Entre la incertidumbre y el malestar, los empresarios analizaron el impacto de las medidas mientras esperan la letra chica

La decisión oficial de obligar al sector privado a pagar un bono de $60.000 para todos los trabajadores con sueldos netos de hasta $400.000 entre septiembre y octubre ($30.000 por mes) –como mecanismo de compensación por los efectos de la devaluación sobre los salarios– sigue generando controversia entre los empresarios, especialmente entre los más chicos, que advierten serias dificultades para poder pagarlo.

Aunque para muchas empresas, medianas y grandes, otorgar ese bono a cuenta de futuras paritarias no les implicaría un gran costo debido a que están en permanente discusión con los gremios por la inflación y, según afirman algunas, tal vez podrían absorberlo rápidamente, no es la realidad de la mayoría de las pequeñas compañías, muchas de las cuales sufren caída en las ventas y baja rentabilidad. De todos modos, y salvando las diferencias, el sector empresario se manifestó de forma unánime en contra de la medida y reclamó el respeto de las negociaciones paritarias como marco de discusión cualquier incremento salarial.

Tras los comunicados que el lunes mismo, al día siguiente de los anuncios del ministro de Economía, Sergio Massa, emitieron la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), ayer se sumó la UIA, al remarcar que el camino para las discusiones salariales para el sector industrial son los acuerdos paritarios.

“La UIA considera que las medidas para reducir los impactos de la devaluación deben ser el ordenamiento de la macroeconomía y la lucha contra la inflación y no la alteración de las discusiones salariales a través de medidas unilaterales. Los aumentos por decreto colisionan con los consensos salariales ya firmados, a los cuales siempre se ha respondido como dan cuenta los propios registros de la cartera laboral”, enfatizó la central fabril mediante un comunicado. De todos modos, aclaró, las cámaras e industrias asociadas darán cumplimiento a la normativa vigente.

La institución que preside Daniel Funes de Rioja dio a conocer el comunicado luego de un encuentro del comité ejecutivo, en el que varios de sus dirigentes analizaron la coyuntura y las medidas anunciadas por Massa. Aunque sin todavía conocer precisiones, la UIA dijo además que “la decisión unilateral y transversal de establecer aumentos por decreto genera superposición de porcentajes o sumas que entrarán en contradicción o solapamiento con las escalas establecidas por las partes libremente en el marco de los procesos de negociación”. Este escenario, indicó la entidad, generará distorsiones en los acuerdos alcanzados, ya que las escalas responden a realidades técnicas y económicas diversas de acuerdo a cada actividad y/o rama”.

En conversaciones en off the record con algunos industriales, sin embargo, surgen distintos escenarios. Un importante dirigente de la entidad dueño de una empresa mediana analizó, sin tanto pesimismo: “A nosotros tanto no nos afecta el bono porque el sindicato ya me llamó para reabrir la paritaria. Me están pidiendo un 20% adicional al 130% ya acordado. En dos meses absorbo el bono”. De todos modos, no está claro cómo podrá absorberse y si quedará a criterio de la negociación paritaria con el gremio.

A su vez, un miembro de IDEA, empresario del sector de servicios, coincidió en que es una cuenta matemática que todas las empresas deberán hacer y que definirá cuánto menos de aumento dar a futuro por la absorción de ese bono. “El bono lo pago y si en octubre iba a dar 27% de aumento, daré menos. Voy a hacer el cálculo para que me absorba los dos pagos anticipados. Finalmente, es un tema financiero”, enfatizó la fuente.

“Estamos esperando la letra chica, pero seguimos insistiendo en que las negociaciones de aumentos salariales tienen que ser a través de las convenciones colectivas, no por la intervención directa del Estado. Terminamos de negociar una paritaria donde reconstruimos lo que quedaba del año hasta julio y pactamos aumentos por inflación hasta octubre. No tenemos claro si el bono podrá absorberse con lo ya pactado o será sólo a cuenta de futuros acuerdos. Tampoco está claro cómo será la compensación de las cargas patronales para las pymes y micropymes”, manifestó a Infobae el secretario general de CAME, Ricardo Diab.

El dirigente recalcó que el planteo no es que no se pague el bono, sino que la situación de muchos asociados de la entidad es “muy difícil” y que “después de ocho meses consecutivos de caída en las ventas y baja rentabilidad, va a ser muy difícil afrontarlo. Pero quien lo pueda hacer, bienvenido sea”.

En el caso del sector de la construcción, la paritaria vence el 30 de septiembre. Y la duda es si ese bono se absorberá rápidamente o el gremio pujará para que se vaya haciendo a lo largo de varios meses. “Entiendo el problema de que los sueldos son bajos y que con esta inflación no alcanzan, pero por otro lado, está el problema de las empresas que no están en condiciones de pagarlos. En la obra pública tenemos graves problemas con los contratos y los pagos”, se sinceró Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).

También la CAC había expresado que si bien es plenamente consciente del deterioro que el poder adquisitivo de los salarios experimenta mes a mes, de la mano de la persistente y elevada inflación, a la vez “debe advertir que buena parte de las empresas del país se encuentra en una delicada situación, debido justamente a una macroeconomía desordenada y con un estancamiento que ya acumula una década, lo que hace inviable que puedan afrontar la suma fija”.

En diálogo con este medio, el presidente de la entidad, Mario Grinman, coincidió con sus pares en que la idea no es plantear que no se pague, pero sí que “no es la herramienta adecuada para mejorarle los ingresos a los trabajadores”. “Nunca el Estado tiene que meterse en este tipo de relaciones. Cada comercio sabrá si está en condiciones de pagar o no; tal vez llegan a algún arreglo con los trabajadores”, dijo el dirigente, al tiempo que consideró que este tipo de medidas, junto con el resto del paquete anunciado, “no soluciona nada porque toda la emisión monetaria que tienen que hacer va a ir a precios. Es una aspirina para alguien que tiene una enfermedad terminal”.

Tras el anuncio de Massa de que los gobiernos provinciales también tenían que cumplir con el pago del bono de $60.000, fueron varios los que ya advirtieron que no lo harán. Se trata de las provincias de Misiones, Santa Fe, Jujuy, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Neuquén, Catamarca, Tucumán, Santa Cruz, Salta y la ciudad de Buenos Aires. Desde los distintos distritos aclararon que decidieron mantener acuerdos salariales establecidos en sus respectivas paritarias, y que eran previos al anuncio del Gobierno Nacional.

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