Representantes de las principales entidades del sector inmobiliario argentino asistieron esta tarde al Senado nacional en donde se reunieron con representantes de Juntos por el Cambio para hablar de la Ley de Alquileres, luego de la media sanción en Diputados, la semana pasada.
Asistieron representantes de la Cámara Empresaria Desarrolladores Urbanos (CEDU), la Asociación Empresarios de la Vivienda (AEV), la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), la Fundación de Estudios para el Desarrollo Inmobiliario (FEDI) y la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA).
La Ley de Alquileres está en el centro del debate en momentos en donde impera la escasez de viviendas en locación tradicional: sólo en la ciudad de Buenos Aires hay menos de 300 departamentos.
Alejandro Bennazar, presidente de la CIA, dijo a Infobae que “solo pedimos agilidad a los senadores para que sesionen cuanto antes. Si lo aprobado en Diputados se ratifica en el Senado la oferta crecerá rápido y se podría equilibrar el mercado en 6 meses”.
Muchos contratos, incluso prórrogas, se frenaron por las dudas existentes. “Miles de propietarios no saben si renovar el contrato y dejaron stand by la firma de acuerdos que se venían tratando en estos días”, añadió el titular de la CIA.
Los senadores asistieron para la sesión plenaria de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, tal como lo informó Infobae.
El senador Luis Naidenoff dijo que “lo importante es atacar el problema de coyuntura. Tratar de que vuelva a crecer la oferta y que los precios comiencen a andar por un camino de certidumbre. Hemos recibido a las cámaras sectoriales, propietarios e inquilinos, y hubo un buen intercambio, pero la semana que viene habrá nuevas reuniones. Antes de tomar una decisión y ratificar la media sanción que hizo Diputados queremos informarnos bien para adoptar el mejor rumbo posible para reformar una ley que demostró ser pésima”.
Por ahora sigue vigente la forma de hacer contratos bajo la actual ley, con acuerdos a tres años y ajustes interanuales que se aplican por el Índice de Contratos de Locación (ICL).
La media sanción en Diputados modificó que los acuerdos volverían a ser a dos años con ajustes semestrales o cuatrimestrales a través de otros índices como el de los salarios, entre otros, o mantener el ICL. Pero hasta que el Senado no trate esto todo sigue igual.
“La Argentina igual necesita que el nuevo gobierno tome medidas que corrijan los desequilibrios macroeconómicos para solucionar los problemas de fondo. También es clave hacer un programa de vivienda y que vuelva el crédito hipotecario, cómo bajar la presión tributaria a constructores que edifiquen en pozo para que cada vez haya más propietarios”, añadió Naidenoff.
La semana que viene habrá reunión de comisión parlamentaria en donde los senadores volverán a recibir a inmobiliarios, inquilinos y propietarios. Por lo trascendido, recién en 15 días podría haber una sesión que trate la reforma y confirme lo votado en Diputados, pero por ahora nada está confirmado.
Disconformidad
Las agrupaciones de inquilinos no están de acuerdo ni con la media sanción votada en Diputados ni que avance el tema en el Senado.
La Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, presentó una nota a cada los senadores, y en particular a los integrantes de las Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Población y Desarrollo, Presupuesto y Hacienda, Banca de la Mujer, y Asuntos Constitucionales; advirtiendo sobre “la violación de la Constitución” que implicaría el avance de la aprobación definitiva de la reforma.
Mauricio Retamar, de la Asociación Inquilinos Entrerrianos, dijo a Infobae que “muchos inquilinos no van a poder afrontar los alquileres y se van a ver obligados a permanecer en el inmueble una vez vencido los contratos. Las asociaciones les aconsejamos que eso no es una usurpación”.
Agrupaciones de todo el país presentarán un pedido para congelar los precios por 1 año y la prórroga automática de todos los contratos que están por vencer, al menos hasta que haya más certidumbre.
“Creemos que los cambios en la ley sólo van a provocar una crisis social y económica en las familias de inquilinos”, concluyó Retamar.
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