La quita de subsidios en las tarifas de energía que prepara el Gobierno para 2025 tendrán especial impacto en los 10 millones de hogares de ingresos medios y bajos. Ese que a las boletas de electricidad y gas natural que recibe ese universo para reflejar el costo “real” del servicio, después de un año con fuertes subas, mientras que los usuarios de altos ingresos prácticamente no reciben subvención.
En la Argentina rige desde 2022 un sistema de segmentación tarifaria que divide a los residenciales en tres niveles: ingresos altos (Nivel 1), Ingresos bajos (Nivel 2) e ingresos medios (Nivel 3). El espíritu original era que los N1, comercios e Industrias pagaran el costo pleno de la energía, al igual que comercios e industrias. Los N2 y N3 tienen un tope de consumo subvencionado.
Las tarifas están compuestas por cuatro ítems: el precio mismo de la energía, donde se canalizan los subsidios, el transporte, la distribución y los impuestos en sus tres niveles (nacionales, provinciales y municipales). Hoy ninguno de los usuarios cubre el costo pleno de la luz o el gas que consume, por lo que el Tesoro debe compensar a las empresas generadoras por esa diferencia.
Los desafíos que tendrá el Gobierno para profundizar el ajuste queda bien reflejado en la situación del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los fuertes incrementos en los servicios públicos reacomodaron la situación de atraso que heredó la gestión de Javier Milei, pero queda trabajo por hacer.
“Las facturas eléctricas del AMBA, para un consumo promedio y constante, tienen cierta estabilidad en pesos y como porcentaje del ingreso. Para los N1 esto es bueno porque se encuentran cerca del costo. Pero los N2 y N3 están lejos y van a bancar la baja de subsidios en 2025″, dijo Julián Rojo, economista del Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP.
Según los datos de Rojo, los hogares metropolitanos de altos ingresos cubren el 93% del costo de la electricidad y el 90% en el caso del gas natural; el resto es subsidio del Estado. Los usuarios de ingresos medios tienen una cobertura del 41% en ambos servicios, mientras que los de ingresos bajos pagan el 26% y 32%, respectivamente.
El plan de la secretaria de Energía, María Tettamanti, es eliminar la segmentación vigente para que solo queden dos tipos de usuarios: los que reciben subvenciones y quienes no tengan ningún tipo de asistencia. “No será de un día para el otro”, explican en despachos oficiales.
Las condiciones para acceder al beneficio continuarán signadas por la Canasta Básica Total (CBT) que publica el Indec –la línea de pobreza– aunque serían mucho más restrictivas que las actuales y, en el escenario ideal, los beneficiarios pagarían el costo pleno de la factura, pero recibirían una compensación a través de una transferencia directa a través de una cuenta bancaria o una tarjeta.
Actualmente, unos 8 millones de usuarios de electricidad son N2, 3 millones son N3 y 5 millones son N1. Eso implica que 7 de cada 10 hogares reciben ayuda del Estado para afrontar sus tarifas. En lo que va de la gestión de Milei, cerca de 1 millón de usuarios tuvieron que pedir la subvención para afrontar el pago de los servicios por los aumentos aplicados.
Son en definitiva unos 11 millones de usuarios a los que Energía deberá poner en la mira. Sin embargo, el timing de la quita de subsidios será definido por el ministro de Economía, Luis Caputo, en función de que dos variables centrales: el objetivo de sostener equilibrio fiscal y no poner en peligro la desaceleración de la inflación. En 2024 hubo un recorte en subvenciones equivalente a más de USD 3.000 millones y esperan un ajuste similar para el año que viene, según se desprende del Presupuesto 2025.
En lo que resta del año, es muy probable que los aumentos de las tarifas que pagan los usuarios continúen por debajo de la inflación, para no poner en riesgo el proceso de desaceleración, principal objetivo del Gobierno. Los incrementos anunciados para noviembre fueron del 2,5% en electricidad y del 2,7% en gas natural, en línea con la pauta que puso Caputo.
El Gobierno postergó esta semana, al menos hasta principios de 2025, la revisión tarifaria integral con distribuidoras y transportistas. Estaba prevista para finales de este año. Allí las empresas pondrán sobre la mesa sus proyecciones de inversión para los próximos cinco años y el Gobierno deberá reconocer un sendero de subas previsible para sostener esos planes.
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