Jubilados, bajo la lupa: qué analiza el Gobierno para cumplir con la reforma previsional que exige el FMI

Luego del pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno analiza una reforma previsional en un contexto de crisis del sistema. El fin de la moratoria, a partir de la cual accedieron a una jubilación más de 580.000 personas en el último plan, va en esa línea. Un informe oficial indica cuáles son los puntos sobre los que se hace hincapié para evaluar modificaciones.

La reforma parecía algo que no estaba en los planes del Ejecutivo hace dos meses, cuando el ex titular de ANSES, Mariano de los Heros, fue despedido tras afirmar que “el que no llega a los 30 años de aportes, no tiene derecho a la jubilación” y manifestar como cierta la posibilidad de incluir en un hipotético proyecto la creación de una Prestación de Retiro Proporcional.

En ese marco, el presidente Javier Milei afirmó: “La reforma previsional no puede pensarse si antes no se arregla la cuestión laboral. Tengo el 40% del segmento de la mano de obra en el sector informal. Es un disparate, primero tengo que corregir los desequilibrios que nos dejó el kirchnerismo cuando nos robaron las jubilaciones”.

Por caso, según el último dato del Indec, al cuarto trimestre de 2024, la informalidad alcanzó al 42% de la población ocupada, presentando un incremento frente al 41,4% del mismo período de 2023. Los más afectados son las mujeres y los jóvenes menores de 29 años.

Pero el acuerdo con el FMI, vinculado a la meta fiscal, incluye el pedido de cambios en el sistema previsional. La titular del organismo, Kristalina Georgieva, dijo recientemente: “Partiendo del compromiso de las autoridades con un objetivo de déficit cero y de su trayectoria de lograr el primer superávit fiscal en casi dos décadas, el programa se centra en fortalecer la calidad y la sostenibilidad del ancla fiscal. Esto se sustentará en una disciplina continua del gasto, medidas de eficiencia y reformas bien secuenciadas de los sistemas tributario, de coparticipación de ingresos y de pensiones. Se seguirán realizando esfuerzos para proporcionar suficiente margen fiscal para la asistencia social prioritaria y el gasto prioritario en infraestructura”.

En el Palacio de Hacienda no hicieron comentarios sobre el tema, aclarando que las posibles medidas que circularon en las últimas semanas son todas versiones y que se anunciará llegado el momento. El FMI puso como fecha límite para que eso suceda diciembre de 2026.

Mientras tanto, el informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante el Congreso señala “la sostenibilidad del sistema previsional es un desafío global, atravesado por fenómenos como el envejecimiento poblacional, la informalidad laboral y los cambios en las trayectorias laborales de los trabajadores”.

“En este contexto, y con la firme decisión de alcanzar un sistema financieramente sostenible, el Gobierno Nacional está llevando adelante un diagnóstico exhaustivo que contempla tanto el análisis demográfico y financiero del sistema, como el relevamiento de experiencias internacionales que puedan servir como guía analizar pasos a seguir”, indica.

El documento sostiene que el trabajo técnico es fundamental para comprender la situación actual y evaluar, en una etapa posterior, posibles ajustes o reformas. Por el momento, apuntan que no se ha definido ninguna línea concreta de acción, ya que “cualquier propuesta debe sustentarse en un análisis riguroso que garantice decisiones responsables, con perspectiva de largo plazo y sin comprometer los principios fundamentales del sistema ni el equilibrio fiscal”.

Añadieron que “es importante señalar que todas las medidas de orden fiscal, estabilización macroeconómica y recuperación de la confianza que está llevando adelante el Gobierno Nacional están orientadas a crear las condiciones necesarias para dinamizar la actividad productiva, fomentar la inversión y, en consecuencia, generar más y mejores puestos de trabajo registrados, lo que redundará en el fortalecimiento del sistema previsional”.

Otra cuestión que pone en jaque el sistema es la caída de la natalidad y el consecuente envejecimiento previsional. De acuerdo a los últimos datos disponibles, en 2023 hubo 460.902 nacimientos, 315.000 menos que el pico de 2014. Al mismo tiempo, la cantidad de hijos promedio por mujer bajó de 2,4 en ese año a 1,4.

Fin de la moratoria

Por otro lado, el Gobierno decidió recientemente determinar el fin de la moratoria previsional, que ayudaba a jubilarse a quienes no hayan cumplido todo los años de aportes, teniendo en cuenta la predominancia de la economía “en negro”. En 2024, 313.950 personas recurrieron a este esquema para poder jubilarse de un total de 427.505.

En dicho informe, Francos sostuvo que “la decisión de no renovar el régimen de moratoria previsional debe comprenderse dentro de un marco más amplio de revisión estructural del sistema de seguridad social”.

Además, el Ministerio de Capital Humano informó que “la modalidad de activos del Plan de Pago de Deuda Previsional (PPDP), es decir, la posibilidad de regularizar años de aportes para las personas que están a menos de diez años de la edad jubilatoria, continúa vigente. Las personas que tengan 65 años o más y no reúnan los 30 años de aportes necesarios pueden acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)”.

Desde su creación, hace dos años, accedieron a un beneficio previsional 580.623 personas, de las cuales el 62% son mujeres y el 38% son varones

Asimismo, “se informa que el control socioeconómico de la PUAM permite tener ingresos, consumos y un patrimonio muy por encima de la situación de indigencia. De hecho, más del 85% de las personas solicitantes superan dicho control. Finalmente, se informa que a marzo de 2025 perciben la PUAM 203.521 personas”, detalla.

En la práctica, esta forma eleva a 65 años la edad de jubilación para las mujeres que no hayan completado los años de aporte.