El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó este martes, durante su participación en el streaming Carajo, que podrían ingresar al Tesoro entre USD 400 y USD 500 millones por la licitación de las represas del Comahue, cuya concesión actual regía desde los ’90 y vence a mediados de agosto. El Gobierno publicará en los próximos días los pliegos para vender el paquete accionario y avanzar en la privatización, según pudo saber Infobae.
Las represas involucradas son Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, distribuidas entre las provincias de Neuquén y Río Negro. Se encuentran actualmente bajo la gestión de AES, Enel, Aconcagua y Central Puerto, respectivamente. Las privatizaciones son parte del ingreso de dólares que espera el Gobierno para sumar reservas al Banco Central de la República Argentina (BCRA), según explicó Caputo.
La iniciativa del Gobierno nacional encontró resistencia de parte de las provincias, que reclaman que las represas se encuentran en su territorio y que les corresponde una mayor participación en su futuro. Ambos gobiernos provinciales advirtieron en su momento que no habían sido consultados sobre el proceso licitatorio y buscaron acordar un nuevo marco de administración conjunto con Nación.
“La negociación final entre Nación y las gobernaciones de Neuquén y Río Negro para allanar el proceso de reprivatización de las cinco represas del Comahue, ubicadas en los ríos Limay y Neuquén, finalmente se destrabó con un acuerdo político que, entre otros puntos, permitirá que las dos provincias cobren un canon del 1% por el uso del agua (cada una)”, informó el portal especializado Econojournal.
Ambos mandatarios enfatizaron que el uso del agua con fines hidroeléctricos no puede quedar únicamente en manos del Gobierno nacional o de inversores privados. También reclamaron que se tenga en cuenta el canon por uso del recurso, algo que no figura en las actuales concesiones y que representa una de las exigencias principales en las nuevas condiciones de adjudicación.
El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía, trabaja en los pliegos licitatorios que definirán las condiciones de adjudicación de las represas por un período de 30 años. Según fuentes del Ministerio de Economía, se buscará mantener el carácter de concesión privada con control estatal, replicando modelos aplicados en los noventa.
El nuevo esquema incluiría la venta de las acciones que hoy pertenecen a empresas privadas a nuevos operadores o consorcios, en un proceso de venta pública que se estima podría concluir antes de la finalización de las actuales concesiones, el próximo 11 de agosto. La transición requerirá de una coordinación técnica entre las actuales y futuras operadoras para asegurar la continuidad del servicio eléctrico y la administración de caudales.
Desde la Secretaría de Energía también evalúan la posibilidad de redefinir las condiciones ambientales y de control sobre las concesiones, integrando criterios de sostenibilidad en el nuevo marco regulatorio. Esto incluiría mecanismos de evaluación del impacto ambiental, regulación de niveles de embalses y mecanismos de compensación a las provincias por posibles externalidades.
Las centrales fueron concesionadas por 30 años en 1993 durante la presidencia de Carlos Menem, hasta agosto de 2023, con la posibilidad de prorrogar los contratos por un año más. Desde entonces hubo una prórroga transitoria para las operadoras que en agosto de 2024 extendió por hasta un año más y vence este año.
En total la potencia nominal instalada entre todas las centrales es de unos USD 4.170 megawatts (MW), que representan en torno al 10% y 15% de la matriz energética nacional. Desde este año comenzarán a vencer otras 15 represas concesionadas que, aunque son de menor caudal de generación, se espera que corran la misma suerte que las del Comahue.
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