En el marco del ajuste a las dependencias estatales y en medio de la controversia por el Día del Empleado Público, el Gobierno anunció que, durante los primeros 18 meses de su mandato, recortó 50.591 empleos públicos. Como resultado, se alcanzó un ahorro anual de USD 2.000 millones.
“Sigue la motosierra. Recordemos que cada peso que ahorra el Estado es un peso menos de impuestos que pagamos los ciudadanos. Ya vamos por un ahorro anual de USD 2.000 millones. Por eso la motosierra es tan popular”, dijo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
En diciembre de 2023, previo a la llegada del gobierno libertario, la Administración Pública contaba con 205.550 empleados, mientras que las empresas estatales con 91.166. Esas cifras se redujeron a 177.444 y 76.230, respectivamente, en abril (último dato disponible).
Respecto a ese ahorro de USD 2.000 millones, en el informe previo, fuentes oficiales habían detallado: “Se estima, con amplio consenso, que el costo total de cada empleado duplica su salario debido a gastos en infraestructura laboral, tales como el espacio de oficina, mobiliario, equipos electrónicos, suministros y servicios varios”.
Asimismo, recientemente Sturzenegger se refirió al tema y aseguró: “Nosotros hasta ahora hemos recortado 50.000 empleados públicos, y eso no ha resultado en una merma en los servicios, muchos eran ñoquis o gente que hacía cosas que la sociedad no valoraba”.
Como ejemplo de gasto innecesario, señaló que el INTA tenía 3.000 vehículos para 6.000 empleados y un presupuesto de $400.000 millones. Y que el Senasa tenía 700 camionetas. “Hay áreas que tienen más secretarios que varios ministerios. Son cosas que se hicieron para generar puestos y generar caja”, señaló.
El recorte significativo en la planta de personal, que incluye despidos y no renovación de contratos en la Administración Pública Nacional (APN) y las empresas estatales, tiene un objetivo definido: achicar el gasto público y afianzar el superávit fiscal.
En líneas generales, la meta de superávit proyectada por el Gobierno para este año es más ambiciosa que la estipulada en el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que se prevé que los objetivos trimestrales reflejen esa reducción del gasto a lo largo del año.
Esto responde a que, el mismo día en que se formalizó el acuerdo con el organismo, el equipo económico consideró que la meta fijada en los documentos del programa –un superávit primario de 1,3% del PBI, equivalente a unos 6,3 billones de pesos– no alcanzaba para garantizar la estabilidad macroeconómica frente a posibles shocks internacionales. Por ese motivo, se ajustó al alza hasta 1,6% del PBI, lo que representa unos 7,7 billones de pesos.
Por otro lado, este miércoles el Ejecutivo anunció que eliminará la jornada no laborable correspondiente al Día del Empleado Público, que tradicionalmente se celebra cada 27 de junio en Argentina.
La decisión afecta a todos los trabajadores de la Administración Pública Nacional y se basa en la visión de que “el Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del sector privado no tiene o carece”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Y agregó: “Teniendo en cuenta, por supuesto, que ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes de este país”.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) criticaron la medida del Ejecutivo que deja sin un fin de semana largo a los empleados públicos. Rodolfo Aguiar, el secretario general, utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo a la medida y cuestionar la legalidad de la acción tomada por la gestión libertaria.
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