
El 39,2% de la población argentina (casi 18,6 millones de personas) que a fines de 2022 vivía en la pobreza, incluyendo al 8,1% (3,9 millones) que lo hacía en condiciones de indigencia, según el más reciente informe del Indec, es una lápida sobre las políticas económicas y sociales aplicadas desde hace largo tiempo en la Argentina, más teniendo en cuenta que probablemente la situación sea ya bastante peor; Martín Rozada, investigador de la Universidad di Tella, un estudioso del tema, estimó que el piso para 2023 será de al menos 42 por ciento.
¿Cuáles son los factores que impulsan y formatean la pobreza argentina? Un trabajo de Laura Caullo y Azul Chincarini, investigadoras del Ieral de la Fundación Mediterránea, reafirma lo obvio al señalar la pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación, pero además muestra el nivel y estructura de ocupación e ingresos por distrito para llegar a una suerte de fórmula de la pobreza. Su magnitud, resumen con delicadeza las autoras, “es explicada fundamentalmente por dos razones: ingresos erosionados por crecientes niveles inflacionarios y un mercado laboral poco saludable, compuesto por empleos informales o independientes con menor capacidad de proteger sus salarios a través de convenios colectivos”.

El estudio describe un mercado de trabajo cada vez más informal, con creciente incidencia de fuentes como el “monotributo social” y, entre los asalariados formales, del Estado, al punto de que el empleo privado formal, que en 2012 explicaba el 55% del empleo registrado total , ya es menos de la mitad, habiendo caído del 50% en 2019 al 48% a fines del año pasado.
Cabe recordar que para el segundo semestre de 2022 (último para el que hay información oficial), además de los datos agregados de pobreza e indigencia, el Indec informó que la pobreza fue de 54% entre los niños y de 14,2% entre los adultos mayores y que Concordia (Entre Ríos, con 55,2%) y el Gran Resistencia (Chaco, con 54%), son los “aglomerados urbanos” más pobres, proporción que en los partidos del Gran Buenos Aires, la mayor concentración humana del país, promedió 45 por ciento.
Se cumplieron así “por lo menos 8 semestres seguidos en que la tasa de pobreza se ubica por encima del 35%, nuevo piso que consolida el hecho de que 4 de cada 10 argentinos son pobres”, dice un pasaje del trabajo. En el caso de los niños menores a 14 años, agrega, “se cumplen 8 semestres en donde la pobreza supera el 50%; en el segundo semestre 2022 la pobreza en niños resultó del 54,2%, es decir, un total de 6 millones de menores en esta situación”.
No se salva nadie
Otra constatación es que en 2022 el salario registrado privado (el más protegido contra la inflación) tuvo 7 meses de caída real, mientras el de los trabajadores informales cayó todos los meses, sin pausa. Y las expectativas no son mejores. “Ambos tipos de salarios cayeron de forma interanual en enero y febrero”, dice el trabajo.
Caullo y Chincarini subrayan un “importante avance de la informalidad”, que en el tercer trimestre de 2022 ya rozó el 50% de los ocupados. El empleo laboral registrado privado no creció, pero sí crecieron el empleo público (28%), el monotributo (39%) y el monotributo social (182%), relacionado con planes sociales como Potenciar Trabajo y la Asignación Universal por Hijo (AUH), que ocultan buena parte del desempleo.

“A diciembre 2022 se registraron un total de 2,3 millones de monotributistas en Argentina. Hacia el interior del país, se observa que CABA es la jurisdicción con mayor cantidad de monotributistas cada 100 personas en edad laboral. Entre las provincias con menor cantidad de monotributistas (por personas en edad laboral) se observa una fuerte presencia de las provincias del norte, donde la pobreza incide en mayor medida”, dice otro pasaje.
De los “aglomerados urbanos” del país, el estudio resalta que sólo en Bahía Blanca–General Cerri (28,4%), Comodoro Rivadavia–Rada Tilly (27,2%) y CABA (16,1%), la pobreza es menor al 30% y que la indigencia llega a dos dígitos en la capital chaqueña (14,4%), el aglomerado pampeano Santa Rosa–Toay (13,2%), Formosa (13,3%), y Concordia (11,1%), todos lugares en que entre uno y dos de cada diez pobres son indigentes; sus ingresos no les alcanzan para comer.
En el final de 2022 la tasa de empleo (cuántos trabajan, sobre el total de la población) fue de 44,6%, equivalente a 20,5 millones de personas “ocupadas”. Lo que lleva a las autoras a una triste constatación: “considerando que entre 4 y 5 personas de cada 10 están ocupadas y 4 de cada 10 son pobres, resulta evidente que muchas de las personas que venden sus servicios por una contraprestación no cubren sus necesidades básicas”.

Es que la inflación hace estragos sobre una estructura laboral desquiciada. El empleo registrado creció sólo 16% en los últimos 10 años y casi exclusivamente por el avance del monotributismo (en especial, del “monotributo social) y del trabajo asalariado estatal “que opacan al trabajo asalariado en el sector privado”.
Diez años igual
“Los puestos en relación de dependencia en el sector privado no han crecido en 10 años (se mantienen en 6 millones), mientras que el sector público y el trabajo independiente, de la mano del monotributo y el monotributo social se expanden”, dice otro pasaje. El estudio precisa que el empleo público ya equivale al 26% del trabajo formal. En 2022 había 800.000 empleados públicos más que en 2012 (pasaron de de 2,6 a 3,4 millones, un aumento del 28%) y también crecieron fuertemente los “independientes” monotributistas, que pasaron del 12 al 15% del total de ocuaados.
En particular, el número de “monotributistas sociales” casi se triplicó: de 177.000 en 2012 a 499.000 el año pasado. El monotributo social avala a la mayoría de los titulares de los planes sociales mediante un régimen tributario complementario de los planes Potenciar Trabajo y AUH. Es una categoría creada en 2007 para promover la incorporación a la economía formal de personas vulnerables e históricamente excluidas: computa el período bajo ese régimen como trabajado y permite así acceder a una jubilación mínima sin aportar un número de años suficiente. También da acceso a una obra social subsidiada al 50%. Pero es claro que no ha “incorporado” ni mejorado las perspectivas laborales de los beneficiarios.
Semejante estructura laboral se corresponde con ingresos que corren una carrera perdida contra la inflación. Caullo y Chiancarini exhiben una serie de evolución de los salarios formales e informales de 2017 a 2022 que muestra el pico del promedio de ambos en noviembre 2017 (4,2% por sobre la media del período), un piso en octubre de 2018 (-12,4%) y un desplome desde mediados de 2022. La evolución del “salario” informal es mucho peor: muestra muy pocos buenos momentos (por caso, la salida de la pandemia, durante la cual había colapsado) y y se encontraba en febrero de este año 14,5% por debajo del promedio del período. La aceleración inflacionario que se inició en 2023 corroe incluso esos niveles día a día, aunque la magnitud del deterioro se informe una vez al mes.

De hecho, de los 65 meses de octubre 2017 a febrero 2023 el ingreso informal medio cayó en 54 meses (el 80% de las veces). “El mercado laboral informal e independiente presenta dificultades en la generación de ingresos, inestabilidad en su obtención y escasas herramientas para protegerlos”, dice asépticamente el informe, que precisa que el conjunto de ocupados informales del país está compuesto por un 22% de cuentapropistas no calificados, un 27% de trabajadores en relación de dependencia no registrados y un 0,5% de trabajadores sin remuneración”. Además, aclara, los patrones que no registran sus actividades “no fueron incorporados en este indicador”, por lo cual la informalidad sería aún mayor a lo que sugieren las cifras.
A nivel nacional, el número de monotributistas cada 100 personas en edad laboral promedia 9,9 personas, pero solo cinco distritos tienen un valor superior: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (24,2), Córdoba (12,1), Entre Ríos y Santa (11,8 cada uno) y La Pampa (11). Inmediatamente por debajo de la media nacional se sitúa la provincia de Buenos Aires, con 9 monotributistas cada 100 personas en edad de trabajar. Lo cual muestra mejores recursos y más espíritu emprendedor de los distritos más ricos en relación a los más pobres, pero también deriva de una estructura laboral y de ingresos que, con la inflación, hacen a la fórmula de la pobreza.
Como dicen Caullo y Chincarini en la conclusión de su estudio: “La constante y exponencial erosión de los saldos monetarios por parte de la inflación conduce a la población argentina a aumentar sus niveles de actividad en la búsqueda de generar ingresos. Sin embargo, el mercado laboral limitado por condiciones legales y tributarias, aloja a sus nuevos ingresantes en el desempleo, en trabajos informales o independientes con poca estabilidad. Así, las escasas herramientas de protección frente a la suba generalizada de precios no dan batalla a la pobreza, tal que la misma encuentra un nuevo piso que se sienta en torno al 40 por ciento”.
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