El Gobierno nacional decidió no renovar los decretos 1040/20 y 70/23, a través de los cuales se prohibía la exportación de desechos metales y no ferrosos. De esta manera, se podrá volver a vender chatarra al exterior, como no ocurría desde 2009.
La medida fue anunciada por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a través de su cuenta de X. “El presidente Javier Milei ha dicho en reiteradas oportunidades que el poder del Estado no se debe usar para redistribuir arbitrariamente ingresos entre los actores de un mercado. Por ello ayer decidimos no renovar los alcances de los decretos 1040/20 y 70/23 (no confundir con DNU 70/23) por el cual se había prohibido la exportación de desechos metales y no ferrosos”, introdujo.
“Esta prohibición era nociva por varios motivos. Primero, porque al deprimir el precio local de los desechos desincentivaba el reciclado. Pero era nociva, sobre todo, porque prohibía un sinfín de negocios de reciclado para amplísimos sectores de la economía (por dar un ejemplo, cables de cobre desechados por las telefónicas, que tienen un activo mercado para reciclado en el exterior no podían exportarse). En estos meses recibimos incontables mensajes de empresas cuyos negocios estaban vedados por esta prohibición”, continuó el ministro.
“De esta manera esta norma beneficiaba a los procesadores de dicha chatarra, pero perjudicando a quienes la producían (típicamente empresas más pequeñas de reciclado), al tiempo que se perdían centenas de negocios de valorización de residuos. La norma original fue de julio de 2009 y se pensaba que duraría 180 días. Pero como en Argentina todo lo transitorio tiende a convertirse en permanente se renovó con los decretos 2261/09, 901/10, 1513/12, 374/14, 1102/15 (Cristina), 823/16, 848/17, 970/18, 664/19 (Macri), 1040/20 y 70/23 (Alberto)”, agregó Sturzenegger.
“La eliminación de este tipo de medidas es el triunfo de la libertad por sobre el lobby”, cerró el ministro.
Los argumentos la prohibición
Los decretos 1040/2020 y 70/23, publicados durante la presidencia de Alberto Fernández, prorrogaron en su momento la suspensión de la exportación de nueve posiciones arancelarias, más que nada chatarra y desechos metalúrgicos del hierro, acero, cobre, aluminio y otros similares.
Entre los considerandos, las normas argumentaban que la industria siderúrgica argentina utilizaba desperdicios y desechos de hierro y acero como insumo, junto con el mineral de hierro, para la elaboración de acero y que por razones estructurales, Argentina carecía de un abastecimiento fluido de chatarra de esos metales, por lo que “la industria siderúrgica veía afectado el aprovisionamiento de este insumo para su desenvolvimiento”.
Consultadas al respecto, fuentes del Gobierno anterior habían dicho a Infobae que suspender la exportación apuntaba a “aumentar la oferta de metales básicos y en consecuencia llevar a la baja sus precios en el mercado interno”.
De esta forma, aseguraban, se buscaba “mejorar no sólo la competitividad de las empresas metalúrgicas sino también la de todas aquellas industrias a lo largo de la cadena de valor que requieren de acero, cobre y/o aluminio para su producción”.
“Es por eso que se procedió a continuar con la suspensión de las exportaciones, tanto definitivas para consumo como también con destinación suspensiva temporaria, de desperdicios de hierro, acero, aluminio y cobre que clasifiquen en las respectivas posiciones arancelarias”, señalaban los argumentos de ese decreto firmado en febrero de 2023. que renovaba normas en el mismo sentido.
Ahora, con esta decisión, el Gobierno de Milei busca fomentar la competitividad y la apertura de nuevos mercados internacionales para el reciclado, incentivando la valorización de residuos y generando oportunidades económicas para pequeñas y medianas empresas del sector. Desde el Gobierno se entiende que la medida también podría generar un impacto positivo en la balanza comercial, al permitir que materiales reciclables se conviertan en una fuente de ingresos en dólares para el país.
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