Aunque el superávit fiscal permitió cancelar obligaciones, la deuda pública total subió por efecto del atraso cambiario

Las obligaciones de la Administración Central ascendieron en septiembre a USD 460.068 millones, aumentó en USD 1.661 millones, pese a que Economía hizo cancelaciones netas. La causa del aumento

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javier milei ministerio de economia
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, festejan con el presidente Milei los avances en sus áreas, pero no pudieron evitar que la deuda neta siguiera en alza

La Secretaría de Finanzas, a cargo de Pablo Quirno, informó que “la deuda pública bruta total de la Administración Central se elevó en septiembre en USD 1.661 millones, a USD 460.0687 millones, de los cuales USD 457.587 millones se encuentra en situación de pago normal”, significó un aumento de 0,4% respecto del saldo de agosto.

La variación se explica exclusivamente por efecto de las diferencias de cambio respeto de la tasa de inflación que eleva la deuda en moneda nacional ajustable por CER en una proporción superior a la tasa de crawling peg (3,5% y 2%, respectivamente), y el deterioro del dólar en el mundo respecto de las principales divisas. Ese efecto, fue equivalente a un aumento en USD 4.714 millones.

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Por el contrario, si se consideran las operaciones netas de “necesidades de financiamiento” y “cancelaciones por vencimientos y amortizaciones, la deuda total de la Administración Central arrojó en septiembre una disminución equivalente a USD 3.054 millones.

Ese efecto, netamente contable que se puede dar vuelta cuando la inflación resulte menor a la tasa de devaluación, y vuelva a revaluarse el dólar en el mundo, inquieta a muchos economistas, porque no sólo consideran que implica un atraso cambiario que debilita la competitividad cambiaria de las exportaciones y de las expectativas de mercado, sino también por el comentado recorrido de la deuda pública, pese a los esfuerzos de mantenerla contenida a partir del logro del superávit de las finanzas públicas y la emisión monetaria cero.

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DEUDA SEP 24
Fuente: Secretaría de Finanzas

Justamente, en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2024 del BCRA el economista argentino, Leonardo Leiderman, que tuvo un rol clave en la segunda etapa del plan de estabilización de Israel a comienzos del presente siglo, dijo: “el equipo económico no debería demorarse demasiado en el levantamiento del cepo, y la flexibilización del mercado de cambios”.

Cabe notar que, si a las obligaciones de la Administración Central se le resta la deuda que mantiene con el BCRA, y también los compromisos de la Tesorería con la entidad que preside Santiago Bausili por Adelantos Transitorios que en conjunto bajaron en USD 55 millones, al equivalente de USD 73.445 millones) surge un saldo de deuda neta conjunto de USD 386.623 millones, y una suba consolidada en el mes de USD 1.715 millones, cortó una racha de tres meses consecutivos de disminución.

En los primeros 10 meses del gobierno de La Libertad Avanza la deuda de la Administración Central se elevó en el equivalente de USD 34.774 millones, la contraída con el BCRA a través de Adelantos Transitorios y Letras se redujo en USD 5.048 millones; y los pasivos remunerados del ente monetario pasaron a cero desde poco más de USD 63.105 millones. De ahí resulta un saldo consolidado de disminución del endeudamiento del Estado nacional en USD 23.283 millones.

Aclara Finanzas que “la deuda pagadera en moneda extranjera incluye dólar estadounidense, euro, DEG, yenes y otras divisas, y la emitida en dólares, pero cuyo pago de capital e interés es en pesos, se clasifica como deuda en moneda local”.

El saldo de deuda con organismos internacionales subió en USD 1.256 millones, desagregado en sendos aumentos de USD 714 millones la contraída con el FMI y USD 542 millones con el resto (Banco Mundial, BID, CAF, entre otros).

El informe metodológico de la Secretaría de Finanzas precisa que “por recomendaciones de manuales estadísticos y a partir de definiciones internacionales, utiliza el dólar oficial mayorista como unidad de cuenta para dar comparabilidad y estandarizar las estadísticas”.

Ahorros y refuerzos en perspectiva

El 11 de octubre el FMI dispuso reducir los sobrecargos que pagan la Argentina y otros países por haber accedido a préstamos muy superiores a los límites básicos que tiene el organismo, según plazos y montos. La Secretaría de Finanzas anunció que la medida permitirá al país un ahorro de USD 3.200 millones en los próximos tres años, con la reducción de casi 30% del pago de cargos y sobrecargos en el préstamo con el FMI en ese período.

Además, el BID, a través de un mensaje del presidente de la entidad, Ilan Goldfajn, comunicó el apoyo al plan económico del gobierno de Javier Milei y ratificó el envío de desembolsos para la ejecución de proyectos de infraestructura y reforma del Estado.

El Banco Interamericano de Desarrollo aseguró que completará este año USD 2.400 millones en concepto de préstamos para el sector público y que por otra parte BID Invest fondeará con USD 1.400 millones unos 20 proyectos privados en los próximos dos años.

Por el contrario, las supuestas confiscaciones y alteraciones de las estadísticas oficiales de precios en el determinaron el rechazo de la Corte Suprema de Gran Bretaña al pedido de apelación del gobierno argentino en el juicio llamado “cupón PBI”, y por tanto el país deberá pagar aproximadamente USD 1.500 millones (1.300 millones de euros más intereses) debido a que no quedan instancias legales para seguir dilatando el caso. La medida era esperable, ya que previamente la Argentina había perdido el permiso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Londres.

Sebastián Maril, de Latin Advisors, explicó que “era previsible este resultado” debido a que, por primera vez desde 2014, la Argentina enfrenta una situación en la que no tiene más opciones legales y debe realizar el pago. Maril recordó que ese año, el país desobedeció un fallo judicial en los Estados Unidos, lo que terminó en un default luego de varias instancias legales, bajo las órdenes del juez Thomas Griesa.

A una instancia similar se aproxima la causa por la expropiación de YPF que implicará una deuda nueva por más de USD 17.000 millones.

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