Desde la campaña presidencial, Javier Milei enfatizó el objetivo en su gobierno del uso de la “motosierra” en todas las áreas de la Administración Central para equilibrar las finanzas públicas, bajar drásticamente la inflación y lograr que vuelva a crecer la economía privada.
Contra la mayoría de los pronósticos de las consultoras, por no decir todos, el primer año de gestión cerró con logros notables en esos tres frentes, al punto que fue rápidamente reconocido por la máxima autoridad del Fondo Monetario Internacional.
Para muchos analistas que toman como referencia la brecha entre la variación del gasto público y la tasa de inflación, más que motosierra en 2024 hubo un uso intensivo de la “licuadora”: el gasto cayó 24% en términos reales, y afectó a todas las áreas, incluidas las partidas para el pago a jubilados y pensionados, la obra pública y en también a los bolsillos del conjunto del sector privado, con el fuerte aumento de las tarifas de los servicios públicos -la contracara del recorte de los subsidios a las empresas proveedoras-.
Sin embargo, otra forma de analizar cuál fue el artefacto que más usó el gobierno de Milei para lograr lo que ahora no solo el Presidente, sino también economistas locales, organismos internacionales y hasta referentes de la prensa mundial especializada, resaltan como “el mayor ajuste de la historia”, es analizar la ejecución del Presupuesto 2024, el cual, por falta de aprobación legislativa, se basó en la herencia y en ajustes derivados de la Ley de Administración Financiera.
Como primera referencia, los datos de “Presupuesto Abierto” de la Administración Central -no incluyen PAMI, fondos fiduciarios, y resultado de las empresas públicas, principalmente- al 27 de diciembre, (resta un día hábil de registro de movimientos) revelan que, sobre un Presupuesto de $96,1 billones, se habían ejecutado (devengado en términos contables) $89,7 billones, y efectivamente pagado $85,8 billones (base caja, con una deuda flotante de $3,9 billones -algo habitual no sólo en el Estado sino también en las finanzas privadas-).
Como es habitual, los organismos de la Administración Pública Nacional (APN) suelen incorporar registros adicionales con posterioridad al cierre del año, pero históricamente no han sido significativos como para alterar de manera el relevante el resultado final, ni la variación de las distintas partidas respecto al presupuesto base.
Los mayores ajustes en valores absolutos
En términos monetarios y entre los 10 ministerios, 3 Poderes de la República, más las Obligaciones a cargo del Tesoro, Servicio de la deuda pública, y Jefatura de Gabinete de Ministros, el mayor recorte del gasto se concentró en siete:
Obligaciones a Cargo del Tesoro: $1,76 billones, equivalente a 27,4% del ahorro total. Corresponde a una de las áreas que el Presidente define “la casta”, como asistencia a empresas públicas -en su mayor parte con déficit crónicos-, y transferencias discrecionales a provinciales bajo el paraguas en el pasado de “fortalecimiento fiscal”; principalmente, porque no están incluidas en otras jurisdicciones o entidades de la Administración Pública Nacional.
Capital Humano: $0,98 billones, representó 15,3% del recorte presupuestario;
Infraestructura: $0,95 billones; aportó 14,9% al total;
Servicio de la deuda pública: $0,86 billones. A partir de la rápida desinflación y la consecuente reducción de las tasas de interés sobre el componente a tasa variable, significó 13,5% del agregado;
Ministerio de Economía: $0,55 billones, 8,5% del total;
Ministerio del Interior: $0,41 billones, 6,4% de la poda general; y
Ministerio de Seguridad: $0,29 billones, 4,6 por ciento.
El recorte observado en el gasto presupuestario, tanto en monto como en porcentaje, no guardó relación con la participación que cada jurisdicción tiene en la asignación de los recursos respecto del total.
La reducción más significativa en términos relativos, en el desagregado de las 39 subjurisdicciones de cada una de esas áreas, la hizo la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología -dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros- con 61,6%, pese a representar apenas 0,04% del presupuesto general.
Le siguió el Ministerio de Justicia, con un ahorro de 58,1%, sobre una partida asignada de 0,08% del total.
Los organismos dependientes del Ministerio del Interior y del Ministerio de Infraestructura aplicaron recortes de 47,2% y 33,5%, respectivamente, también con mínima participación en el total (0,51% y 2,11% en cada caso).
Además, el conjunto de organismos a cargo del Tesoro hizo un ahorro significativo de 24,9%, siendo el único con una participación relevante en el gasto de la Administración Central (5,9 por ciento).
La Secretaría General de la Presidencia también sobresalió entre las que más ajustaron el gasto (21,5%), aunque su efecto sobre el total fue casi irrelevante, porque administró apenas 0,06% del total de las partidas.
Un segundo grupo, integrado por organismos a cargo de la Presidencia de la Nación, las administraciones propiamente dichas de Jefatura de Gabinete de Ministros; Ministerio de Capital Humano, y Ministerio de Seguridad, además de los organismos dependientes de los ministerios de Seguridad y de Justicia, registraron ahorros de entre 15% y 10%. Sin embargo, en conjunto representaron solo 2,4% del Presupuesto de la Administración Central.
Por el contrario, el resto de las 27 subjurisdicciones hizo subejecuciones del Presupuesto asignado inferiores a 10% (promediaron menos de 4%), aunque estas fueron relevantes debido a su alta participación en el gasto total (88,9 por ciento).
En perspectiva
Todos esos movimientos no sólo contribuyeron al objetivo de desacelerar rápidamente el ritmo de inflación, sino que fueron determinantes para ahorrar $6,4 billones -equivalente a una vez y media el monto necesario para el pago del primer vencimiento de la deuda por USD 4.700 millones-, reducir el impuesto inflacionario sobre los ingresos y generar las condiciones para una reactivación basada en mayor previsibilidad fiscal. Este marco permitió sentar bases sólidas para la recuperación de la actividad productiva y comercial en el sector privado.
El nuevo año comenzó como el anterior, sin Presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación, por lo que nuevamente se heredará el de 2013, más los ajustes que se hicieron en 2024 y los que determine la aplicación de la Ley de Administración Financiera, para “garantizar el normal funcionamiento del Estado”.
Además, el Presidente y su ministro de Economía han anticipado que mantendrán la disciplina fiscal al extremo, pese a que la perspectiva de reactivación de la actividad agregada y la disminución del impuesto inflacionario prenuncian un aumento de la recaudación en términos reales. La intención es avanzar en la reducción y eliminación de los impuestos considerados distorsivos, como las retenciones a las exportaciones y al Cheque, principalmente, para lo cual consideran necesario consolidar la política de “disminución del tamaño del Estado”.
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