
El Gobierno espera tener dentro de dos semanas el acuerdo técnico cerrado con el Fondo Monetario Internacional, más allá de que todavía persisten dudas sobre qué alcance tendrá la renegociación que encaró desde hace un mes y medio el Ministerio de Economía con el organismo, por ahora solo con reuniones virtuales. Las conversaciones continuaron a lo largo de la semana con los funcionarios que Sergio Massa dejó en Buenos Aires mientras encabeza un viaje oficial en China.
“Entrás a las 9 de la mañana y te vas casi de noche”, resumió un funcionario que participa habitualmente de las reuniones extensas con el staff técnico de Washington. Las largas ruedas de negociación son encabezadas por el jefe de asesores del Ministerio de Economía Leonardo Madcur y el viceministro de Economía Gabriel Rubinstein. Otros funcionarios de otras áreas, incluso algunos del Banco Central, también se acercan al despacho del quinto piso, pegado al del ministro de Economía, que actúa como sede de las reuniones por Zoom.
El toma y daca técnico forma parte apenas de unas de las patas sobre las que se apoya la negociación, que es la del capítulo técnico. “Nosotros pasamos en limpio los números, contamos qué es lo que queremos hacer y con qué medidas y hasta ahí se termina nuestro aporte, después todo se termina de definir con la negociación política”, explicó un técnico del Gobierno que siguió de cerca el intercambio de números con la contraparte del Fondo Monetario.
Esa, precisamente, es la parte que en el Gobierno consideran como la más importante a fin de cuentas: que el resultado de las negociaciones técnicas tengan luego el respaldo político de los miembros del directorio. “Aunque tengas una revisión aprobada, tenés que tener una revisión aprobada con todos, todo un circuito de reuniones hasta que llegue la aprobación política. Es una instancia que hay que transcurrir”, mencionaron.
Según pudo saber Infobae, el Fondo Monetario consultó a los funcionarios argentinos, en el escenario actual, cuál es la factibilidad del financiamiento del déficit fiscal -hay estimaciones privadas que creen que este año habrá un rojo de las cuentas públicas más alto que el del año pasado-, uno de los elementos que más preocupan en términos generales al organismo y que está enmarcado en el sistema de metas trimestrales y anuales.

La cuestión de la intervención del Gobierno en el mercado cambiario también se lleva parte relevante de la atención. Algunas estimaciones privadas hablan de que desde fines de abril, cuando Massa anunció en público que reabriría la puerta a que el equipo económico pueda actuar con reservas y bonos para influir en el precio de los dólares financieros, el BCRA utilizó unos USD 900 millones de sus reservas para mantener a raya esas cotizaciones.
La suma no es menor y forma parte del forcejeo con el Fondo. Resulta que el ida y vuelta con el FMI sigue trabado en un elemento central: cuál será el monto final de anticipo de fondos que adelantaría el Fondo y qué porción de esos dólares podrían ser utilizados para intervenir en el mercado cambiario.
La negociación presente tiene sus particularidades por el hecho de que es mucho más amplia que otras revisiones. Es decir, no solo está en revisión el conjunto de metas del primer trimestre (que en reservas y déficit fueron incumplidas), sino que la conversión incluye una recalibración de los objetivos centrales del acuerdo y, otro agravante, el propio calendario de desembolsos y hoja de ruta de pagos al FMI.
En ese sentido, un objetivo de máxima planteado en Economía es el giro anticipado de todos los desembolsos pendientes en lo que resta del año. Esos más de USD 10.600 millones no implicarían a priori un financiamiento “neto” adicional, y de hecho tampoco llegan a cubrir el total de vencimientos que restan en lo que queda de 2023 (restan pagar 8.450 millones de DEG y los desembolsos pendientes suman 8.000 millones). Solo una modificación en la hoja de ruta de pagos podría cambiar esa ecuación.
En el Ministerio de Economía insisten en que la línea de llegada está a mediados del mes. La fecha tiene una explicación: el 21 y 22 de ese mes operan los próximos vencimientos grandes con el organismo, por unos USD 2.700 millones. Hoy el Banco Central no tendría fondos para afrontar ese pago, por lo que se apoya en conseguir un nuevo desembolso.
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