
El Gobierno alista las primeras medidas concretas antes de alcanzar un acuerdo técnico con el Fondo Monetario, con una serie de cambios en el régimen cambiario para importaciones y exportaciones, mientras corre el reloj de los vencimientos con el organismo. En diez días vencerán USD 2.660 millones y, el 1° de agosto, caerán otros USD 830 millones. El Ministerio de Economía necesita contar con desembolsos del FMI para poder afrontar esos pagos o saldar esos montos con sus tenencias de yuanes.
El cara a cara entre los funcionarios del equipo económico y los técnicos del FMI sumará este viernes su cuarto día de continuidad, en un proceso que se desarrolla en varias capas. Además del contacto técnico en Washington, desde Buenos Aires el ministro de Economía Sergio Massa buscó apoyos entre los países miembros del directorio que catalicen un entendimiento con el staff. Y, por otra parte, con la puesta en marcha de algunas medidas que actúen como “base” para la nueva etapa con el Fondo Monetario.
En este último aspecto, desde el Palacio de Hacienda dejaron trascender este jueves que habría hoy viernes por la tarde anuncios sobre el régimen cambiario. Se trata de un elemento que formó parte de la dura discusión con el FMI, que propicia una devaluación para cerrar la brecha y para cortar la sangría de reservas.
Economía, que considera inviable una medida de esa natureleza en un contexto de campaña electoral, buscará llegar a una aproximación parcial: encarecer algunas importaciones de bienes intermedios (que representaron en los primeros seis meses del año casi el 40% de las compras externas totales y que incluye alimentos elaborados para uso industrial y otro tipo de suministros para la producción) y de bienes suntuarios, que representan una porción menor.
Para hacerlas más caras, les aplicará, con un peso variable, un recargo de impuesto PAIS, es decir ese tributo -de 30%- que corre desde hace más de tres años y medio para la compra de dólares o para el consumo de bienes y servicios en moneda extranjera. En este caso, según aseguran en Economía, ninguna importación pagará 30% más al valor del dólar oficial, sino que habrá alícuotas diferenciadas, que todavía no fueron cerradas por formar aprte de la discusión con el FMI.

Por otra parte, el Gobierno anunciará un dólar más alto para el agro como medida de estímulo a las exportaciones y para intentar alimentar con USD 2.000 millones a las alicaídas reservas del Banco Central.
Dos aspectos clave aún no se conocen: por un lado, el precio que tendrá esa divisa diferencial; y por otro, su alcance final. Por lo pronto, aseguraron que incluirá una mejora para la cotización diferencial para algunas economías regionales que ya está vigente -hoy es de $300 y se mantiene hasta fines de agosto- e incluirá también al maíz.
Para este cultivo en particular hacen en Hacienda una diferenciación: buscarán que una parte quede destinada específicamente al mercado local y que no pueda venderse al exterior con ese dólar más alto. El riesgo sería que, de lo contrario, habría un incentivo claro para remarcar precios de alimentos en el mercado doméstico.
En ese marco, las negociaciones siguen, contrarreloj. El 31 de julio es una fecha clave en el calendario. Para esa día el Ministerio de Economía decidió postergar los tres pagos de deuda al organismo que estaban distribuidos a lo largo de julio. Son poco más de USD 2.660 millones. Ese día, también, comienza el receso de verano norteamericano que clausura durante algunos días la actividad del FMI.
No habrá, entonces, sesiones del directorio -el que tiene que dar la aprobación final del acuerdo técnico al que se arribe con el staff- hasta el 11 de agosto. Antes, el 1° de agosto, operará otro vencimiento con el Fondo Monetario, en este caso de intereses, por unos USD 830 millones.

En el mercado descartan, por el momento, una situación disruptiva entre el Gobierno y el Fondo Monetario, pero la escasez cada vez más marcada de dólares en el Banco Central reduce al mínimo los tiempos de maniobra. Un informe de Fundación Mediterránea aseguró que “hasta ahora, escenarios extremos como el del corte de negociaciones e interrupción de pagos por parte de la Argentina se han venido descartando, por el hecho que impactaría negativamente en las variables financieras de corto plazo (brecha cambiaria, tasa de interés, evolución de los depósitos bancarios, entre otras)”.
Hay algunos escenarios “intermedios”, según ese centro de estudios, entre ellos, uno en el que el Gobierno paga con yuanes para evitar entrar en atrasos. “El Gobierno podría hacer frente a los vencimientos más inmediatos con el FMI apelando a divisas derivadas del swap, pero en realidad necesitaría ampliar esa línea de crédito para evitar incumplimientos antes del 10 de diciembre”, mencionó Ieral.
Y, por eso, agregó, “se baraja la posibilidad de un arreglo light, por el cual se destraban los desembolsos de junio desde Washington (por unos 4.000 millones de dólares) para cumplir con compromisos inmediatos por 3,4 mil millones que caen a fin de este mes y el primer día de agosto. Si el giro de divisas de parte del FMI se demora unas semanas, por cuestiones operativas, pero el acuerdo ya está cerrado, esa ventana de tiempo podría ser cubierta apelando al saldo disponible del swap y otras fuentes de caja del BCRA”, concluyeron.
Por su parte, Portfolio Personal Inversiones (PPI) estimó que “el Banco Central desacumuló USD 1.136 millones en lo que va de julio, hundiendo el stock de reservas netas a un mínimo de -USD 7.675 millones estimado. Sin importar a qué tipo de acuerdo se llegue con el Fondo, los desembolsos sólo servirán para maquillar transitoriamente las reservas, ya que el flujo neto con el organismo es de -USD 370 millones hasta fin de mandato”, calcularon.
“Asimismo, se agrega la presión dolarizadora en la previa electoral. La intervención del BCRA en los dólares financieros podría incrementarse aún más a medida que nos acerquemos al ‘día D’ (pasó a una media diaria de USD 17 millones desde USD 4 millones en las semanas previas)”, consideró PPI.
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