
El Gobierno habría realizado en marzo el ajuste del gasto más pronunciado en lo que va del año, que estaría por encima del 40% real según estimaciones privadas, y así dejó el terreno preparado para mostrar ante el Fondo Monetario Internacional un sobrecumplimiento de la meta de superávit primario acordado con el organismo.
En medio de ese recorte fiscal, el Ministerio de Economía acumula una deuda flotante por unos 1,6 billones de pesos, por debajo del tope fijado ante el FMI pero que en algún momento puede ejercer presión sobre las cuentas públicas al tratarse de pagos atrasados que podrían concretarse más adelante en el año.
Dos informes privados recogieron, con los datos del gasto devengado de marzo -es decir lo que fue comprometido a pagar pero no efectivamente abonado- cuál fue la tendencia de recorte en las erogaciones presupuestarias en el tercer mes del año, y en ambos casos la tendencia que observaron fue el de una poda superior al 40% en términos reales, por encima del ritmo que había tenido en enero y febrero.
Según Analytica, “en marzo, el gasto primario real devengado tuvo una caída mensual del 9,7 por ciento sin estacionalidad, y del 41,3% interanual. Considerando el primer trimestre, la contracción en términos reales fue del 36,5% comparando con igual período del año pasado”, mencionaron en un informe a clientes. Ese 41,3% de caída en marzo se compara con el 30% que había registrado enero y 35% en febrero.
“Entre las partidas devengadas con mayores ajustes reales respecto a marzo 2023 figuran la obra pública (-89,9%), los subsidios económicos (-67,6%), y las transferencias corrientes a provincias (-69,7 por ciento). A su vez, estas mismas partidas fueron las más afectadas durante el primer trimestre, con caídas reales interanuales del 86,1%, 59,6% y 62,6%, respectivamente”, plantearon desde esa consultora.
Analytica midió específicamente, respecto a las subvenciones, que “en marzo, los subsidios destinados a la energía disminuyeron un 75,1% interanual real, y en el primer trimestre la caída acumulada es del 66,9 por ciento. Se espera que esta tendencia contractiva continúe e incluso se profundice en los próximos meses debido a los nuevos cuadros tarifarios presentados en abril sumado a la nueva resolución que impone actualizaciones en la tarifa de gas sujetas al tipo de cambio BNA”, midió ese centro de estudios que dirige Ricardo Delgado.

Por su parte, la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) registró que “los Gastos Totales devengados de la Administración Nacional se contrajeron un 42,9% ajustado por inflación en términos interanuales”, explicaron en un informe este lunes.
“Todas las partidas del gasto experimentaron disminuciones significativas, destacándose las retracciones en el gasto de capital (-84,3%), y también en las prestaciones de la seguridad social (-38,7%) y en las transferencias corrientes (-38,4%), que entre ambos conceptos concentran el 80% del gasto”, especificó ASAP.
“En el acumulado del primer trimestre del año, los gastos totales de la Administración Nacional presentaron una caída de 30,6%, que se acentúa en casi 6 puntos porcentuales si se detraen los pagos en concepto de intereses (el gasto primario cayó un 36,4 por ciento)”, continuó. La medición de ASAP reflejó que en marzo el resultado de las cuentas públicas fue deficitario en términos primarios y financieros. No se puede proyectar de manera lineal con el dato oficial de la Secretaría de Hacienda -que se conocerá a mediados de mes- ya que se trata de métodos de medición distintos. Sin ir más lejos, ASAP también había medido déficit financiero devengado en febrero y el dato de base caja terminó por mostrar superávit.
En paralelo, hay otro número con dinámica propia y que puede poner presión a la cuestión fiscal. Se trata de la deuda flotante, lo que puede interpretarse como pagos atrasados, y que serían erogaciones que tendrían lugar más adelante a lo largo de 2024. Los últimos datos oficiales de la Tesorería, que corresponden a febrero, muestran que ese número es de 1,6 billones de pesos, de los cuales unos $900.000 corresponden a gastos postergados que pertenecen al ejercicio 2024, mientras quedan $710.000 millones de 2023. Un mes antes, por caso, la deuda flotante de 2024 era de $505.000 millones, lo que implica de un mes a otro un aumento de casi 80 por ciento.
Las metas con el Fondo Monetario
A fines de marzo vencieron las primeras metas fiscales y de reservas que renegociaron y firmaron Caputo, el presidente del Banco Central Santiago Bausili y los funcionarios del Fondo Monetario. Con los datos a disposición, el equipo económico se encamina a un cumplimiento por mucho margen de esos objetivos iniciales, especialmente en el plano fiscal.
Febrero había terminado con un superávit primario -sin intereses de deuda en la cuenta- de 1,2 billones de pesos. Como en enero esa cifra había sido de dos billones de pesos, en el acumulado del primer bimestre del 2024 el superávit primario fue de 3,2 billones de pesos, que según aseguró el ministro de Economía equivalen a unos 0,5% del PBI. Al sumar en la consideración los intereses de deuda, en febrero se pagaron casi $895.000 millones por lo que el superávit financiero fue, en definitiva, de $338.000 millones. Un mes antes esa cifra había sido de casi $520.000 millones.
Como el Gobierno se propuso tener equilibrio financiero -no superávit-, otra forma de verlo es que el equipo económico realizó un “sobreajuste” de unos $856.000 millones. Dicho de otra forma, aún si hubiese gastado $856.000 millones demás, todavía podría mostrar equilibrio en las cuentas públicas y no se habría movido de su objetivo central.
Los números fiscales que acumula en el primer bimestre del año también implican un terreno allanado para cumplir con la primera meta trimestral acordada con el Fondo Monetario. Para fines de marzo el superávit primario debería ser de $962.400 millones, por lo que el Palacio de Hacienda arrancó el mes de marzo con un margen de maniobra de 2,2 billones de pesos para no incumplir con ese objetivo explicitado en el último staff report.
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