El Gobierno nacional oficializó la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, del Ministerio de Economía. La gestión de los programas y proyectos que dependían de esta cartera pasarán a estar en manos de la Secretaría de Obras Públicas.
Tal como había adelantado Infobae, desde principios de febrero, el Ejecutivo analizaba la posibilidad de cerrar esta área del Gabinete económico. Ahora, la decisión se concretó mediante la publicación del decreto 70/2025, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial.
De esta manera, la estructura organizativa del Ministerio de Economía quedó conformada por 14 secretarías y 31 subsecretarías.
Con esta reorganización del equipo de la cartera ministerial, el Gobierno readecuó los objetivos de varias dependencias. Según lo dispuesto, la Secretaría de Obras Públicas absorberá parte de las funciones de lo que fue Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda.
En ese sentido, son ahora objetivos de Obras Públicas, los siguientes:
- Entender en todo lo relativo a la finalización, cierre y trasferencia de programas y proyectos en materia de desarrollo territorial, hábitat y vivienda.
- Asistir al Ministro, en orden a sus competencias, en todo lo inherente a las políticas de integración socio-urbana, así como entender en el diseño de estrategias, planes y programas en el ámbito de su competencia.
- Dirigir la formulación, elaboración y ejecución de la política nacional en todas las materias relacionadas con la integración socio-urbana, atendiendo a las diversidades, demandas y modos de habitar de las diferentes regiones del país.
- Entender en el diseño de proyectos de conservación, preservación, mantenimiento, construcción y reciclaje tanto edilicios como de infraestructura y espacio público, y de obras específicas solicitadas por los organismos o reparticiones del Estado nacional.
- Entender, articulando con los organismos nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con competencia en la materia, en el relevamiento de suelos vacantes o disponibles, como así también en la actualización, adecuación, homogenización de los sistemas de inventario de los mismos y en la definición e implementación de criterios, metodologías, herramientas y plataformas de gestión de información.
- Celebrar, en el ámbito de su competencia, convenios relativos a la finalización, cierre y transferencia de proyectos con gobiernos provinciales y municipales, entidades empresarias, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y universidades, en coordinación con las áreas con competencia en la materia de la Secretaría Legal y Técnica.
- Asistir al ministro en la formulación, elaboración y ejecución de la política nacional relacionada con obras de infraestructura habitacionales.
- Asistir al ministro en la formulación, desarrollo y coordinación de políticas de regularización del suelo y dominial, en su ámbito de competencia.
Con respecto al primer punto enumerado, Infobae había adelantado que, con la disolución de la secretaría, quedarían sin efecto el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear), el programa Casa Propia y el Fondo Nacional de la Vivienda, entre otros, destinados a la construcción de viviendas.
Por otro lado, los gremios afirman que esto implicaría el despido de alrededor de 500 trabajadores. Al respecto, la normativa aclara que aquellos empleados de planta permanente quedarán sujetos a lo dispuesto por el decreto 1421/02.
El 13 de noviembre del año pasado, el Ejecutivo decidió eliminar el fondo fiduciario del Procrear, que había sido creado en 2012. La medida se oficializó a través del decreto 1018/2024, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y Luis Caputo.
El Gobierno sostiene que el acceso a la vivienda propia debe gestionarse de manera privada mediante créditos personales. En esa normativa, argumentaron que “la financiación para la construcción de viviendas es una función propia y fundamental de los bancos comerciales, tanto privados como públicos, y, por lo tanto, no se justifica la intervención estatal en esta área”.
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