Aumentos en tarifas: el Gobierno limitará subas a menos del 10% en 2025 y ajustará por inflación durante el verano

El Gobierno apuesta a profundizar la desaceleración de la inflación durante 2025, de cara a las elecciones legislativas. Por ello, durante el verano se habilitarán aumentos en las tarifas de electricidad y gas natural en línea con la pauta oficial de variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. Posteriormente, se aplicarán incrementos en las boletas de los usuarios por debajo del 10%, que además se distribuirá en cuotas mensuales.

Así lo confirmaron a Infobae fuentes oficiales involucradas en las decisiones sobre esta materia. El presidente, Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, buscan demostrar que las variaciones del IPC se mantendrán por debajo del 2% mensual, un nivel que permitirá recortar el ritmo de crawling peg al 1% por mes.

El proceso de llevar la inflación a esos niveles, hasta que eventualmente sea cero, es una de las condiciones principales -junto con un aumento de las reservas del BCRA- que se ha planteado el Gobierno para salir del cepo este año. En ese punto será clave el sostenimiento de la política de equilibrio fiscal, emisión monetaria cero y mantener a raya los incrementos en tarifas.

Caputo definió en enero subas menores al 2% en las tarifas de luz, gas, agua y para los combustibles. Los aumentos hasta marzo se mantendrán por debajo de ese umbral e incluso podrían ser más bajos.

La secretaria de Energía, María Tettamanti, tiene como tarea inmediata una revisión de tarifas con transportistas y distribuidoras de energía, que deberá concluir en abril. En este proceso, ambas partes deberán acordar las tarifas que regirán y las inversiones en la red para los próximos cinco años.

En las compañías destacan que en 2024 pudieron sanear sus balances gracias a los incrementos que habilitó el Gobierno, que alcanzaron en algunos casos al 500%. Sin embargo, es preciso recordar que estos aumentos corresponden a dos de los cuatro componentes que integran la factura al usuario final.

La instrucción de Caputo a Tettamanti es que el aumento en las remuneraciones al personal que dispongan las empresas no deberá implicar una suba para los usuarios finales por encima del 10% en todo el año, incremento que además será fraccionado en cuotas mensuales para aliviar el impacto en los consumidores.

Las tarifas finales que pagan los usuarios se componen de cuatro ítems: el costo de la energía, el transporte, la distribución y, sobre eso, los impuestos. Los subsidios del Estado se aplican únicamente al costo de la energía, mientras que el transporte y la distribución no están subsidiados. Cada hogar percibe o no descuentos según su categoría dentro de la segmentación de subsidios: ingresos altos (N1), ingresos bajos (N2) e ingresos medios (N3).

La consultora Economía y Energía destacó los rubros regulados por el Gobierno que mide el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec acumuló en noviembre -último dato oficial disponible- una suba del 257% interanual. En ese mismo período el IPC general sumó 166% y la núcleo -excluye regulados y estacionales- 155% interanual.

En términos comparativos, el capítulo “vivienda, agua, electricidad y otros combustibles” mostró un incremento del 276% en el último año, liderando ampliamente el IPC y ubicándose 110 puntos porcentuales por encima de la inflación general. Los aumentos en tarifas de electricidad y gas natural, así como las actualizaciones en combustibles explican ese resultado.

Una dinámica similar afectó los precios en “transporte”, “salud” y “educación”.

“En este marco, la tarifa residencial promedio en el AMBA se posicionó, en términos reales, 34% por encima de lo verificado en 2023 en el caso de la energía eléctrica, mientras que en gas natural el incremento fue 51%. En ambos casos, los mayores aumentos recayeron sobre los sectores de ingresos medios y bajos”, destacó Economía y Energía.

María Tettamanti también trabaja en implementar desde mediados de 2025 un nuevo esquema de subvenciones. La premisa es que existan solo dos tipos de usuarios bajo un sistema similar al de la tarifa social que se aplicó durante la gestión de Mauricio Macri: usuarios que reciben subsidio y aquellos que no. El Presupuesto 2025 preveía un recorte en subsidios equivalente a más de USD 3.000 millones, similar al que se dispuso en 2024, con más de 800.000 hogares que dejaron de recibir asistencia.

El Gobierno estipuló en el proyecto de Presupuesto 2025 -que solo quedó como un testimonio de las proyecciones macroeconómicas oficiales al no tener tratamiento en el Congreso- que la inflación esperada para este año sería cercana al 18 por ciento.

Sin embargo, el consenso de los analistas todavía no está exactamente en esa línea, aunque proyecta una caída muy pronunciada, hasta 26,8%, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. Las expectativas derivadas de las tasas implícitas en los bonos locales a tasa fija sí coinciden con los niveles proyectados por el Ministerio de Economía.