
En el año 2010, Arosa, una pyme argentina con más de 40 años de trayectoria en la fabricación de aros de pistón, tomó una decisión estratégica que buscaba revitalizar su capacidad productiva y fortalecer la industria nacional. La empresa adquirió la planta de la multinacional alemana Mahle en Rosario, que llevaba seis años cerrada. Esta operación implicó una inversión significativa y permitió recontratar a empleados que habían quedado desempleados tras el cierre de la fábrica.
Sin embargo, catorce años después, lo que comenzó como un proyecto prometedor para la industria autopartista nacional terminó siendo una historia de destrucción, demandas judiciales y una profunda pérdida económica. Hoy, Arosa enfrenta un litigio multimillonario contra Mahle Argentina y dos de sus directivos, quienes están acusados de defraudación.
La compra que prometía cambiar el mercado
En diálogo con Infobae, Jorge Basualdo, dueño de Arosa Rosario S.A., recordó los inicios de la travesía empresarial. “La fábrica de Mahle era la mayor productora de aros de pistón en el país. En 2009, los problemas sindicales llevaron a la multinacional a cerrar sus puertas. Fue en ese momento que decidimos intervenir con mi socio y comprar la fábrica que la empresa tenía en Rosario”, relató.
Para llevar adelante la operación, Basualdo y su socio invirtieron USD 2 millones de capital propio y obtuvieron un crédito adicional de USD 1 millón del Banco Nación. En abril de 2010, la planta reabrió sus puertas, marcando un renacer en la producción local de aros de pistón. “El primer año nos dedicamos a recuperar al personal que había sido despedido. En 2011 ya estábamos operando al 60% de nuestro objetivo”, detalló.

Entre 2013 y 2014, la empresa alcanzó un pico de producción, facturando USD 4 millones anuales y empleando a 110 personas. “Habíamos logrado estabilizar el negocio, pero nos quedamos cortos de capital para crecer más rápido”, explicó Basualdo.
La recesión económica de 2016 impactó profundamente en Arosa, obligándola a pedir un concurso preventivo. A pesar de la situación, la empresa logró negociar un acuerdo favorable: una reestructuración de deuda a 15 años, con dos años de gracia y una quita del 60%. Este acuerdo permitió a Arosa planear una reactivación.
Sin embargo, la empresa enfrentó un obstáculo: no era propietaria del terreno donde operaba la planta. Ante esta situación, en 2019 Basualdo llegó a un acuerdo con Mahle para ceder temporalmente la planta, junto con sus equipos, mientras se homologaba el concurso preventivo. Mahle quedó como depositaria de las instalaciones, que incluían 150 máquinas, cinco hornos de inducción y una infraestructura completa de logística e ingeniería.

A los 30 días de la cesión, Basualdo intentó recuperar el control de la planta, pero se encontró con que Mahle había bloqueado el acceso. “El 25 de abril de 2019 fui a gestionar los inventarios y a preparar el traslado de las máquinas, pero no me dejaron entrar. No hubo forma”, recordó.
Lo que siguió fue una larga batalla judicial para obtener una medida cautelar que permitiera a Arosa ingresar nuevamente a la planta. Esa autorización llegó recién en marzo de 2021, casi dos años después. “Cuando entramos con la policía, la planta estaba en ruinas. Las máquinas habían sido destruidas, los cables robados y las áreas de ingeniería, logística y ventas completamente vandalizadas”, detalló Basualdo.
Según un peritaje inicial, los daños fueron valuados en USD 6 millones, pero una segunda evaluación elevó la cifra a USD 10,5 millones. “El objetivo era claro: destruir el módulo productivo para que no pudiéramos operar. Se llevaron incluso el stock. Todo esto ocurrió bajo la custodia de una empresa de seguridad contratada por Mahle”, afirmóel ejecutivo.
La batalla judicial
Frente a estos hechos, Arosa inició dos demandas contra Mahle. La primera, de carácter civil, busca una indemnización por los daños ocasionados en la planta. La segunda, una denuncia penal, apunta directamente a dos directivos de Mahle, quienes están acusados de defraudación.

“El caso penal avanzó significativamente. Los imputados enfrentan una pena de hasta seis años de prisión y ya tienen un embargo de $150 millones. Además, no pueden salir del país y deben presentarse todos los meses en Rosario para firmar”, explicó Basualdo.
El juicio oral, inicialmente programado para 2023, ha sido postergado en varias ocasiones debido a la situación de seguridad e inestabilidad judicial en Rosario. Sin embargo, una nueva fecha está prevista para enero de 2024.
El impacto en el mercado
Según Basualdo, detrás de la destrucción de la planta de Arosa hay una estrategia comercial por parte de Mahle. “Nosotros les habíamos quitado el 40% del mercado local de aros de pistón. Con nuestra fábrica fuera de juego, hoy dominan el mercado argentino, importando todo desde Brasil y China. Facturan USD 10 millones al año, pero no producen nada localmente”, señaló.
“La planta fue rematada por apenas USD 30.000, una cifra insignificante comparada con su valor real. Solo pudimos rescatar unas 40 máquinas que no habían sido dañadas, pero el resto está perdido”, lamentó Basualdo.
A pesar de los avances judiciales, Basualdo reconoce que el daño económico es irreparable. “La planta de Rosario era el corazón de nuestra producción. Lo que sucedió no solo afectó a nuestra empresa, sino también a la industria nacional. Este caso demuestra lo vulnerable que es el sector productivo frente a intereses internacionales”, concluyó.
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