
El Centro de Estudios en Finanzas Públicas de la Universidad Nacional de La Plata (CEFIP-UNLP), realizó un estudio del que surge que más del 40% de lo que paga un usuario por su servicio de internet son impuestos y tasas.
De acuerdo a los resultados, el sector de servicios de acceso a internet está sujeto a más de 20 tributos y tasas de diferente índole que determinan su carga tributaria que se ubica, en promedio, en 41,5%, y varía en un rango de entre 38,6% a 44,5% en función del tamaño de la empresa, el modelo de prestación del servicio, la estructura de costos y la localización geográfica que introduce diferencias en la imposición provincial y municipal.
Del 41,5% de carga tributaria, 34,1 puntos porcentuales se explican por los impuestos nacionales, 5 puntos por los provinciales y 2,4 puntos por los provinciales.

De manera general, entonces, se aprecia que los impuestos y tasas nacionales explican entre el 72% y el 89% de los tributos que recaen sobre el sector; los tributos provinciales entre un 11% y un 14%; y los municipales entre un 2% y un 16%. Esto pone de manifiesto los factores determinantes de la carga tributaria sectorial: la relevancia de la imposición subnacional -en particular la municipal- por las disparidades regionales que puede introducir; y la composición de la estructura de costos, el modelo de provisión del servicio, y el peso relativo de los insumos importados.
Diferencias regionales
La imposición provincial a los Ingresos Brutos muestra marcadas diferencias, ya que mientras la alícuota general en La Rioja es de 2,5%, en Córdoba es de 4,75%, por citar un ejemplo.
La disparidad se da también en las alícuotas específicas. Los servicios de proveedores de acceso a Internet están sujetos a una tasa del 2,9% en Corrientes y a una del 5% en Buenos Aires, mientras que gran parte de las provincias, como Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa y Santa Fe, entre otras, gravan por encima del nivel general y otras, como Córdoba, lo hacen con una alícuota menor a la media.
Ocurre lo mismo en el ámbito municipal con la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH), con casos como el de Ensenada (Buenos Aires) que cobra una TISH del 0,9% sobre el monto de facturación. También debe abonar un derecho de espacio público sobre el número de postes utilizados de $45 pesos por poste. En San Cristóbal (Santa Fe) la TISH es de 0,85% sobre el monto de facturación y se debe abonar también un derecho de espacio público sobre su monto de facturación del 6%. Finalmente, en San Francisco (Córdoba) se abona una TISH de 2,6% sobre el monto de su facturación y en Rosario (Santa Fe), la tasa local sobre las ventas brutas (Derecho de registro e inspección) es del 2%, a lo que se suma un derecho de espacio público de $28 que recae sobre el número de abonados.
Asimismo, el 41,5% de presión tributaria general es un dato cuantitativo, cuyo efecto se aumenta cuando se contemplan la complejidad tributaria, los costos del cumplimiento, los regímenes de retenciones y percepción -con sus costos financieros-, y las distorsiones que generan algunos impuestos, principalmente ingresos brutos y el impuesto PAIS.

Sobre estos datos, Ariel Graizer, Presidente de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), subrayó: “Desde el estallido de la pandemia, Internet ha demostrado claramente ser una herramienta fundamental para la producción, el trabajo, la educación y el esparcimiento de la población y como tal es una industria estratégica para el país que requiere de condiciones que impulsen su desarrollo, en reemplazo de regulaciones excesivas y una presión tributaria que actúa como un freno para el tendido de nuevas redes y la posibilidad de llegar a la universalización de la conectividad. La simplificación regulatoria y la reducción de la carga tributaria son herramientas necesarias para que las pymes y cooperativas puedan llevar internet a todos los rincones de nuestra vasta geografía”.
El informe también arroja luz sobre el impacto negativo en la industria del impuesto PAIS, los derechos de importación y la tasa estadística, que encarecen insumos clave que son parte de la función de producción del sector como routers, módems, fibra óptica, entre otros dispositivos que se producen únicamente en el exterior.
En este sentido, Graizer destacó que la industria, el comercio y los servicios, incluso el agro, están avanzando en su proceso de tecnificación y digitalización, convirtiendo al acceso a internet en una infraestructura crítica de su operación. “Es por esto que el impulso y promoción de las redes de conectividad, a través del fomento de la inversión privada, debe ser un eje central de las políticas públicas de desarrollo económico de la Argentina y esto implica ciertamente la revisión de los regímenes tributarios y las regulaciones que afectan al sector”, insistió.
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