Avanza la privatización de Transener, la principal transportadora de electricidad del país de la cual el estado es socia junto a Pampa Energía.
Después de la aprobación de la Ley de Bases, que autorizó la privatización de Enarsa, la empresa de energía del Estado y accionista de la transportadora eléctrica, se aprobó el formato de la venta (licitación pública nacional e internacional) y ahora se espera la resolución de la autoridad de aplicación, el ministerio de Economía, la secretaría de Energía y dependencias, que instruirá a llevar adelante la privatización a todas las áreas que deban estar involucradas en tareas preliminares (valuaciones, pliegos, confección de data room, etc.).
En esa etapa del proceso se está en este momento y se espera una definición en los próximos días en el Boletín Oficial. Ese proceso seguramente lo llevará adelante la subsecretaría Eléctrica con la intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que será la encargada de coordinar el proceso. Luego podría haber una segunda resolución que apruebe pliegos y llame formalmente a la licitación (si es internacional habrá un mínimo de 40 días para presentar ofertas).
El Gobierno espera que el proceso finalice en unos 8 meses.
Teniendo en cuenta la capitalización bursátil de la compañía y que Enarsa posee un más cuarto de la participación, el Gobierno espera recibir al menos unos USD 200 millones. Con la próxima revisión de tarifas y si la macroeconomía se mantiene estable, esperan, podrían elevar ese monto.
El Estado posee el 26,32% de Transener de manera indirecta, a través de la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa), que a su vez es dueña del 50% de la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec), la sociedad controlante de la transportista, junto con Pampa Energía, la empresa fundada por Marcelo Mindlin. El resto de la participación accionaria se reparte entre la Anses (19,57%) y el capital que cotiza en la Bolsa porteña (27,79%).
A fines de abril de este año, el Gobierno había oficializado la autorización para poner en marcha la privatización total de Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) en un proceso que se dará por etapas, con el desprendimiento de cada una de las 15 unidades de negocio. El primer paso fue la venta de las acciones de la empresa estatal en Citelec, controlante de Transener, la principal transportadora de electricidad de la Argentina.
La medida quedó formalizada mediante el Decreto 286/2025, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei. Los pasos siguientes serán el encargo de una valuación y la posterior publicación de los pliegos. Hay optimismo del Gobierno para que el proceso termine antes de que termine el año.
Citelec posee el 52,65% del capital accionario de Transener, incluyendo la totalidad de las acciones clase A (51%) y un 1,65% de las acciones clase B. A través de esta participación, el Estado tiene control sobre una empresa clave en el sistema eléctrico nacional, responsable de operar más de 14.000 kilómetros de líneas de alta tensión, lo que equivale al 85% del sistema de transporte eléctrico en Argentina.
La norma estableció que la venta se realizará mediante un concurso público de alcance nacional e internacional. La idea es fijar un precio base para la licitación y hubo muchas empresas que ya mostraron interés por el negocio de Transener. La opción de licitar parte del paquete accionario no sería la mejor opción en este caso, según la visión oficial.
La operación no incluirá un programa de propiedad participada ni otorgará preferencias a empleados o provincias, lo que marca un contraste con la experiencia anterior que se dio en los noventa. Pampa Energía, dueña de las acciones restantes de Citelec, no tendrá prioridad en este caso, explican en despachos oficiales.
Citelec también participa como accionista minoritaria en Transener Internacional Ltda. y Transba S.A., otras dos firmas del sector eléctrico. El Ministerio de Economía, junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, será responsable de llevar adelante el proceso, incluyendo la redacción de los pliegos licitatorios que deberán garantizar el cumplimiento de las limitaciones previstas en el artículo 31 de la Ley 24.065, que establece restricciones a la integración vertical en el sector eléctrico. Ninguna empresa generadora, como Pampa, puede tener también el control total de una transportista.
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