En medio de la tensión entre las provincias y Nación por los recursos, Córdoba va a Wall Street a buscar USD 800 millones

El regreso de la Argentina a Wall Street para emitir deuda del sector público no se daría a través del Gobierno nacional sino de una provincia: Córdoba prepara una emisión de USD 800 millones en el mercado internacional y una recompra de sus propios bonos, en medio de un clima de tensión entre los gobernadores y la Casa Rosada por la falta de recursos.

Según hizo saber la provincia que gobierna Martín Llaryora al mercado a través de un aviso de suscripción, el título que pondrá a consideración de los inversores será un bono en dólares con vencimiento en julio de 2032. Tendrá un tope de USD 800 millones y el gobierno cordobés planteó un período de recepción de ofertas entre este lunes y el próximo jueves.

La tasa de interés será determinada según el resultado de la licitación. Una incógnita está puesta en cuál será el costo que tendría que pagar una provincia para emitir deuda en Wall Street al considerar que el riesgo país argentino volvió, en los últimos días, a superar los 700 puntos. Según trascendidos de mercado, podría estar en torno de 9,5% anual. El ministro de Economía provincial, Guillermo Acosta, se encuentra esta semana en Nueva York supervisando el cierre de la operación.

Según anunció el gobierno cordobés, los dólares que consiga en la operación serán destinados a realizar una recompra de su propia deuda para aliviar el calendario de vencimientos próximo. Este año Córdoba pagará 311 millones de dólares, mientras que en 2026 ascendería a USD 351 millones, a USD 279 millones en 2027 y USD 248 millones en 2028, según cálculos de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Desde principios de este año, una serie de provincias mantuvieron contactos con inversores del exterior y comenzaron el proceso de autorización en sus legislaturas locales para preparar el terreno a una salida a Wall Street. En esa lista se anotaron, además de Córdoba que será la punta de lanza, la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Neuquén, las que con mayor o menor profundidad, exploraron qué condiciones podrían tener en el caso de colocar bonos en dólares bajo ley extranjera.

En el Gobierno nacional tienen conocimiento de que hay jurisdicciones subnacionales con esta intención y advierten que una salida al mercado “debe estar justificado en una macro sólida”, dijo hace algunas semanas el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, consultado al respecto. Además, pidió que las gobernaciones no lo utilicen para financiar gasto, sino proyectos de obras y que “hagan su propio ajuste del gasto” para equilibrar sus cuentas antes de buscar salida al mercado.

La Casa Rosada debe autorizar este tipo de operaciones. En marzo habilitó avales para que las provincias puedan endeudarse con acreedores de organismos multilaterales, pero para la emisión de bonos bajo ley extranjera la dinámica es distinta. La Ley de Responsabilidad Fiscal establece un techo de 15% del peso de los servicios de deuda en comparación con sus ingresos totales.

Santa Fe esperará a tener las dos autorizaciones, local y nacional, para embarcarse en road shows con inversores internacionales, y creen que al Gobierno nacional le convendrá que haya provincias que salgan primero al mercado a ver qué apetito hay para financiar al sector público argentino.

Fuentes de la administración porteña, por su parte, mencionaron que la Ciudad prefirió esperar una caída mayor del riesgo país antes de embarcarse en una emisión para refinanciar sus vencimientos, que rondarán los 300 millones de dólares anuales entre este año y 2027.

Esto sucede en un contexto de tensión entre los gobernadores y la Casa Rosada por los recursos. Los mandatarios presentaron un proyecto consensuado para implementar un reparto federal automático de los Aportes del Tesoro Nacional, que están establecidos en la Ley de Coparticipación.

Según la norma, el 1% de la masa coparticipable bruta se destina a un fondo destinado a “atender situaciones de emergencia y/o desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales”. Los ATN son administrados por el Gobierno nacional con “un criterio de distribución discrecional y no automática fijada por guarismos específicos”, explicó un informe la consultora Politikón Chaco. Según ese trabajo, “la conformación del fondo ATN es automática, pero su distribución se realiza de modo discrecional por la autoridad de turno”.

En el período 2017-2024, los remanentes del fondo ATN sin ejecutar alcanzan los $4,3 billones a precios constantes de mayo. Politikón Chaco precisó que, considerando solo el período de la actual gestión de gobierno, esos remanentes suman $1,2 billones a precios actuales: $0,9 billones en 2024 y $0,3 billones en el parcial de 2025. Esa suma representa “el 30% de un mes promedio de transferencias automáticas del período 2024-2025”.

De acuerdo con el informe, durante la actual administración nacional “los ATN no llegaron a la totalidad de los distritos, sino, hasta el momento, a dieciséis”. Entre los que no captaron esos recursos figuran la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. En contrapartida, las provincias que más ATN recibieron desde diciembre fueron Misiones, con el 12,3% del total; Salta, con el 11,9%; y Neuquén, con el 11,5%. También se destacan Tucumán, Chubut, Santa Fe y Buenos Aires. Chaco y Corrientes figuran al final de la tabla entre los distritos que sí recibieron fondos.

Al aplicar la fórmula de reparto propuesta por los gobernadores para el período enero-mayo de 2025, Politikón Chaco estima que deberían haberse repartido $214.949 millones (a precios corrientes), en lugar de los $80.500 millones que efectivamente se distribuyeron. “Hay cuatro provincias que recibieron más de lo que les correspondería según ese esquema”, señala el informe: Salta, Santa Cruz, Chubut y Neuquén. El resto de las jurisdicciones quedó por debajo de la asignación teórica.