Mientras desde el Gobierno se hizo foco, durante la última negociación con el Fondo Monetario, en la modificación de la meta de acumulación de reservas por el impacto de la sequía, desde el organismo multilateral de crédito el énfasis quedó puesto es sostener el sendero de reducción de déficit fiscal y el control del gasto público. Por eso, el equipo económico no logró que también sea revisada la meta fiscal, cuyo incumplimiento en el primer trimestre del año se da por descontado dado el rojo acumulado en los dos primeros meses del año. El objetivo se mantuvo en 1,9% del PBI para 2023.
Para alcanzarlo, el FMI detalló en el último staff report, el informe de rutina que los técnicos elevan al directorio para su aprobación que fue difundido el lunes, una serie de políticas discutidas con el Gobierno entre las que sobresale el capítulo del gasto social. Con un minucioso nivel de detalle, el Fondo Monetario no sólo objetó la reciente moratoria previsional aprobada en el Congreso, sobre la que advirtió la falta de financiamiento, sino que también puso la lupa sobre los planes sociales, particularmente el que consideró el “programa insignia”, el Potenciar Trabajo.
Tras las negociaciones llevadas adelante durante semanas entre Washington y Buenos Aires, el FMI exige que se profundicen los esfuerzos para “focalizar” adecuadamente los beneficios del programa y evitar la superposición de planes para lo cual, mencionó, se está desarrollando una auditoría que contribuya a limitar el beneficio a aquellos que reciben otro tipo de prestaciones sociales. En ese contexto, destacó la expectativa de que unos 400.000 beneficiarios se incorporen al mercado laboral, lo que también redundaría, eventualmente, en una reducción de las partidas destinadas al plan.
El Potenciar Trabajo es el principal programa de asistencia social que se maneja desde el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Victoria Tolosa Paz, que cuenta con una partida anual prevista en $585.000 millones, lo que equivale a la mitad del presupuesto total que administra la cartera, de unos $1,17 billones. “Deben continuar los esfuerzos para para fortalecer la focalización del programa social de empleo insignia (Potenciar Trabajo). Luego de una auditoría reciente, alrededor de 97.000 solicitantes no elegibles fueron suspendidos del programa, mientras que ahora se espera que otros 400.000 beneficiarios vuelvan a ingresar al mercado laboral y que 500.000 se volverán a inscribir en la escuela”, precisó el Fondo. Y agregó, sin medias tintas, el compromiso oficial de poner un tope al total de ayuda social percibida por un mismo beneficiario en un monto máximo equivalente a un salario mínimo. Es decir, si existiera una superposición de beneficios, a valores de abril, el monto total no debería superar los $80.342 e, idealmente, ubicarse por debajo de esa cifra. Esto, se aclara, como mecanismo de incentivo para ingresar al mundo al trabajo.
“Mientras tanto, luego de una rápida expansión en asistencia social durante la pandemia y los aumentos de precios de los alimentos durante el año pasado, una evaluación integral de programas de apoyo social está identificando el potencial para reducir la superposición de programas, incluso limitando los beneficios de asistencia social totales para aquellos que reciben otras transferencias sociales al nivel o por debajo del salario mínimo, para alentar la entrada al mercado laboral formal”.
Lo curioso de estas definiciones volcadas en el reporte del FMI es que en el mismo documento, los técnicos advierten sobre los riesgos que corre el cumplimiento del programa dado el posible “descontento social”. En ese punto, el organismo es incluso más explícito y remarca sin rodeos que será crucial el apoyo político para llevar adelante la implementación del acuerdo.
“Es posible que se requiera un endurecimiento de la política macroeconómica y modificaciones adicionales a las políticas cambiarias para salvaguardar la estabilidad macroeconómica. El apoyo político a las políticas programáticas sigue siendo crítico en el período por delante”, advirtió el Fondo.
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