El gasto en servicios públicos volverá a crecer en diciembre por la suba de las tarifas de electricidad

Un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que no recibe subsidios destinó en noviembre $134.173 para pagar luz, gas, agua y transporte según el relevamiento del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de UBA y Conicet. Es el tercer mes consecutivo que, por factores estacionales y el sendero de subas definido por el Gobierno, se reduce el gasto en servicios públicos después del fuerte salto que se dio la primera parte del año.

Sin embargo, las familias enfrentarán a partir de diciembre un incremento en el presupuesto destinado a pagar las tarifas debido a un mayor consumo de electricidad y un costo más alto de la energía.

Así lo resumió el economista de IIEP, Julian Rojo, ante la consulta de Infobae: “El mes que viene suele darse un encarecimiento en la canasta de servicios públicos por una mayor cantidad de consumo de luz, principalmente, y los cuadros tarifarios son cerca de un 15% más altos que en el invierno. En el caso del gas, la demanda se mantiene baja. Seguramente haya algún incremento en las boletas de agua corriente, mientras que habrá que esperar si hay algún ajuste en transporte”.

El Gobierno de Javier Milei comenzó su gestión con fuertes aumentos y quita de subsidios en las tarifas. El informe detalla que el hogar que se toma como ejemplo para el AMBA destinó $18.853 para pagar el gas, 564% de incremento nominal frente a diciembre del 2023. En electricidad fue $32.072 (189%), mientras que esa familia requirió $56.228 en transporte (601%) y $27.022 en agua (305%).

La canasta total sumó en noviembre $134.173, 368% de incremento en lo que va del año. En la comparación contra octubre se observó una leve disminución, del 0,2%, tendencia que cambiará en diciembre por factores estacionales.

La magnitud de los incrementos del 2024 se refleja en que durante febrero, cuando el Gobierno puso en marcha los ajustes, los hogares cubrían el 32% del “costo real” de la canasta de servicios públicos y el resto eran subsidios del Estado. Ese porcentaje de cobertura fue del 53% en noviembre.

En esa comparación hay una fuerte heterogeneidad, en especial en las boletas de energía debido a que las subvenciones son otorgadas por un mecanismo de segmentación en base a ingresos declarados. Los hogares de altos ingresos (N1) cubren el 93% del costo de la electricidad y el 90% del gas natural; el resto es subvención. Los de ingresos bajos (N2) 26% y 32%, respectivamente. Los de ingresos medios (N3) 41% en ambos casos.

El plan de la secretaria de Energía, María Tettamanti, es eliminar la segmentación vigente para que solo queden dos tipos de usuarios: los que reciben subvenciones y quienes no tengan ningún tipo de asistencia. “No será de un día para el otro”, explican en despachos oficiales.

Las condiciones para acceder al beneficio continuarán signadas por la Canasta Básica Total (CBT) que publica el Indec –la línea de pobreza– aunque serían mucho más restrictivas que las actuales y, en el escenario ideal, los beneficiarios pagarían el costo pleno de la factura, pero recibirían una compensación a través de una transferencia directa a través de una cuenta bancaria o una tarjeta.

Actualmente, unos 8 millones de usuarios de electricidad son N2, 3 millones son N3 y 5 millones son N1. Eso implica que 7 de cada 10 hogares reciben ayuda del Estado para afrontar sus tarifas. En lo que va de la gestión de Milei, cerca de 1 millón de usuarios tuvieron que pedir la subvención para afrontar el pago de los servicios por los aumentos aplicados.

Son en definitiva unos 11 millones de usuarios a los que Energía deberá poner en la mira. Sin embargo, el timing de la quita de subsidios será definido por el ministro de Economía, Luis Caputo, en función de que dos variables centrales: el objetivo de sostener equilibrio fiscal y no poner en peligro la desaceleración de la inflación. En 2024 hubo un recorte en subvenciones equivalente a más de USD 3.000 millones y esperan un ajuste similar para el año que viene, según se desprende del Presupuesto 2025.

En lo que resta del año, es muy probable que los aumentos de las tarifas que pagan los usuarios continúen por debajo de la inflación, para no poner en riesgo el proceso de desaceleración, principal objetivo del Gobierno. Los incrementos anunciados para noviembre fueron del 2,5% en electricidad y del 2,7% en gas natural, en línea con la pauta que puso Caputo.

El Gobierno postergó esta semana, al menos hasta principios de 2025, la revisión tarifaria integral con distribuidoras y transportistas. Estaba prevista para finales de este año. Allí las empresas pondrán sobre la mesa sus proyecciones de inversión para los próximos cinco años y el Gobierno deberá reconocer un sendero de subas previsible para sostener esos planes.