Mientras el Gobierno analiza cómo seguirán las tarifas luego de la devaluación, cayó 17% el gasto en subsidios

El impacto de la devaluación en las cuentas públicas tiene un capítulo particular para los subsidios a los servicios públicos, cuya ecuación de costos cambió tras el salto del tipo de cambio oficial tras las PASO. El Gobierno analiza qué camino tomará en el sendero tarifario, con chances claras de que la próxima actualización de precios de servicios públicos tenga lugar luego de las elecciones.

En ese contexto, con datos hasta fines de agosto, el recorte de la cuenta de subvenciones a las tarifas continuaba con un ritmo superior al 15% interanual. De acuerdo a datos del Observatorio de tarifas y subsidios IIEP, “los principales subsidios económicos a los sectores Agua, Energía y Transporte tuvieron en septiembre un crecimiento acumulado anual del 74,2% anual respecto de igual periodo del año anterior y por lo tanto su variación real muestra una reducción del 17,7% anual en el período. Hasta septiembre se acumula una ejecución del 69% respecto del crédito vigente para los rubros seleccionados”, mencionó un informe reciente.

“El crecimiento nominal de los principales rubros es liderado por Energía que representa el 80% de los subsidios y crece 73,2% anual mientras se reduce 18,7% anual real. A su vez, en términos absolutos, es el rubro con mayor incremento nominal ($892.284 millones) lo cual explica el 78% del aumento en las transferencias”, abundó el reporte.

Otra forma de medir ese recorte en subsidios es compararlo con el total de los gastos. “En los primeros ocho meses de 2023 (últimos datos comparable disponibles) los subsidios representan el 14% de los gastos primarios. Esto es 1 punto porcentual menos que en igual periodo de 2022 mientras que se encuentra 4 puntos por encima del peso promedio anual observado entre los años 2017 a 2022″, registró ese observatorio.

En ese contexto, el Gobierno midió desde que aplicó la devaluación del dólar oficial administrado por el Banco Central, el día después de las elecciones primarias, el aumento en el costo de la energía que tuvo lugar por ese movimiento cambiario. Estimaciones del mismo centro de estudios mencionaban una necesidad adicional de subsidios por $70.000 millones por ese motivo.

El viceministro de Economía Gabriel Rubinstein mencionó recientemente, en una entrevista televisiva, que el sendero de aumentos de tarifas se retomaría en noviembre, es decir, bajo la hoja de ruta prevista inicialmente. El Fondo Monetario Internacional, en su último informe de staff, aseguró que esperaba un nuevo incremento en el valor de los servicios para este mes, algo que no se concretó.

Flavia Royón, la secretaría de Energía, afirmó que el equipo de funcionarios del área mediría, días después de la devaluación, el impacto en el esquema de tarifas. “El impacto de la devaluación en el costo de generación energética es aproximadamente el 10%; vamos a hablar con el ministro (de Economía) Sergio Massa para ver si esto se traslada a factura solamente para el segmento de altos ingresos o hay algún tipo de actualización, eso está en estudio”, había mencionado, a fines de agosto en declaraciones radiales. La cuestión de los subsidios apareció con insistencia entre los planteos del FMI al equipo económico, durante la discusión antes de la aprobación del desembolso y que quedó cristalizado en el informe del staff técnico.

“Se requieren mayores esfuerzos para alinear las tarifas con los mayores costos de producción (tras la devaluación del tipo de cambio) (...). Las autoridades anunciarán su decisión de ajustar los precios de la electricidad mediante la emisión de una resolución a partir del 1° de septiembre, para usuarios residenciales de ingresos bajos y otros de ingresos medios, así como para usuarios residenciales más pequeños. Mientras tanto, los precios de la electricidad para los usuarios residenciales de altos ingresos seguirán evolucionando con los costos de producción”, anticipó el Fondo. También aseguró que debería haber una revisión adicional antes de fin de año. Solo quedaría firme la intención de actualizarlas después de las elecciones de octubre.

Un congelamiento que sí fue anunciado es el del precio del transporte público. El Ministerio de Transporte, a través de la resolución 501/2023, estableció que la Secretaria de Gestión del Transporte, a cargo de Jimena López, realizará “una revisión de la normativa relacionada con la redeterminación de los costos y las tarifas de los servicios públicos de transporte automotor y ferroviario de pasajeros de jurisdicción nacional”.

De acuerdo al observatorio citado, los subsidios al transporte automotor tienen, de hecho, un crecimiento en el último año: avanzaron hasta agosto, un 3,6% en términos reales, por encima de la inflación. Al agregar en la cuenta las subvenciones al transporte ferrocarril, la caída interanual es de 3 por ciento.