Qué condiciones reúnen los 10.000 empleados públicos que serán intimados para jubilarse

El Gobierno nacional avanzará en una nueva etapa de reestructuración del Estado. A través de la resolución 3/2024, publicada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, se dispuso intimar a 10.000 empleados públicos que cumplen con las condiciones necesarias para iniciar los trámites jubilatorios. Esta medida busca reducir el tamaño de la planta de trabajadores estatales, una de las principales metas del Ejecutivo para equilibrar las cuentas públicas y disminuir el déficit fiscal.

Según informaron fuentes del Ministerio, de los 10.000 trabajadores alcanzados por esta normativa, más de 6.800 forman parte de la planta permanente de la administración pública. Para poder intimar a los empleados, la resolución otorga a los titulares de las distintas entidades un plazo de 30 días hábiles para comunicar la decisión a aquellos que cumplan con las condiciones requeridas para acceder al sistema previsional.

El personal que será intimado deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Las condiciones que deben reunir son similares a las del régimen previsional general, por lo que el criterio se mantuvo sin modificaciones para este grupo de trabajadores. Según explicaron desde el Ministerio de Desregulación, los empleados deberán acreditar los años de servicio y la edad requerida para iniciar el trámite jubilatorio.

De acuerdo con la normativa vigente, las mujeres deben tener 60 años de edad y los hombres 65, ambos con un mínimo de 30 años de aportes. Estos son los requisitos básicos para acceder al sistema previsional, y se aplicarán sin excepciones en esta etapa del proceso de reorganización del Estado. Los empleados que cumplan con estas condiciones recibirán una notificación oficial para que inicien los trámites correspondientes.

Condiciones y forma de intimación a empleados públicos:

• Edad mínima: Mujeres de 60 años y hombres de 65 años.
• Aportes requeridos: Al menos 30 años de servicios aportados al sistema previsional.
• Plazo para la intimación: 30 días hábiles desde la publicación de la resolución 3/2024.
• Autoridad responsable: Titulares de las carteras correspondientes deben notificar a los empleados.
• Posible prórroga: Hasta 6 meses, solo si es necesaria la continuidad del empleado por razones estratégicas.
• Inicio del trámite: Los trabajadores intimados deben comenzar el proceso de jubilación de inmediato.

La resolución 3/2024 se enmarca dentro de una serie de medidas más amplias de reforma del empleo público, las cuales fueron formalizadas con la promulgación de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Esta legislación introdujo modificaciones profundas en la estructura del empleo estatal, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del sector público, mejorar la calidad de los servicios y reducir el sobredimensionamiento de la planta de trabajadores.

Una de las disposiciones más importantes de la ley es que los empleados en condiciones de jubilarse y que se hayan visto afectados por el proceso de reorganización serán reubicados temporalmente hasta que finalicen su trámite jubilatorio. Esto busca garantizar una transición ordenada y evitar interrupciones en el funcionamiento de las distintas dependencias del Estado.

Además, la normativa establece que las autoridades con rango no inferior al de secretario o su equivalente en los organismos descentralizados pueden solicitar una prórroga de hasta seis meses en los casos en que la continuidad de los empleados en condiciones de jubilarse sea necesaria por razones estratégicas. Esta extensión solo podrá otorgarse si el pedido cuenta con el visto bueno de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública.

En esos casos, las autoridades deberán justificar adecuadamente la necesidad de la prórroga mediante un trámite electrónico que incluirá todos los datos del empleado en cuestión. Sin embargo, la normativa también aclara que la solicitud de prórroga no exime a los organismos de la obligación de buscar un reemplazo para el empleado que está en condiciones de jubilarse.

El proceso de reestructuración del Estado se complementa con otras medidas destinadas a evaluar la idoneidad de los empleados que continúan en actividad. En diciembre, el Gobierno realizará un examen de evaluación a los cerca de 40.000 empleados que integran la planta de trabajadores del Estado, tanto transitorios como permanentes. Esta prueba determinará si los empleados cumplen con los requisitos para seguir en sus puestos o si deberán ser reemplazados.