El Gobierno oficializó la marcha atrás al fuerte aumento de luz para febrero pero las tarifas igual subirán todos los meses

El Gobierno oficializó este jueves la marcha atrás en el aumento de hasta 12,3% promedio en las tarifas de luz que iba a llegar en febrero para unos 9,5 millones de hogares de ingresos bajos y clase media de la Argentina. El recorte en subsidios y la unificación de criterios con los del servicio de gas natural, que daban como resultado ese salto en las facturas, será dividido en partes iguales hasta que termine 2025, por lo que habrá incrementos todos los meses para los usuarios alcanzados.

La medida va en línea con la intención de avanzar de manera más gradual a lo previsto en el ajuste de las subvenciones a lo largo del año electoral y la pausa en la idea de eliminar el esquema de segmentación tarifaria. Así quedó reflejado en la Resolución 36/2025 que publicó la Secretaría de Energía en el Boletín Oficial en donde se explicita que esa “gradualidad” resulta coherente con los lineamientos trazados por el Ministerio de Economía para consolidar el proceso de desaceleración de la inflación.

“Aclárase que lo dispuesto por esta Secretaría en el Artículo 1º de la Resolución N° 24 de fecha 29 de enero de 2025, en lo que respecta a la equiparación de los porcentajes de bonificación a aplicar al precio estacional de la electricidad (PEST) para los consumos base de los usuarios categorizados en el Nivel 2 –Bajos Ingresos y Nivel 3 – Ingresos Medios, se implementará en porcentajes iguales, con vigencia a partir del primer día de cada uno de los próximos once (11) meses, contados desde el 1º de febrero de 2025″, consignó la norma.

Las facturas de energía están compuestas por cuatro ítems: el precio de la luz o el gas, el transporte, la distribución y los impuestos (nacionales, provinciales y municipales). Las subvenciones del Estado se canalizan a través de una bonificación sobre el costo de la energía que pagan los consumidores en sus boletas.

La asignación de ese beneficio desde 2022 está determinada por un esquema de segmentación en base a los ingresos que reciben los hogares respecto a la Canasta Básica Total (CBT) del Indec, cesta que marca el umbral para no ser considerado pobre. Hay tres categorías de hogares: ingresos altos (Nivel 1) -que no tienen descuento-, ingresos bajos (N2) e ingresos medios (N3).

Energía unificó la semana pasada los porcentajes de descuentos para los servicios públicos de luz y de gas, pero lo más relevante fue que en la mayoría de los casos hubo un recorte del beneficio. La norma contemplaba desde febrero una bonificación del 65% para los N2 y del 50% para los N3 sobre el precio de la energía que pagan en sus facturas. Ahora se aclaró que se llegará a esos porcentajes de forma gradual. Ambas categorías tienen además un bloque de consumo con subvención y pagan como N1 por el excedente.

Los descuentos vigentes desde junio del año pasado para la electricidad eran del 71,2% en N2 y del 55,94% en N3. En gas natural eran del 64% –solo en ese caso la cobertura sería mayor en un punto porcentual–, y del 55%, respectivamente.

La reducción del beneficio de un mes para el otro implicaba aumentos del 12,3% promedio mensual para los usuarios de ingresos bajos y del 8,4% para la clase media, según los cuadros tarifarios que publicó este martes el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para los clientes de Edesur y Edenor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Energía después salió a aclarar que había habido un “error” y que la baja en las bonificaciones se daría a lo largo de todo 2025.

Se trata de una señal de que hay muchas chances de que la segmentación que se instrumentó durante la gestión de Alberto Fernández se mantenga en el corto plazo y, posiblemente, hasta diciembre. La secretaria de Energía María Tettamanti llegó en octubre pasado con la idea de ir a un esquema similar al de la tarifa social que se aplicó con Mauricio Macri con solo dos universos: los que reciben subsidios y los que no. Hoy implicaría dejar fuera a 3,4 millones de hogares de clase media que recibirían fuertes incrementos.

Es un dilema similar al que se enfrentó su antecesor, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien intentó implementar un sistema basado en el peso sobre los ingresos de una Canasta Básica Energética (CBE) que además iba a tener en cuenta el consumo de cada usuario según su zona bioclimática. Fue complejo realizar los cruces de información e implicaba una “focalización” mucho más restrictiva que la actual.

Es por eso que en Energía ahora creen que el cambio de esquema de subsidios hacia uno más “focalizado” puede tomar más tiempo y no estar listo para mediados de este año, como se preveía. Entienden que un paso en falso puede implicar un cimbronazo en materia de incrementos para millones de personas del segmento más vulnerable de la población. A esa cuenta se suman los cortes de suministro eléctrico que sufren los usuarios durante el verano, que son producto de años de desinversión por el congelamiento tarifario, según la visión de los funcionarios y las compañías.

El Gobierno tiene que definir también los aumentos en los conceptos de distribución y transporte que habilitará a las empresas durante los próximos cinco años a cambio de planes de inversión para mejorar la calidad de los servicios. Surgirán del proceso de revisión tarifaria que inicia este mes y que será trasladado a las boletas finales a partir de abril, o al menos esa es la idea oficial. El ministro de Economía Luis Caputo bajó una premisa: el traslado a las facturas finales de esos ítems no deberá superar el 10% en todo el año y, al igual que la baja de subsidios, será prorrateado a lo largo del año.

Luego, la idea es aplicar un sistema de actualización mensual automático para las tarifas y, en consecuencia, los ingresos de las empresas se mantengan constantes en términos reales. Se trata de un cambio sustancial respecto a los aumentos discrecionales que se aplicaron a partir de 2024, después de años de congelamiento, y con los que se buscó apuntalar, sin éxito, la desaceleración de la inflación.

La consultora Economía y Energía calculó que el gasto en subsidios a la energía se redujo el año pasado un 35% respecto a 2023, un recorte equivalente a más de USD 3.000 millones y similar al que se buscará en 2025. El factor principal de esa merma fueron los aumentos trasladados a la demanda, en el caso de la electricidad, y por menores costos de suministro tanto por el desarrollo de Vaca Muerta como por una mayor capacidad de transporte por la puesta en marcha del Gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner), en el caso del gas.

“Mientras que en 2024 el Estado destinó USD 6.252 millones a subsidios; un año antes, esa cifra ascendía a 9.683 millones”, detalló Economía y Energía.