En otro capítulo del extenso juicio por la expropiación de YPF, por el que el Estado argentino fue condenado en primera instancia a pagar más de USD 16.000 millones, la jueza Loretta Preska determinó que el país deberá entregar las comunicaciones oficiales (chats y mails) realizadas en dispositivos personales de funcionarios de esta administración y la anterior.
Y fijó un tiempo para hacerlo: hasta fin de mes. En concreto se refiere a comunicaciones de los dos últimos ministros de Economía: Sergio Massa, de la última parte de la gestión de Alberto Fernández; y el actual, Luis Caputo.
El Estado había solicitado no entregarlos, alegando que no tenía forma de recolectarlos y de que eran temas personales de los funcionarios, pero la jueza negó el pedido y ahora, de manera verbal, ordenó la entrega en una audiencia con los estudios que representan al país y a Burford Capital, el fondo que compró los derechos de litigio en esta causa y es el principal beneficiario del fallo en primera instancia que, por los intereses, ya supera los USD 18.000 millones.
Dentro de dos semanas, se realizará la primera presentación por la apelación de esa causa “madre”, el fallo original de la sentencia que luego dio lugar a otros reclamos, como la entrega de las acciones de la petrolera y el “discovery” para demostrar “alter ego” –que son lo mismo– entre el Estado y la petrolera (la orden de entrada de estas comunicaciones se da en este último capítulo de la causa).
“Verbalmente, Preska obligó a Argentina a entregar whatsapps, mails, etc, el 30 de octubre, todo lo que es off-channel communications, es decir, todas las decisiones, comunicados, actos gubernamentales relacionados y realizados por funcionarios argentinos. Argentina dice no son elementos oficiales, pero la jueza ordenó que los consiga y los entregue de cualquier manera antes de que termine el mes”, destacó Sebastián Maril, de Latam Advisors.
“Incluso, por lo que se puede inferir del texto oficial que se transcribió de la audiencia, la magistrada dice que si no se cumple la orden podría dictar desacato”, agregó.
A fines de julio, Preska le había ordenado al Estado argentino que entregue un importante cúmulo de información sobre actuales y ex funcionarios. Entre ellos Caputo y Massa.
Se trata de un conjunto amplio de datos que abarca mensajes personales, correos electrónicos oficiales y privados, además de contenidos de aplicaciones como WhatsApp. Entre la documentación también figura información del Banco Central. El procedimiento se desarrolla en el marco del proceso conocido como “discovery” del alter ego, destinado a probar que el Estado y la petrolera actúan como una misma entidad.
Audiencia
En la audiencia de ayer estuvieron presentes los estudios de los demandantes (Levine Lee, King & Spalding y Kellogg, Hansen, Todd, Figel & Frederick) y de la Argentina (Sullivan & Cromwell.)
Preska insistió con que Argentina tenía que pedirles a los funcionarios que colaboren entregando las comunicaciones oficiales realizadas en dispositivos personales y el abogado Giuffra, de la defensa, le dijo que según la interpretación del artículo 14 de la Constitución Argentina, incluso solicitar esa cooperación sería considerado coercitivo.
Preska ya había dicho que piensa que no es así y lo reiteró. La demanda cree que el único objetivo de su contraparte es demorar el proceso.
Durante la audiencia, se discutió la evidencia presentada por los demandantes, incluyendo entrevistas y registros donde el presidente argentino, el ministro de economía y el titular del BCRA reconocen comunicarse por chats no oficiales. Giuffra no negó explícitamente el uso de canales alternativos, pero sostuvo que, en términos generales, los asuntos oficiales se conducen por vías oficiales.
Por eso reafirmó si postura y fijó fecha. En ese contexto habló de posibles sanciones procesales. Otra vez el fantasma del desacato sobrevuela a la Argentina y a este extenso y oneroso proceso judicial en EEUU.
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