaron desde la FPA.

La situación se agrava por la “competencia desleal” derivada del uso de ractopamina, que, según señala FPA, es un promotor de crecimiento que aumenta la productividad en un 6% y que está prohibido en más de 160 países, incluida la Argentina.

“Mientras nuestros productores sostienen un modelo natural y sustentable, deben competir en su propio mercado con productos más baratos elaborados bajo condiciones productivas no permitidas en el país”, asegura la entidad.

Las inversiones de la cadena porcina

Para la FPA, la cadena porcina argentina atraviesa una etapa decisiva. El Plan Estratégico Porcino (PEP) prevé inversiones por más de USD 1.600 millones hasta 2032, con el objetivo de duplicar la producción, crear más empleo y sumar divisas genuinas.

En la actualidad, la actividad mueve más de USD 4.000 millones al año, genera alrededor de 72.000 puestos de trabajo directos e indirectos y registra un consumo per cápita superior a los 18 kilos anuales, con un crecimiento sostenido de entre 4 y 5% por año en la última década.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destacó que el consumo aparente de carne porcina llegó a 573.000 toneladas en los primeros 8 meses del año, lo que implica un crecimiento interanual del 8,5%. Este resultado refuerza la posición del cerdo como la tercera fuente de proteína animal más consumida en el país.

Sin embargo, en FPA creen que hay trabajas estructurales para el desarrollo del sector.

En primer lugar, mencionan el régimen actual de IVA que, en los hechos, funciona como un “impuesto a la inversión”: los productores venden con una alícuota del 10,5%, pero compran insumos y bienes de capital con el 21%.

Señalan que el resultado son saldos fiscales inmovilizados y un sobrecosto cercano al 19%, que desalienta proyectos productivos y encarece cualquier inversión, desde genética hasta tecnología.

Asimismo, reclaman la falta de líneas de financiamiento adecuadas para la dinámica del sector. La actividad porcina requiere plazos largos, períodos de gracia y tasas compatibles con su ciclo biológico, condiciones que hoy la oferta financiera local no contempla.

“A esto se suma la demora en la firma del protocolo sanitario con China, que permitiría exportar subproductos como patitas, cabezas y menudencias. Estos productos, con escaso valor en el mercado interno, podrían exportarse a precios dos o tres veces superiores, mejorando la integración de la media res y generando nuevas divisas”, agregaron.

“Hace años que pedimos que nos saquen el pie de encima. No queremos beneficios especiales, queremos reglas que nos permitan invertir, producir más y competir en igualdad de condiciones. Para eso, necesitamos que el Estado sea un aliado de la producción, no un obstáculo”, señaló Agustin Seijas, director ejecutivo de la Federación Porcina Argentina.

El sector también pidió avanzar con un plan de erradicación de la enfermedad de Aujeszky, en colaboración con la autoridad sanitaria para la adecuación de las normativas vigentes con financiamiento propio, que aún espera la aprobación definitiva.