Ante el rechazo de la Corte Suprema de Gran Bretaña al pedido de apelación del gobierno argentino en el juicio llamado “cupón PBI”, el país deberá pagar aproximadamente 1.500 millones de dólares (1.300 millones de euros más intereses) debido a que no quedan instancias legales para seguir dilatando el caso. La medida era esperable, ya que previamente la Argentina había perdido el permiso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Londres.
Según un portavoz de la Corte Suprema del Reino Unido, “el tribunal rechazó a la Argentina el permiso para apelar un fallo que la obliga a indemnizar con 1.500 millones de dólares (más intereses) a los inversores que registraron pérdidas con los bonos vinculados al crecimiento económico del país”.
Por su parte, Sebastián Maril, de Latin Advisors, explicó que “era previsible este resultado” debido a que, por primera vez desde 2014, la Argentina enfrenta una situación en la que no tiene más opciones legales y debe realizar el pago. Maril recordó que ese año, el país desobedeció un fallo judicial en los Estados Unidos, lo que terminó en un default luego de varias instancias legales, bajo las órdenes del juez Thomas Griesa.
En la red social X, Maril añadió que “los beneficiarios ahora ejecutarán una garantía por 313 millones de euros que Argentina había depositado en marzo mediante una Carta de Crédito emitida por el Santander”. A pesar de que no quedan instancias legales, Maril sugirió que “siempre hay algún abogado que logra encontrar una manera de retrasar el proceso”.
El tribunal británico negó una nueva audiencia del caso al argumentar que la apelación no presentaba cuestiones legales discutibles. La Argentina ya había perdido en mayo y junio de este año la apelación presentada ante un tribunal londinense, que buscaba anular la sentencia que la obligaba a pagar la multa relacionada con los cupones del PBI.
En abril de 2023, los fondos de cobertura, incluidos Palladian Partners, obtuvieron una sentencia favorable en Reino Unido que Argentina apeló sin éxito.
La presentación de la demanda
La demanda fue presentada por cuatro fondos de inversión, entre ellos Palladian Partners LP, que poseían alrededor del 48% de los bonos emitidos entre 2005 y 2010. Estos fondos demandaron a Argentina en 2019, y el Tribunal Superior de Londres falló a su favor en 2022, dejando al país con una obligación de pago de 1.330 millones de euros más intereses.
El conflicto se originó en 2019, cuando estos cuatro fondos presentaron una demanda reclamando el pago relacionado con los bonos “Cupón PBI”, emitidos por la Argentina tras la reestructuración de la deuda en 2005. Según los términos del acuerdo, si el Producto Bruto Interno (PBI) crecía más del 3,3% anual, los acreedores recibirían un pago adicional.
La demanda fue consecuencia de la intervención del Indec en 2007, cuando el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, manipuló los datos de inflación. En 2013, el Indec cambió el cálculo del PBI, informando un crecimiento del 3,2%, lo que evitó el pago a los acreedores. Esto desencadenó la demanda de los cuatro fondos.
Tras esa modificación, el Indec informó que la Argentina creció menos de 3,22% del PBI ese año, cuando previamente, con la anterior base de cálculo de 1993, había crecido 4,9%. En ese entonces, el gobierno de Cristina Kirchner se ahorró de pagar más de US$3600 millones de intereses.
Desde la Procuración del Tesoro, afirmaron que este litigio es el quinto en importancia por el monto demandado y se refiere a instrumentos de deuda vinculados al PBI denominados en euros y regidos por ley inglesa. Además, precisaron que la República Argentina está analizando con sus asesores legales las consecuencias de esta determinación de la Corte Suprema del Reino Unido.
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