La Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia) alertó por el ingreso diario de 550.000 huevos a territorio nacional en condiciones de contrabando. Según la entidad, la mercadería proviene mayoritariamente de Brasil, Bolivia y Paraguay, y comenzó a detectarse un aumento sostenido desde hace aproximadamente dos meses. La preocupación involucra no solo al plano económico, sino también al sanitario y social.
De acuerdo con Capia, el fenómeno se agrava en un contexto de pérdida de competitividad para los productores locales, especialmente los pequeños y medianos. El presidente de la entidad, Javier Prida, sostuvo que si bien el Ministerio de Seguridad realiza operativos, los recursos actuales no son suficientes y el sistema se encuentra desbordado. Por eso, desde el sector reclaman redoblar esfuerzos y abrir una mesa de diálogo entre actores políticos y empresariales para abordar el problema de manera coordinada.
Uno de los elementos que permitió detectar la magnitud del contrabando fue el tipo de envase utilizado. El ingreso de productos en esas condiciones implica una vulneración directa de las fronteras. Desde Capia aseguran que hay “una perforación manifiesta”, ante la cual las autoridades fronterizas estarían adoptando una postura pasiva. “Miran para otro lado”.
La circulación de decenas de camiones que cruzan hacia el país con cargamentos no habilitados genera preocupación en el sector formal, que debe cumplir con normativas estrictas para mantener la actividad.
El ingreso de huevos ilegales impacta de forma directa en el mercado interno. Mientras que el maple de huevos producido en el país tiene un valor promedio de $8.000, el contrabandeado se comercializa alrededor de 5.000 pesos.
La mercadería extranjera elude impuestos, controles bromatológicos y costos laborales, entre otros factores. Esa situación genera una competencia desleal que afecta sobre todo a los productores de menor escala, que operan con márgenes ajustados.
El fenómeno se produce en un momento de dificultades para el sector avícola, afectado por el aumento de costos operativos, la caída del consumo y la apreciación del tipo de cambio oficial. La pérdida de competitividad se ve amplificada cuando el mercado se ve inundado por productos que no están alcanzados por las mismas regulaciones que los nacionales.
A las consecuencias económicas se suman los riesgos sanitarios. Desde Capia advirtieron que los huevos ingresados por contrabando no tienen el status sanitario que se exige para la comercialización formal en Argentina. Esa falta de garantías impide que puedan atravesar la frontera por vías legales. Por eso, ingresan de manera irregular, sin certificaciones, sin trazabilidad y sin control de enfermedades.
En ese punto, la entidad remarcó que el Senasa —el organismo responsable de la sanidad agroalimentaria— no cuenta con poder de policía para fiscalizar los puntos de venta. Su competencia se limita al tránsito y a los controles en frontera. Por esa razón, los servicios de bromatología provinciales y municipales son los que deberían actuar para evitar que esos productos lleguen al consumidor final.
Provincias más afectadas y dinámica del ingreso
Las provincias más afectadas por esta situación son las que comparten frontera con países limítrofes. Corrientes, Salta, Formosa y Misiones aparecen como los principales puntos de comercialización de huevos ilegales.
Allí, según la cámara, el fenómeno está extendido y existen canales de distribución paralelos que abastecen a comercios locales. La informalidad se instala como práctica habitual, sin controles efectivos ni sanciones disuasivas.
Capia planteó que esta situación no es exclusiva del sector avícola. De hecho, aseguran que el contrabando afecta también a rubros como alimentos, bebidas, electrodomésticos e indumentaria. La pérdida de competitividad del aparato productivo local frente a la presión de productos ilegales constituye una preocupación generalizada entre cámaras empresarias.
En este marco, los productores exigen respuestas institucionales y acelerar la intervención de autoridades nacionales y provinciales en las zonas más comprometidas.
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