La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) informaron que se presentaron este martes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para expresar su apoyo a la reforma laboral decretada por el presidente Javier Milei. Ese capítulo del DNU 70/2023 quedó suspendido por diferentes amparos a los que hizo lugar la Justicia.
“A partir de la declaración de inconstitucionalidad del Título IV (artículos 53 a 97) del DNU por parte de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y encontrándose en estudio por parte de la CSJN, las tres entidades empresarias expresan la necesidad de derogar todos los artículos que contemplan multas económicas y que son los principales generadores de la litigiosidad laboral en la República Argentina (artículos 8, 9, 10 y 15 de la Ley 24.013; 1 y 2 de la Ley 25.323; y 80 de la Ley 20.744, conforme el texto ordenado por la Ley 25.345)”, expresaron a través de un comunicado conjunto.
Según afirmaron, los artículos en cuestión dificultan la generación de empleo genuino, al enfrentar a las pymes con la contingencia de afrontar una erogación que el propio negocio es incapaz de generar. Las multas económicas aludidas provocan una afectación económica de enorme relevancia, comprometiendo seria, injusta y desproporcionadamente a las empresas y a la sociedad en su conjunto.
“Medularmente se expuso que las multas de las leyes 24.013, 25.323 y 25.345 fueron el peor error de política legislativa en materia social y económica de la historia del derecho del trabajo en la Argentina, en tanto disuaden a los empleadores de contratar de un modo muy trascendente”, agregaron.
Por otro lado, aclararon que esa opinión y la colaboración manifestada por CAME, SRA y CONINAGRO es únicamente relativa a la parte del derecho individual del trabajo que contempla del capítulo cuarto del DNU. “Se excluye de forma expresa toda vinculación con el Derecho Colectivo del Trabajo. Cabe destacar que se anexaron informes en materia económica que justifican el escrito ante la CSJN”, concluyeron.
Tal como explicaron la acción de respaldo se realizará bajo la figura de amicus curiae, es decir presentaciones de terceros ajenos a la disputa que aportan al tribunal argumentos u opiniones que pueden servir como elementos durante el juicio. En esa misma línea fueron en enero la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y las seis principales entidades empresarias de Córdoba.
En ese sentido, la UIA había realizado un listado de las iniciativas más destacadas del capítulo laboral del decreto: “La eliminación de multas por registro deficiente de la actividad laboral y la creación de incentivos para el empleo formal, con la consecuente disminución de la judicialización de los conflictos laborales; la promoción de negociaciones colectivas dinámicas y los incentivos a la productividad; la actualización del régimen de multas para disminuir la judicialización de conflictos laborales y la modificación en el sistema de cálculo de capitalización de intereses en los fallos laborales”.
Las seis principales entidades empresarias cordobesas quieren expresarse como terceros interesados en las causas. Este requerimiento fue realizado por: la Bolsa de Comercio de Córdoba, Cámara de Comercio de Córdoba, Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, Federación Comercial de Córdoba, Unión Industrial de Córdoba y la Bolsa de Cereales de Córdoba. Allí pidieron que la Corte Suprema revoque la cautelar de la sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y la deje sin efecto.
“Las cargas, costos e ineficiencias de las normas laborales modificadas o derogadas han provocado una merma sustancial en las contrataciones de nuevos empleados y dando lugar a barreras infranqueables para el desarrollo de las PyMEs argentinas y la generación de nuevos puestos de trabajo. En Argentina “el empleo formal en el sector privado se mantiene estancado en 6 millones de puestos de trabajo desde [el año 2011], lo que ha provocado la anómala e inaceptable situación de que el empleo informal supere al formal en un 33 por ciento”, sostuvieron las entidades.
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