Inminente definición por la orden judicial de entregar acciones de YPF: qué podría pasar si la Argentina cae en desacato en EEUU

El juicio por la expropiación de YPF lleva 10 años de trámite en el tribunal de la jueza Loretta Preska, a cargo del estrado del Segundo Circuito de Nueva York. Aún lejos de la definición final y se complejiza cada vez más.

Preska ya condenó en primera instancia al Estado argentino a pagar USD 16.000 millones por haber expropiado mal la petrolera en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta. Los intereses corren desde entonces y esa cifra ya aumentó en unos USD 2.000 millones. Son USD 18.000 millones de una acreencia extra, “inesperada” e imposible de pagar para una país al que, además, le cuesta horrores sumar reservas al Banco Central.

Ese fallo “madre” fue apelado y tendrá la primera audiencia recién a fines de octubre, luego de las elecciones legislativas nacionales.

Mientras tanto, Burford Capital, el principal beneficiario del caso, interpuso una serie de acciones en el tribunal de Preska, para presionar al país y forzarlo a negociar, algo que Argentina se niega a hacer desde hace una década.

En ese sentido, ese bufete que cotiza en Londres y Wall Street y compró los derechos de litigio en esta demanda, trata de demostrar la condición de “alter ego” del Estado y la petrolera. Esto es, que son “lo mismo” y no existe independencia entre la compañía y el poder político, al igual que pasaría con otras compañías y organismos, desde Enarsa hasta el Banco Central. El objetivo final de esa búsqueda, algo legalmente muy difícil de demostrar, es “hacer ruido”. Para eso, por caso, pidió acceder a correos electrónicos, chats y otros documentos de Luis Caputo y Sergio Massa, los dos últimos ministros de Economía del país.

También pidió, directamente, que les transfieran las acciones que tiene el Estado argentino en la petrolera (51%).

En este último punto, el turnover accionario, habrá novedades en las próximas horas, el martes. Preska, que parece estar algo cansada de las estrategias de defensa local –dilatoria al extremo, cree– y así lo explicita en sus escritos y fallos cada vez que puede. Ya determinó que las acciones deben ser entregadas. Argentina apeló y sobre esa decisión habrá novedades el 25 de septiembre cuando se presentan los escritos argumentales de las partes.

Burford quiere cobrar o negociar. Argentina seguirá sin sentarse con este litigation funder inglés –que por su accionar muchos comparan con un fondo buitre–, según juran en la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN). El organismo que lleva adelante la defensa del Estado ya cambió de cabeza en lo que va de la gestión de Javier Milei y que ahora es dirigido por Santiago Castro Videla.

En el capítulo de entrega de acciones, el país pidió un stay: suspender la acción hasta que se defina la apelación. Pero como permite el proceso en EEUU, Preska podría exigir embargos o la entrega accionaria incluso con la apelación pendiente. Argentina quiere asegurarse de que eso no ocurra, pero sin poner garantías. Algo así como una apelación “en descubierto”. Burford quiere todo lo contrario. Preska, también.

Qué podría pasar el martes

Estas son los principales caminos que podría tomar la Corte de Apelaciones de Segundo Circuito la semana próxima:

1. No concede la suspensión y confirma la orden de la jueza Preska.
2. Concede una suspensión con garantías distintas a las acciones de YPF.
3. Concede la suspensión a Argentina.

Si ocurre alguno de los primeros dos puntos, es casi un hecho que Argentina apelará a la Corte Suprema de Estados Unidos. Es una medida que los expertos definen como “poco habitual” por tratarse de un tema administrativo, pero el Estado estaría dispuesto a solicitarla, según fuentes consultadas por este medio. Burford dirá que Argentina sólo quiere seguir demorando y Preska seguramente esté de acuerdo con eso, aunque seguramente esperará la decisión de la instancia máxima de la justicia de EEUU. Por el tipo de trámite es muy posible que el tribunal superior decida rápido: en general, son casos en los que decide no intervenir y, por lo tanto, queda vigente la decisión de la Cámara de Apelaciones.

Si el fallo es negativo (las opciones 1 o 2 mencionadas arriba), se mantiene firme y Argentina no responde, incurrirá en desacato.

Si es positivo para el país (3) se suspenderá la resolución final sobre la entrega de las acciones un par de meses, hasta septiembre, cuando la Cámara decida sobre si es procedente o no la orden de turnover de Preska.

¿Y si el país entra en desacato?

Fuentes allegadas al caso aseguraron que “los demandantes ya han declarado en sus escritos que no pretenden convertirse en una empresa petrolera y que Argentina puede optar por otras garantías, pero que en ningún caso puede seguir utilizando tácticas para retrasar el pago”.

“Creo que el momento de las garantías ya pasó; Argentina lo dejó pasar. Dudo que Burford acepte otras garantías, además de las acciones, mientras Argentina apela, van a querer cobrar. Y es muy probable que si todo es contrario y Burford pide desacato, Preska se lo conceda. Sería estar en desacato con la principal corte financiera, no es menor. El daño ya está hecho, pero el demandante puede pedir más cosas. Las consecuencias pueden ser grandes”, detalló Sebastián Maril, de Latam Advisors.

Tres fuentes vinculadas al caso consultadas por este medio creen que Burford pedirá que la Argentina sea declarada en desacato. ¿Qué podría pasar en ese contexto? Los caminos son innumerables.

“La última vez que Argentina entró en desacato, en 2014, Paul Singer pidió una multa de USD 50.000 por día y el fallecido juez Thomas Griesa la concedió. MNL Capital pidió eso que es poco y luego quedó en la nada, pero el pedido esta vez podría ser más mucho más alto”, detalló Maril.

Burford, que no habla de su estrategia –y no hizo nunca declaraciones periodísticas públicas sobre el caso– podría pedir “de todo”. Además, está las consecuencias obvias de estar “peleado” con uno de los principales tribunales financieros del mundo, como complicaciones para emitir deuda o las dudas que generará en empresas que analizan invertir en el país, todo en un momento en el que la gestión de Milei mira al exterior a la espera de que lleguen dólares.

En ese contexto, el demandante podría pedir un abanico de medidas, pero resta saber hasta dónde quiere llegar y tensar la cuerda con Argentina.

Podría trabar emisiones de deuda y, según un allegado a la causa, hasta pedir que los funcionarios del Gobierno no puedan ingresar a EEUU. O, directamente, que se revoque la visa de ingreso a todos los argentinos. “Eso sería demasiado, no va a pasar. Y, además, la jueza tendría que concederlo. Pero eso significa estar en desacato con una corte de ese calibre”, dijo la fuente.

Hasta la última instancia

En el Gobierno aseguran que se ejercerá el derecho a la defensa hasta que no existan instancia y hablan de “hermetismo total” para este caso. No quiere más filtraciones, como las que denunció semanas atrás la PTN, donde se echó a más de 60 funcionarios y hasta se habló de venta de información a los demandantes.

Burford contrató a un ex banquero de Wall Street, Gerardo “Gerry” Mato, y su equipo para que intente llevar a la mesa de discusión a los funcionarios de Milei. Mato tiene un vínculo cercano con el ministro de Economía, Luis Caputo y la mayoría de los integrantes del equipo económico, a quienes conoce desde que todos se desempeñaban en el mercado financiero en Nueva York. No sólo eso: sus contactos exceden a esta administración y fue parte de reestructuraciones de deuda y otras gestiones durante los últimos cuatro gobiernos. Mato logró reunirse con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y no mucho más. No trascendió de qué hablaron en la Casa Rosada, en octubre del año pasado. “Reunión de cortesía”, figura en los registros oficiales. Es imposible que el caso YPF, el más grande y costoso que enfrenta Argentina –y el más importante de la historia para un país soberano en un tribunal de EEUU– no haya estado en la charla.

“Conviene negociar cuanto antes. Con el paso de los días, el interés crece. Sin embargo, Argentina sigue utilizando la misma estrategia litigiosa: demoras, demoras y más demoras”, dijeron el viernes fuentes allegadas al caso.

“No se trata de una cuestión de si Argentina debe cumplir con su obligación con los accionistas. Eso fue claramente abordado por los tribunales estadounidenses, incluso mediante sus reiterados rechazos a solicitudes frívolas de desestimación del caso por parte del Gobierno argentino y de organizaciones no gubernamentales, como Republic Action for Argentina. Ahora se trata de un escenario de ‘cómo’: ¿cómo pagará Argentina? La transferencia de acciones de YPF es un ejemplo, pero, por supuesto, existen alternativas, como bonos soberanos u otros valores negociables”, agregaron con pedido de estricta reserva de identidad.

Burford debe pensar parecido, a pesar de que como la PTN, mantiene por ahora un hermetismo total. No es para menos: hay USD 18.000 millones en juego.