La Argentina presentó la apelación a la sentencia dictada por la jueza estadounidense Loretta Preska, del distrito sur de Manhattan, que la obliga a pagar USD 16.000 millones al fondo de inversión Burford Capital por una causa originada en la expropiación de YPF llevada a cabo en 2012 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La información fue proporcionada por el abogado Sebastián Maril, CEO de Latin Advisor y seguramente el mayor especialista en este extenso juicio en el que la sentencia adversa a la Argentina, plasmado en un escrito de 25 páginas de la jueza Preska, se conoció el pasado 15 de septiembre.
Se trata de un proceso judicial que lleva más de ocho años y tuvo varios reveses para el país, incluidos fallos en contra en cámaras de apelaciones y la rotunda negativa de la Corte Suprema de EEUU a analizar el caso. A fines de marzo de este año, Preska había dicho que el Estado argentino expropió mal la petrolera –empresa a la que exculpó de todo cargo– y lo condenó a resarcir a los demandantes.
Seis meses más tarde, a inicios de septiembre de este año, la jueza volvió a fallar en contra de la Argentina. En ese momento, Burford, un fondo que cotiza en la bolsa de Londres y se especializa en comprar juicios, negociar con ellos y litigar durante años por los beneficios económicos, dijo que el resarcimiento debía rondar los USD 16.000 millones; el Estado argentino, en tanto, indicó que esa cifra era de USD 5.000 millones. Hoy la empresa tiene un valor de mercado de USD 11.800 millones.
Apenas una semana después, Preska dejó firme la sentencia, condenando al Gobierno argentino a pagarle a Burford Capital los USD 16.000 millones por haber realizado mal la expropiación de YPF en 2012. Al Estado aún le quedan instancias de apelación, pero desde entonces comenzaron a correr interés de entre 5 y 6 por ciento (varían semanalmente y seguirá así hasta que la causa defina su rumbo).
Qué decía el acuerdo original
En 2012, la República Argentina acordó pagar a la empresa Repsol un total de USD 5.000 millones por la expropiación del 51% de la empresa.
La expropiación de YPF por parte del gobierno argentino en 2012 fue un proceso complejo que implicó varios factores financieros. Para llegar a la cifra se tomaron una serie de parámetros. Por un lado, se tomó en consideración el valor de la empresa en mayo de 2012.
En concreto, el gobierno argentino expropió el 51% de las acciones de YPF que pertenecían a la empresa española Repsol y el valor de estas acciones se determinó en base al valor de mercado de YPF en ese momento.
Así, las negociaciones entre el gobierno argentino y Repsol concluyeron en un acuerdo final en el que el gobierno argentino acordó pagar USD 5.000 millones en bonos del gobierno como compensación por la expropiación.
La capitalización bursátil de la petrolera sufrió muchos vaivenes desde el pago a Repsol, la mayor parte de ello de tipo bajista. En 2020, pleno coronacrash, el desplome bursatil provocado por la pandemia de coronavirus, llegó a caer cerca de los USD 2.000 millones, mucho menos de lo que se pagó por la mitad de la firma.
Además de los valores monetarios, la Argentina pagó otros costos por la operación. El país tuvo que enfrentar varios litigios internacionales por la expropiación. Estos litigios generaron costos legales significativos. A eso se sumaron costos de financiamiento, ya que la expropiación llevó a una disminución de la confianza de los inversores internacionales en Argentina.
Tras la expropiación, YPF tuvo dificultades para mantener sus niveles de producción, debido a la falta de inversión en tecnología y mantenimiento de las instalaciones de producción. Como resultado de la disminución de la producción de YPF, Argentina tuvo que aumentar sus importaciones de energía, lo que generó erogaciones adicionales, especialmente en 2022.
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