El Gobierno alertó que puede existir la posibilidad de que Argentina pierda su categoría para el sistema aeronáutico. El país tiene la Categoría 1 desde 2005, pero se encuentra en riesgo de descender a la Categoría 2, lo que conlleva una serie de consecuencias en relación a los vuelos hacia Estados Unidos.
En este marco, hoy es un día clave ya que la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) regresa a la Argentina, en el marco de las discusiones finales del Programa de Evaluación de la Seguridad de la Aviación Internacional (IASA), para analizar si el sistema aeronáutico nacional está en condiciones de mantener la Categoría 1, máxima calificación de seguridad operacional otorgada por este organismo.
En el año 2022, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) auditó a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para evaluar el nivel de cumplimiento efectivo del Estado Argentino de las normas y procedimientos establecidos por ese organismo internacional, siendo los resultados poco favorables, ya que “la ANAC alcanzó sólo un cumplimiento del 60,47%, cuando el promedio regional es mucho mayor”, señalaron desde la Secretaría de Transporte.
En ese momento, dos de las áreas que OACI evaluó fueron las que arrojaron peores resultados: un 41,67% en “Organización de la Aviación Civil” y un 37,29% en “Operaciones”, esta última asociada al cumplimiento de estándares internacionales en relación al control, fiscalización y seguimiento de las operaciones de las aeronaves.
“A partir de ese resultado, la Administración Federal de Aviación norteamericana (FAA) pidió también realizar una inspección, que la gestión anterior no quiso aceptar ni recibir, por lo que se llevó a cabo recién en abril de este año, identificando ‘82 hallazgos’ a corregir, principalmente en lo referente a aeronavegabilidad, operaciones y licencias”, aseguraron fuentes oficiales.
Tras ello, se designó a María Julia Cordero como interventora, con el objetivo de identificar estos problemas operativos y se llevó adelante un plan de acciones correctivas, diseñado junto a la asesoría técnica de expertos de la Oficina Regional Sudamericana de la OACI.
“El plan de trabajo incluyó una serie de acciones correctivas con plazos estipulados para cada uno de los elementos señalados por la autoridad aeronáutica estadounidense. Es así que se desarrollaron y actualizaron manuales de procedimientos y se coordinaron capacitaciones para los inspectores de aeronavegabilidad y operaciones en temas relativos a las certificaciones de los explotadores aéreos y a las aprobaciones específicas requeridas, entre otras acciones adoptadas”, precisó el gobierno.
Y agregó en un comunicado: “Todas las medidas tomadas desde la intervención de la ANAC permitieron llegar en tiempo récord a un avance del 85% del plan de acciones correctivas establecido, encontrándose todas ellas en fase de implementación, respetando los tiempos de los procesos y con fechas estipuladas de finalización, que le serán presentadas a la delegación de la FAA que hoy está arribando a la Argentina”.
Consecuencias de una pérdida de categoría
Un descenso en la categoría del sistema aeronáutico nacional tiene una serie de implicancias negativas. Sucede que la Categoría 1 que posee Argentina es una clasificación que otorga la FAA a los países que tienen vuelos hacia Estados Unidos, y que permite que los operadores aéreos puedan brindar servicios directos al país norteamericano o asociarse al sistema de código compartido con compañías aéreas estadounidenses.
“La pérdida de categoría implicaría un daño reputacional para la aviación argentina, además que imposibilitaría la suma de destinos y frecuencias en vuelos hacia Estados Unidos”, sostiene desde la cartera conducida por Franco Mogetta.
A su vez, no se podrían reemplazar los modelos de aeronaves con los que se vuela a ese territorio, ni establecer nuevos acuerdos de código compartido con aerolíneas estadounidenses, lo que impactaría directamente en la capacidad de colaboración entre compañías argentinas y norteamericanas. Además, las líneas aéreas argentinas estarían sujetas a un mayor escrutinio y controles adicionales por parte de las autoridades norteamericanas, lo que podría aumentar los costos operativos y retrasos en las operaciones.
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