Las generadoras eléctricas reclamaron que el Gobierno no cumplió el acuerdo por la deuda de Cammesa

Lo hicieron a través de una carta enviada por la cámara del sector al ministro de Economía, Luis Caputo. Se suma al conflicto que ya tuvieron por los pagos de diciembre y enero

Desde AGEERA afirman que solo cobraron el 35,29% de la transacción de abril
Desde AGEERA afirman que solo cobraron el 35,29% de la transacción de abril
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Las generadores eléctricas volvieron a reclamarle al Gobierno el pago de la deuda de Cammesa, luego de que se haya firmado un acuerdo en mayo para regularizarla a partir de marzo.

La Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGEERA) le envió una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, exponiendo la situación y subrayando la predisposición que mostraron al aceptar un bono en dólares a 2038 que tiene una quita del 50% implícita. La deuda alcanzaba los $600.000 millones y era por la compra de energía de diciembre y enero.

“Como es de su conocimiento y en el marco de la Resolución de la Secretaría de Energía Nº 58/2024, la mayoría de los Acreedores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) aceptaron con un gran esfuerzo adherir a la firma de los acuerdos individuales por las condiciones de pago propuestas en la mencionada resolución, que incluía el compromiso del Gobierno Nacional de restablecer el flujo de pago a los Agentes Generadores a partir de las transacciones de marzo de 2024, tal como lo define la misma Resolución”, señaló AGEERA en el comunicado.

“No obstante, en el día de hoy, sólo hemos cobrado el 35,29% de la transacción del mes de Abril 2024, apartándose fuertemente del compromiso asumido y quedando también aún pendiente de pago las cuotas del Fondo para inversiones necesarias que permitan incrementar la oferta de energía eléctrica en el mercado eléctrico mayorista (FONINVEMEM) correspondientes a los vencimientos de mayo y junio de 2024″, sostuvieron.

“Esta situación genera un escenario de gran incertidumbre que interfiere en la planificación de las inversiones en mantenimientos o nueva potencia, en el tratamiento de las paritarias sindicales y en la cancelación de los costos operativos corrientes de nuestras centrales de generación, afectando de esta forma el desarrollo normal de nuestra actividad y poniéndose en riesgo la continuidad operativa del MEM”, agregaron.

“Por lo expuesto, solicitamos a Usted que, en forma urgente, se regularicen las transferencias de los fondos necesarios del Tesoro Nacional a CAMMESA para cubrir las Necesidades Financieras del MEM al vencimiento de las transacciones económicas”, concluyeron.

El reclamo se da en medio del anuncio del superávit fiscal de mayo, que fue de $1,1 billones. En los primeros cinco meses del año acumuló un 1% del PBI de excedente primario, y un 0,4% del Producto al sumar en la cuenta los intereses de deuda.

De acuerdo al director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadín Argañaraz, los subsidios a la energía ocuparon el cuarto lugar de las partidas con mayor reducción, explicando el 10% del ahorro.

Del último staff report del Fondo Monetario Internacional (FMI) se deprende que el Palacio de Hacienda ahora tiene previsto una reducción de los subsidios energéticos de al menos 0,7 puntos del PBI en 2024, de los cuales ya se habrían conseguido 0,5 puntos del PBI. El resultado estuvo explicado principalmente por precios internacionales de la energía más bajos, menores necesidades de importación por el funcionamiento del Gasoducto Néstor Kirchner y el diferimiento con el bono de la deuda que mantenía Cammesa con generadoras de electricidad y productoras de gas.

Las empresas aceptaron el bono con reticencias dado que implicaba pérdidas. En este sentido, Central Puerto, la principal generadora eléctrica del país con más del 16,7% del mercado, informó una pérdida económica estimada de USD 29 millones, sin incluir los intereses de mora. Pampa Energía, segunda mayor generadora, con 13,2% del total, informó una pérdida de USD 38 millones.

En el sector comentaron que la decisión de suscribir el bono tuvo que ver con mayores costos y tiempo que representaría iniciar acciones legales. De todos modos, había asegurado que la medida representó “una mala señal y peor precedente”, por lo que quedó “un sabor amargo”.

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