Con el impacto de la sequía en la agenda, el Gobierno viaja a Estados Unidos para cerrar la revisión con el FMI

Esta semana el Ministerio de Economía enviará a su comitiva de funcionarios a Washington para cerrar con el FMI, antes de que termine febrero, la revisión técnica de las metas de fin del 2022, pero con la misión también de darle forma a una discusión más urgente y crítica: el impacto concreto que tendrá la sequía en la economía argentina y su posible efecto en el programa de metas, algo que desde hace meses aparece en el primer lugar de la lista de preocupaciones del organismo.

Tras un primer contacto presencial con segundas líneas de funcionarios del Fondo Monetario a principios de febrero en Buenos Aires con una primera ronda de encuentros en distintos despachos del Palacio de Hacienda y del Banco Central, el equipo económico ahora prepara su propia delegación a la capital norteamericana, que le dará a ese ida y vuelta técnico una forma definitiva, un acuerdo sobre el resultado de la revisión de objetivos trimestrales de diciembre pasado, y el camino allanado para que semanas más tarde llegue un primer desembolso de USD 5.400 millones con el visto bueno del directorio.

El ministro de Economía Sergio Massa instruyó a su viceministro y secretario de Programación Económica Gabriel Rubinstein y el jefe de asesores y uno de los bastoneros en la relación con el Fondo Monetario, Leonardo Madcur, a que viajen este viernes a los Estados Unidos para completar ese paso. El grueso de las reuniones tendrá lugar la semana siguiente y terminará con una declaración del staff del organismo con lineamientos generales.

Como suele suceder cada trimestre, señalarán si se cumplieron o no y en qué medida las metas trimestrales, si hubo alguna necesidad de waiver (dispensa) por algún elemento que escape los manuales del organismo -uno de ellos será el dólar soja, que por tratarse de una práctica de tipo de cambio diferencial, no es aceptado por el estatuto del Fondo- y alguna consideración hacia adelante respecto a cómo sigue la implementación general del programa.

Es en ese punto donde aparece un elemento vertebral de la discusión de los últimos meses con los técnicos del Fondo Monetario: el de poder mensurar de la forma más precisa posible qué consecuencias concretas tendrá en las cuentas públicas -principalmente en la acumulación de reservas en el Banco Central- la severa sequía que afecta la producción agropecuaria en un amplio territorio de todo el país. El Gobierno, por ahora, no arriesga una proyección final sobre cuántas toneladas menos de producción, menos exportaciones, y por ende, menos dólares serán liquidados.

Según pudo saber Infobae, la cuestión de la sequía ya formaba parte de las preocupaciones del staff técnico del FMI desde fines de 2022, cuando se preveía un impacto climático grave. Algo en ese sentido incluso llegó a expresar el equipo del organismo en su último informe aprobado por el directorio. “La intensificación de la sequía en curso podría reducir las exportaciones agrícolas y las entradas de divisas, avivando la inflación y poniendo en peligro los objetivos del programa. Los riesgos de implementación del programa siguen siendo elevados dada la muy compleja situación económica, social y política interna”, mencionó.

La consecuencia central que tendría la sequía sería la de reducir el flujo de ingreso de reservas, lo que dispararía, según la hipótesis del Fondo, distintas consecuencias en la macro. “La planificación de contingencias y el ajuste ágil de políticas, incluido un mayor endurecimiento de las políticas si se materializan los riesgos, serán fundamentales para salvaguardar la estabilidad macroeconómica. Los esfuerzos serán esenciales para mantener un amplio apoyo político para el programa y su estrategia de financiamiento”, apuntó el equipo técnico del Fondo.

También ya había dado señales, el FMI, de que un tercer episodio del dólar soja no era aconsejable. “La dependencia de medidas ad hoc y distorsionadoras, incluidas las restricciones cambiarias y las prácticas de múltiples monedas (entre las que considera al dólar soja), debe evitarse en el futuro, ya que no son una forma adecuada de abordar los desequilibrios macroeconómicos”, advirtió el FMI. El alerta del Fondo es que este tipo de medidas pierden efectividad en la medida en que son reiteradas.

El ministro Massa anticipó en una entrevista este fin de semana que la sequía formará parte de la discusión. “El Fondo plantea que discutamos con honestidad cuál es el impacto de la sequía. Vemos con inteligencia del staff ver cuál es ese impacto”, dijo en declaraciones a CNN en Español y aseguró que el acuerdo con el Fondo Monetario “es cumplible”.

El riesgo es que, con una entrada mucho menor de dólares por exportaciones agrarias, la primera meta trimestral de reservas de este año, de USD 500 millones por sobre el nivel de diciembre pasado, no se cumpla. En lo que va del año el BCRA perdió unos USD 1.100 millones.

Las metas de diciembre de 2022, en ese contexto, es un tema menos espinoso. El equipo económico da por seguro que los tres objetivos centrales, que son la acumulación de reservas, el límite al déficit y a la emisión monetaria, serán dados por aprobados por el staff y el directorio. Como consecuencia, el primer desembolso del año, previsto para mediados o finales de marzo, sería de USD 5.400 millones. Serán utilizados, en su totalidad, para pagar vencimientos al propio Fondo en los próximos meses.

Respecto a este año, el Gobierno deberá recortar el déficit fiscal primario desde 2,4% del PBI con el que habría terminado 2022 hasta 1,9% del PBI, con un techo de emisión monetaria para asistir al Tesoro de 0,6% del PBI. Sobre este último punto, los primeros tres meses del año tendrán como techo para la financiación del déficit unos $139.000 millones, cerca de un sexto del tope nominal de todo el año, que es de $883.000 millones.

De acuerdo a las estimaciones del organismo, las principales herramientas para el cumplimiento del objetivo de 1,9% de déficit serán la reducción del gasto social, que representarían 0,8 puntos porcentuales y una poda adicional a los subsidios energéticos, por un monto que equivalga a otros 0,6 puntos porcentuales.

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