La frase del presidente Javier Milei, “no hay plata”, es la premisa con la que se mueve el nuevo Gobierno en medio del fuerte ajuste fiscal que quieren llevar adelante este año. Es por eso que aumentaron las facultades de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía para el control y la aprobación de gastos en el Estado. La dependencia recibirá informes trimestrales para el seguimiento de las partidas.
La Decisión Administrativa 5/2024 publicada este viernes en el Boletín Oficial lleva la firma del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y del ministro de Economía, Luis Caputo. Allí se destaca el papel que tendrá la Secretaría a cargo de Carlos Guberaman en el análisis, por caso, de las contrataciones en la Administración Pública y otras jurisdicciones de manera trimestral.
“Deberán remitir trimestralmente a la Secretaría de Hacienda, con el alcance y modalidad que oportunamente esta establezca, la información correspondiente a la evolución de sus plantas y contrataciones de personal de cualquier naturaleza, modalidad de implementación y cualquiera sea su fuente de financiamiento”, consignó la norma. También prevé la certificación de la vacancia del cargo que se propicia cubrir y su correspondiente método de financiación.
En la clasificación presupuestaria que contempla la norma se reconocen como jurisdicciones a los poderes Legislativo y Judicial, la Presidencia de la Nación, la Jefatura de Gabinete, Obligaciones a Cargo del Tesoro y cada uno de los ministerios. Asimismo, en el artículo 2 de la decisión administrativa se establece que las asignaciones para financiar gastos de capital y adelantos a proveedores y contratistas que operan bajo la órbita del Ministerio de Defensa, integran el Fondef (Fondo Nacional de la Defensa).
Además, la Secretaría de Hacienda podrá introducir cambios en las normas para las modificaciones presupuestarias que realicen los entes estatales en sus partidas durante 2024, en línea con la . Entre esas atribuciones estará aprobar compensaciones entre partidas y reasignaciones de montos.
“Las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional deberán presentar en forma obligatoria a la citada Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) la programación anual y trimestral de las mediciones físicas y producción bruta terminal de cada uno de los programas y del avance físico de las obras de los proyectos, dentro de los QUINCE (15) días corridos posteriores a la aprobación de esta medida”. La ONP, que está bajo la órbita de Hacienda, podrá autorizar de forma directa modificaciones de hasta $10 millones.
La dependencia de Carlos Guberman tendrá la facultad, ante casos reiterados e injustificados, a no dar curso a las órdenes de pago de las jurisdicciones y/o entidades que incumplan lo dispuesto en este artículo sobre la remisión de la información física a la ONP. “Las Jurisdicciones y Entidades, de forma adicional y sin perjuicio de lo mencionado en el artículo precedente, informarán la ejecución mensual de las mediciones físicas que, por su relevancia, representatividad, relación con el gasto y/o valor informativo ameriten una mayor periodicidad en su presentación”, aclara el texto.
Por otro lado, la Decisión Administrativa menciona que las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional “no podrán contratar obras u ordenar compras de bienes de uso sin la previa intervención de la Secretaría Ejecutiva de Gobierno de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 8º y 11 de la Ley Nº 24.354 y considerando el monto máximo vigente establecido en la Disposición N° 3 del 28 de diciembre de 2023 de la Dirección Nacional de Inversión Pública dependiente de la Subsecretaría de Evaluación Presupuestaria”.
La prórroga del Presupuesto 2023 comenzó a regir el 1 de enero, con el agregado de una serie de modificaciones dispuestas por el Poder Ejecutivo que ampliaron los créditos originales de la Ley 27.701 en un 39,6%. De acuerdo con el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la norma estableció un crédito presupuestario inicial de 28 billones 954.031 millones de pesos y el vigente al 28 de diciembre, luego de la última modificación presupuestaria, ascendió a 40 billones 411.433 millones, con un incremento de casi 40% respecto de la autorización inicial.
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