El llamado “Grupo de los 6″ (G6) analizó las últimas medidas tomadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y se manifestó sobre la necesidad de no afectar el abastecimiento de bienes y equipamiento importado, a fin de evitar impactos negativos sobre la producción y el empleo.
“Es necesario que el país esté integrado al comercio internacional, como forma de desplegar sus capacidades productivas y de colocación de productos en los mercados internacionales”, declararon en forma conjunta los organismos que conforman el G6.
“En ese sentido las medidas impositivas o de otra índole que dificultan o encarecen el acceso a bienes e insumos necesarios para la producción, deberían ser revisados. Esto incluye la reciente resolución de AFIP que modifica los regímenes de percepción de IIGG e IVA”, señalaron.
Finalmente, el G6, que agrupa a la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA); pidió no seguir aumentando la presión fiscal sobre los sectores formales de la economía.
La medida de la polémica
En los últimos años el Gobierno nacional ha implementado numerosas medidas que han incidido directamente sobre el comercio exterior, sobre todo en los volúmenes de las importaciones. Sin embargo, hay una normativa en particular que despertó las críticas por parte de los empresarios en los últimos días. Se trata de la suspensión de la exención de la percepción del IVA y el Impuesto a las Ganancias para las grandes empresas que ingresan productos desde el exterior.
En concreto, la Resolución General N° 5339/2023 establece que la suspensión del beneficio hasta el 31 de diciembre próximo. Si bien la normativa aclara que no están incluidas en esa decisión las micro, pequeñas y medianas empresas, desde el G6 entienden que el alcance de la normativa será lo suficientemente grande como para incidir directamente en los niveles de producción internos.
El problema, en concreto, es que los importadores afectados por la disposición deberán ingresar un 6% de percepciones de ganancias aún cuando hayan estimado que la declaración jurada que van a presentar por el período fiscal corriente vaya a arrojar saldo a favor.
“En casos donde la importación definitiva de bienes tenga como destino el uso o consumo particular del importador, la percepción será del 11%. En cuanto al IVA, los importadores deberán depositar una percepción del 20% si los productos que importan están gravados al 21% y del 10% si están gravados al 10,5%”, explicó el tributarista y ceo de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez.
A su vez, las percepciones que ingresen hoy no podrán ser computadas hasta el noveno período fiscal posterior a la fecha del despacho de importación. “Esto representa una carga financiera importante para los importadores. “Con una inflación interanual de más del 100%, el crédito por las percepciones ingresadas hoy se deprecia hasta el momento en que se puede computar. Además, si cuando se computan generan un saldo a favor que queda inmovilizado, la depreciación es aún mayor”, explicó el especialista.
Esas posibles dificultades financieras son las que llevan a los empresarios a protestar por la medida y a argumentar que produciría “impactos negativos sobre la producción y el empleo”. Por el otro lado, AFIP argumenta en la resolución que “es aconsejable” suspender el beneficio para los importadores por “razones de administración tributaria”. De acuerdo a cálculos del propio organismo, las percepciones a los importadores permitirían a la AFIP lograr un aumento en la recaudación de casi un billón de pesos.
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