El sector de la construcción advirtió por la paralización de la obra pública y el impacto del ajuste sobre su actividad

En medio de la profundización del ajuste que prometió el Gobierno tras quitar el capítulo fiscal de la ley ómnibus, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) convocó a su Consejo Federal para el próximo jueves ante lo que consideraron es una “parálisis de la obra pública”. En ese sentido, desde el sector advirtieron que se ponen en riesgo 500.000 puestos de trabajo.

“Ante la delicada situación que atraviesa el sector de la construcción en el país, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) convocó a su Consejo Federal para el próximo jueves 1 de febrero con el objetivo de definir líneas de acción”, expresó la entidad a través de un comunicado publicado este lunes.

La entidad expresó que el encuentro tendrá lugar en medio de una “parálisis generalizada” de la obra pública, con cerca de 3.500 proyectos en ejecución, que ponen en riesgo la actividad de 1.400 empresas asociadas y que dan empleo a más de 500.000 trabajadores.

“El sector tiene además un efecto multiplicador sobre el empleo y la actividad económica general de más de 140 sectores productivos, de gran relevancia en todo el territorio nacional”, explicaron.

El Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción es el órgano superior de la institución, donde están representadas más de 1.400 empresas socias, de toda envergadura. Está integrado además por las Delegaciones con sede en todo el país.

Durante el encuentro, convocado de manera extraordinaria por la gravedad de la situación según indicaron, los Consejeros expondrán los problemas que afectan al sector, como la parálisis de la obra pública, el retraso de los pagos, el impacto de la elevada inflación y las altas tasas de interés.

“Se trata de una ecuación que pone en riesgo la continuidad de muchas empresas, con la pérdida no sólo de capital sino también de los conocimientos productivos que ello implica, y el consecuente impacto sobre el empleo”, alertó CAMARCO.

“Un sinnúmero de empresas asociadas se encuentran en una situación límite que requiere definiciones de manera urgente, ya que el quiebre de la cadena de pagos pone a las compañías al borde de la desaparición en cuestión de semanas”, añadieron.

La convocatoria tiene como objetivo abrir un espacio de diálogo y acción conjunta entre los actores del sector, “en busca de estrategias que permitan superar esta drástica situación y reactivar la obra pública en Argentina”.

Las obras que tiene en la mira el Gobierno

Tras la caída del capítulo fiscal, el Gobierno adelantó que el ajuste pasará por otras partidas de la Administración Nacional. La obra pública también sufrir el ajuste acelerado. Eso sucede porque en el “Plan A” oficial los fondos no iban a ser cortados a cero de un año a otro sino que pasarían de 1,7% del PBI a 0,7 por ciento. Ya con esa poda dejarían de realizarse cantidad de obras que estaban licitadas pero no iniciadas y solo algunas de las que estaban en ejecución. Trascendió, aún más, que tampoco se completarían las obras que tengan financiamiento externo. La salida de Guillermo Ferraro, el ahora exministro de Infraestructura y el hecho de que toda la estructura del viejo Ministerio de Infraestructura quede subsumida en Economía podría dar una señal en ese sentido.

Según un análisis realizado por Infobae del Mapa de Inversiones on line implementado por el ex Ministerio de Obras Públicas, el total de obras públicas durante la anterior gestión asciende a 7.276 en todo el país financiadas por el Gobierno nacional. El número incluye a las de AySA, Vialidad Nacional, Corredores Viales SA, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y la Dirección Nacional de Infraestructuras del Transporte, entre otros organismos. De esa cifra, 4.494 ya estaban finalizadas al terminar la gestión anterior, según informaron desde esa cartera a cargo de Gabriel Katopodis hasta el 10 de diciembre de 2023.

Otras 2.185 obras estaban en ejecución, con una inversión prevista de $309.899 millones. Sin embargo, 435 no tenían avance físico, o sea no habían comenzado las obras al 6 de diciembre último, según los datos publicados en ese sitio web oficial. Son las que, desde La Libertad Avanza, habían adelantado que el Estado no llevaría adelante por falta de recursos, pese a haber sido licitadas. Quedan exceptuadas las 10 en ejecución que contaban con financiamiento de organismos internacionales, en muchos casos ya iniciadas.

De esa cifra, 132 están ubicadas en la Provincia de Buenos Aires; 36 en Córdoba; 26 en Santa Fe; 25 en Entre Ríos; 24 en Chaco; 23 en Santa Cruz; 22 en Misiones; 21 en Santiago del Estero; 17 en Tucumán; 15 en Salta; 13 en Chubut, 11 en Catamarca. Excepto Córdoba, el resto tenían mandatarios peronistas o aliados hasta el 10 de diciembre.

Otras 11 están localizadas en Corrientes; 10 en Mendoza; 8 en La Rioja; 6 en Jujuy, en Neuquén, en Río Negro y en San Juan; 5 en CABA; 4 en San Luis; 3 en Formosa y en La Pampa; y 2 en Tierra del Fuego.