El Gobierno extenderá la concesión de las hidroeléctricas del Comahue y prepara licitaciones por las que espera USD 500 millones

La continuación de los contratos vigentes será al menos hasta el 30 de noviembre, previo a la nueva privatización. La Secretaría de Energía trabaja en los pliegos para adjudicar las centrales hidroeléctricas por otros 30 años

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La extensión de los contratos
La extensión de los contratos vigentes será al menos hasta el 30 de noviembre, previo a la nueva privatización de la concesión

El Gobierno de Javier Milei extenderá hasta fin de año las concesiones vigentes de las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue, ubicadas sobre el río Limay entre Neuquén y Río Negro. La medida se oficializará en las próximas horas a través del Boletín Oficial, antes del lunes 11 de agosto, al cumplirse dos años del vencimiento de los contratos originales establecidos en la década de 1990.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado que podrían ingresar al Tesoro entre USD 400 y USD 500 millones por la licitación de las represas, pero por ahora no hubo novedades sobre el llamado a licitación ni la publicación del detalle de los pliegos.

Las represas involucradas son Alicurá, El Chocón y Arroyito, Cerros Colorados y Planicie Banderita y Piedra del Águila. Se encuentran actualmente bajo la gestión de AES, Enel, Aconcagua y Central Puerto, respectivamente. Las privatizaciones son parte del ingreso de dólares que espera el Gobierno para sumar reservas al Banco Central de la República Argentina (BCRA), según explicó Caputo.

Las actuales concesiones serán extendidas al menos hasta el 30 de noviembre, según dijo a Infobae una fuente oficial. Será el paso previo al llamado a licitación y la publicación de los pliegos, movimientos para los que todavía no hay fecha establecida.

El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado que podrían ingresar al Tesoro entre USD 400 y USD 500 millones por la licitación de las represas (REUTERS)

Sería la séptima extensión consecutiva sobre el vencimiento de los contratos originales firmados en la privatización de 1993. La primera extensión la otorgó la entonces secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, mediante la resolución 574 del 10 de julio de 2023, y la última tuvo lugar en agosto del año pasado, bajo la gestión de Eduardo Rodríguez Chirillo.

La iniciativa del Gobierno nacional encontró resistencia de parte de las provincias, que reclaman que las represas se encuentran en su territorio y que les corresponde una mayor participación en su futuro. Ambos gobiernos provinciales advirtieron en su momento que no habían sido consultados sobre el proceso licitatorio y buscaron acordar un nuevo marco de administración conjunto con Nación.

La negociación entre Nación y Neuquén y Río Negro se destrabó con un acuerdo político que, entre otros puntos, permitirá que las dos provincias cobren un canon del 1% por el uso del agua (cada una), según informó Econojournal.

Ambos mandatarios enfatizaron que el uso del agua con fines hidroeléctricos no puede quedar únicamente en manos del Gobierno nacional o de inversores privados. También reclamaron que se tenga en cuenta el canon por uso del recurso, algo que no figura en las actuales concesiones y que representa una de las exigencias principales en las nuevas condiciones de adjudicación.

El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía, trabaja en los pliegos licitatorios que definirán las condiciones de adjudicación de las represas por un período de 30 años. Según fuentes del Ministerio de Economía, se buscará mantener el carácter de concesión privada con control estatal, replicando modelos aplicados en los noventa.

En total la potencia nominal
En total la potencia nominal instalada entre todas las centrales es de unos 4.170 megawatts (EFE)

El nuevo esquema incluiría la venta de las acciones que hoy pertenecen a empresas privadas a nuevos operadores o consorcios, en un proceso de venta pública que se estima podría concluir antes de la finalización de las concesiones vigentes. La transición requerirá de una coordinación técnica entre las actuales y futuras operadoras para asegurar la continuidad del servicio eléctrico y la administración de caudales.

Desde la Secretaría de Energía también evalúan la posibilidad de redefinir las condiciones ambientales y de control sobre las concesiones, integrando criterios de sostenibilidad en el nuevo marco regulatorio. Esto incluiría mecanismos de evaluación del impacto ambiental, regulación de niveles de embalses y mecanismos de compensación a las provincias por posibles externalidades.

Las centrales fueron concesionadas por 30 años en 1993 durante la presidencia de Carlos Menem, hasta agosto de 2023, con la posibilidad de prorrogar los contratos por un año más. Desde entonces hubo una prórroga transitoria para las operadoras que en agosto de 2024 extendió por hasta un año más y vence este año.

En total la potencia nominal instalada entre todas las centrales es de unos 4.170 megawatts (MW), que representan en torno al 10% y 15% de la matriz energética nacional. Desde este año comenzarán a vencer otras 15 represas concesionadas que, aunque son de menor caudal de generación, se espera que corran la misma suerte que las del Comahue.

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